Chile tiene una deuda para institucionalizar estos mecanismos de una manera eficaz y permanente, de forma que no esté sujeto al arbitrio o a la voluntad política de la autoridad de turno.
Durante el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet se ha implementado un Instructivo Presidencial de Participación Ciudadana en la gestión pública, proceso que ha contado con el apoyo de variados sectores de la Sociedad Civil. La ciudadanía ha percibido esta propuesta como un impulso necesario para intensificar la contribución de los actores no estatales en el diseño e implementación de las políticas públicas.
Esta iniciativa puede ser entendida como un doble esfuerzo por cumplir, voluntariamente en la esfera del Ejecutivo, con un compromiso de campaña de la Presidenta Michelle Bachelet, y como una forma de materializar el marco que regula la participación ciudadana que aún no ha sido despachada por el Congreso. La norma propuesta por el gobierno viene a dar un importante paso en esta materia, ya que actualmente opera gracias a la buena voluntad de los organismos públicos que apuestan por incrementar los procesos democráticos al interior de las instituciones. La formación de los Consejos de la Sociedad Civil y la puesta en marcha de los Diálogos Participativos en cada Ministerio y reparticipación pública, constituyen un eslabón clave para que la ciudadanía tenga una real incidencia en la toma de decisiones.
La composición y carácter de dichos Consejos y las metodologías con que operan los Diálogos debieran tener un diseño cuidadoso que considere la experiencia acumulada por la sociedad civil organizada, los conocimientos que posee, el pensamiento crítico y las buenas prácticas que ha desarrollado. El principio de intercambio de puntos de vista y las experiencias adquiridas debieran estar la base del proceso y ser fundamento de su sostenibilidad y continuidad. Es necesario cuidar que los mecanismos propuestos para dar curso a una política pública de participación ciudadana estén alineados con los principios de corresponsabilidad, pluralidad, inclusión y respeto a la diversidad que animan el Instructivo Presidencial.
Por tratarse de una iniciativa pionera en Chile se requiere del desarrollo de metodologías innovadoras. En este sentido sería interesante acompañar el proceso de estrategias y campañas de comunicación que impulsen la presencia y circulación de ideas y voces plurales en todo el sistema de medios: público, privado y comunitario/ciudadano.
La continuidad de este tipo de políticas estará siempre amenazada hasta que no tengan el reconocimiento institucional necesario. El instructivo de la Presidenta Michelle Bachelet tendrá vigencia hasta el 11 de marzo de 2010, quedando a juicio del próximo jefe de Estado su continuidad. Chile tiene una deuda para institucionalizar estos mecanismos de una manera eficaz y permanente, de forma que no esté sujeto al arbitrio o a la voluntad política de la autoridad de turno. Es de esperar que este proceso no quede paralizado y se potencie por medio de la promulgación de la postergada Ley de Participación Ciudadana en la Gestión Pública.
