Esta semana los/as parlamentarios/as deben aprobar este proyecto. Esperamos asuman este momento no sólo como una oportunidad para mejorar nuestra democracia, para dotar a la ciudadanía de herramientas en la defensa de sus derechos, sino también para reencantar a la ciudadanía con el quehacer…
Por María Eugenia Díaz*
Hoy se votará en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que crea la Defensoría de las Personas. De ser votado favorablemente, este proyecto de reforma constitucional será un significativo avance en la profundización de nuestra democracia, ya que se trata de una institución pública autónoma que tendrá por objetivo velar y promover los derechos de las personas en su más amplio sentido.
Algunos actores políticos argumentan que Chile tiene suficiente institucionalidad para ello. Sin embargo, cabe preguntarnos, ¿Quién resuelve cuando los derechos de las personas están en tierra de nadie o de muchos? ¿Dónde se acude cuando se han agotado todas las instancias de solución? ¿Quién asume la defensa de los/as ciudadanos/as ante los abusos de las instituciones estatales? En Chile no existe una institución pública autónoma que cumpla con esta tarea.
Es importante aclarar que esta institución no viene a reemplazar a otras ya existentes en materias judiciales o de reclamo, sino más bien tendrá su rol fundamental en la promoción de derechos y atenderá problemas de vulneración de los mismos en el marco de intereses colectivos, con el objeto de incidir en el actuar de las instituciones, cuando se han acabado para las personas todas las instancias posibles de solución.
Datos de Genera (2008) muestran que un 80% de los/as chilenos/as mantiene la percepción de que en nuestro país se respetan poco o nada los derechos y otro tanto siente que en Chile no somos todos iguales ante la ley, mientras que la mitad de las personas encuestadas declara que sus derechos no fueron respetados, al menos una vez, durante el último año en la prestación de algún servicio básico.
Junto con ello, nuestros estudios también reflejan que la ciudadanía ha ido tomando conciencia de la existencia de los derechos y ha aumentado su disposición a reclamarlos. Sin embargo aún no son suficientes los canales para ello y son muchos quienes utilizando la institucionalidad existente se quedan sin una solución efectiva cuando éstos han sido quebrantados por parte de organismos estatales o por entidades que cumplen alguna función de interés público.
Esto se requiere con urgencia. El proyecto, que será votado en los próximos días, es un paso importantísimo, aunque tenemos plena conciencia que luego será necesario recorrer un largo camino legislativo para perfeccionar puntos fundamentales, referidos a sus atribuciones, estructura y funcionamiento. Pero sin duda, se trata de una votación clave que de ser positiva permitirá pasar a una segunda fase, cimentada sobre la certeza de que nuestro país requiere de una figura responsable de la promoción y defensa de los derechos de las personas.
Esta semana los/as parlamentarios/as deben aprobar este proyecto. Esperamos asuman este momento no sólo como una oportunidad para mejorar nuestra democracia, para dotar a la ciudadanía de herramientas en la defensa de sus derechos, sino también para reencantar a la ciudadanía con el quehacer político y los asuntos públicos.
*María Eugenia Díaz es directora ejecutiva, Corporación Genera.
