En segundo lugar, porque se investiga un presunto delito de fraude al Fisco, que se habría cometido al final del gobierno del Presidente Ricardo Lagos, para financiar actividades del comando electoral de la entonces Presidenta Electa, Michelle Bachelet. Que, de ser efectivo, podría traer consecuencias imprevistas en la responsabilidad de ambos mandatarios.
Para nadie puede pasar desapercibida la trascendencia institucional y política del hecho. Que incluso involucra un interés de Estado, pues uno de los pagos supuestamente fraudulentos se refiere a una factura que cubriría gastos de la estadía en Chile del ex presidente mexicano Vicente Fox, en enero del año 2006, hecho que ha sido recogido negativamente por la prensa mexicana.
La investigación que motiva el caso se originó en la denuncia hecha en junio de este año por el diputado Nicolás Monckeberg (RN). En ella se daba cuenta de la declaración de la ex contadora de la empresa de eventos «Ser Producciones Creativas», en la que sostenía que esta sociedad, a petición del administrador de la Presidencia, habría emitido dos facturas por un monto total de cincuenta y seis millones y fracción para pagar honorarios a veintidós funcionarios del comando de Bachelet. Para obtener el dinero se habrían simulado trabajos que nunca se hicieron: 17 millones 850 mil pesos por servicio de diseño y producción general de actividades con motivo del traspaso de mando presidencial, y $39.032.000 para el diseño y producción general de la visita del presidente Fox a nuestro país.
Más allá de la ineludible necesidad de investigar los hechos, y de la obligatoriedad de probidad, transparencia y cooperación con la justicia a que están sujetos todos los poderes y entes del Estado, sin distinción alguna, resulta imprescindible actuar con el debido resguardo de la dignidad de las instituciones y sin menoscabar su significado con actuaciones ligeras. Amén de la necesaria y obligatoria protección de posibles secretos de Estado y de información confidencial que maneja –y debe proteger- la Presidencia de la República.
En el presente caso, no parece que la Fiscalía haya actuado con la debida prudencia. En primer lugar porque ha tenido tiempo suficiente para madurar sus acciones, ya que ha estado trabajando en el tema desde hace más de dos meses. Incluso ha sostenido al menos un par de reuniones con el Contralor General de la República para coordinar criterios con las auditorías que estaría realizando sobre el mismo tema la Unidad de Alto Impacto de la Contraloría.
Por lo mismo, no existía ninguna razón para omitir la comunicación previa o rogatoria establecida en la Ley Procesal Penal, tal como invoca la queja del Gobierno al Fiscal Nacional, pues bajo ninguna circunstancia podría pensarse que la diligencia pudiera truncarse, o que faltaría colaboración por parte del Ejecutivo.
Por otra parte, tampoco se trata de fiscales sin mayor experiencia en materia de investigaciones con alto impacto político o mediático. Por el contrario, el fiscal Vinko Fodich ha tenido en sus manos casos de notoriedad como la corrupción en ChileDeportes, el vínculo de la Casa del Espía al crimen de Gerardo Rocha, o la receptación de vehículo y armas de fuego por parte de Augusto Pinochet Hiriart. Más aún, debiera tener un estrecho conocimiento de los impactos de las decisiones jurisdiccionales pues su padre es ministro de la Corte de Apelaciones de Talca.
Lo actuado debe ser analizado de una manera desapasionada y sin prejuicio ideológico. El Estado moderno y sus contenidos jurídicos y políticos, además de normas, también implican contenidos simbólicos y sistemas de representación que deben ser considerados con prudencia por todos los poderes. Y de manera más especial aún cuando se desempeña una función tan delicada como una indagatoria judicial que involucra no solo a personas, sino a instituciones de la República.
