Frente a los reclamos ciudadanos de los escasos aportes del sector minero al país, y luego del fracaso de la iniciativa de royalty que enviara el Gobierno a principios de año, el Ejecutivo ha decidido enviar un segundo proyecto legislativo. Sin embargo, esta vez no se trata de un proyecto de Royalty, sino de un impuesto.
El nuevo proyecto se ha planteado como un impuesto específico del 5% del valor de la utilidad operacional, lo que permite recaudar unos US$120 millones en el periodo de pleno funcionamiento. A nuestro juicio, la iniciativa, enviada con urgencia por el Gobierno al parlamento, es un verdadero desastre y constituye una propuesta inaceptable. Incluso sería preferible mantener la situación actual que aprobar el proyecto enviado por el Ejecutivo.
El problema de la propuesta es que desconoce el royalty como un concepto legítimo, o sea, como un cobro por la utilización de un recurso que pertenece a todos los chilenos. Su uso tiene que ser compensado mediante el pago de un derecho que es recolectado por el Estado como garante de esta «propiedad pública». Por ello la importancia conceptual del cobro. Cambiar el concepto no sólo corrompe la justificación del royalty, sino que, de prosperar la nueva modalidad, se introduce invariabilidad tributaria en el sector, lo cual impediría introducir un royalty posteriormente.
Para empezar, el nuevo tributo viola la Constitución ya que ésta señala la «no discriminación» impositiva para ningún sector. Un impuesto específico sería fácilmente imputable ante el Tribunal Constitucional, mientras que en el caso del cobro de un royalty se hace difícil plantear dicho reparo, ya que la regalía es un precio, no un impuesto.
En segundo lugar, un impuesto viola la invariabilidad tributaria que se establece en el DL600. Por tanto, es factible que las compañías puedan presentar demandas contra el Estado ante organismos internacionales, como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), por incumplimiento de contrato, tal como ya anunció el Consejo Minero.
Por ello, para ahorrarse los problemas por el incumplimiento de contrato, el proyecto busca que las empresas renuncien voluntariamente al DL600, pero a cambio de ello mantendrá una nueva invariabilidad tributaria durante 15 años y, de esta manera, se compromete explícitamente a no aplicar royalties en el futuro.
Por último, como los impuestos no pueden tener un destino específico, lo recaudado no podrá destinarse al desarrollo regional, tema que es factible con la aplicación de un royalty. Este aspecto es fundamental, pues permite que los ciudadanos de las regiones se beneficien de su patrimonio y que el Estado dé su apoyo a la descentralización.
La propuesta gubernamental, de hecho, cede la propiedad de los recursos mineros definitivamente a las empresas transnacionales, pero lo más grave es que cierra la discusión sobre la renta y el uso de los recursos naturales en general, tema que se encuentra al centro de la discusión sobre nuestro modelo de desarrollo. En conclusión, este proyecto es un claro retroceso y bajo cualquier criterio inaceptable, por lo tanto es fundamental que el proyecto sea rechazado sin tapujos por el Parlamento.
Ya vendrán tiempos en los cuales existen condiciones en el Congreso para aprobar un proyecto que reconozca la soberanía nacional sobre nuestros recursos naturales. Hasta entonces, este remedio es peor que la enfermedad.
Rodrigo Pizarro es director ejecutivo de Fundación TERRAM.
