El riesgo de ignorar las implicancias del cargo de Primera Dama, nos lleva a pasar por alto una serie de aspectos fundamentales relacionados con la calidad de la democracia, la independencia del proceso de toma decisiones políticas en el ejecutivo, la idoneidad de los nombramientos en los cargos, y fundamentalmente, el uso de recursos públicos con bajos – o inexistentes- niveles de accountability.
Durante toda la campaña de Piñera a la Presidencia, Cecilia Morel cobró un rol fundamental en términos de imagen. Era muy común verla en foros, debates, giras por el país o entrevistas de distintos canales opinando y dando a conocer el programa de gobierno. Lo mismo ocurrió con Karen Doggenweiler, quien aprovechó su perfil de figura televisiva para dar un impulso mayor a la campaña de Enríquez-Ominami. Marta Larraechea, aún en su estilo conservador se le vio en varias ocasiones intentando acercar a Frei a las mujeres y capturar el voto de género. Incluso, las esposas de los candidatos fueron invitadas de manera independiente, a participar en debates y a exponer sus propias ideas y la visión del país que querían.
¿Por qué describir algo que fue tan evidente para todos? Porque el cargo de Primera Dama de la Nación, más allá de ser un cargo fantasma y heredado de pasados monárquicos no cercanos a nuestros orígenes como república independiente, no responde a ninguna necesidad evidente de la ciudadanía en la actualidad. Menos aún, a la lógica de los nombramientos de cargos de confianza o de Alta Dirección Pública.
[cita]Al ver casos como el de Hillary Clinton en Estados Unidos o Cristina Fernández en Argentina, es posible preguntarnos si muchas veces el cargo de Primera Dama no es más que el primer paso de una incipiente carrera política.[/cita]
Hasta ahora, pocos son los que cuestionan la legitimidad de la Primera Dama, la necesidad de la existencia de una y de quién ocupa su lugar. Incluso del uso de los recursos del Estado que la existencia de un cargo de tales características implica (oficinas, viajes, jefes de gabinete, entre otros).
En Chile, la existencia del cargo se vio potenciada y justificada por la fuerte presencia que ejercía Lucía Hiriart en las decisiones durante la dictadura. La creación de CEMA Chile es una prueba de ello. La Concertación no hizo más que heredar el modelo monárquico y replicarlo durante todos sus gobiernos.
Por razones obvias, durante el gobierno de la Presidenta Bachelet el cargo perdió visibilidad pública, y las labores protocolares y de carácter social que tradicionalmente eran asociadas a la Primera Dama, pasaron a ser labores administrativas destinadas a terceros y que no guardaban ningún tipo de vínculo marital con la Presidenta.
Cecilia Morel por su parte, ha sido parte fundamental en las primeras semanas de gobierno. En ocasiones, ha parecido cobrar el rol de vocera de la Presidencia, ejerciendo un liderazgo fuerte y presentándose como un actor político relevante.
En este escenario, es lógico preguntarse entonces si efectivamente el cargo posee alguna importancia para la toma de decisiones del Ejecutivo. Es más, podemos incluso cuestionar qué tan válido es que la esposa del Presidente tenga figuración política y sea considerada un actor más dentro del juego de poder.
Observando el concierto internacional, notamos que figuras como las de Michelle Obama o Carla Bruni cobran una fuerte presencia en la gestión de sus respectivos esposos. Michelle Obama fue una figura preponderante durante la campaña y el actual mandato presidencial y juega un rol importante en términos de relaciones públicas con otros Estados. Carla Bruni por su parte, se ha transformado en la niña bonita de la presidencia francesa, el ícono estético de la mano de Sarkozy.
Sin embargo, todas las democracias modernas guardan como principio general la elección democrática de sus autoridades y el control a la gestión o accountability que los ciudadanos pueden ejercer en sus autoridades electas. La pregunta es clara: ¿quién elige a la Primera Dama? El Presidente, y no según su experiencia o grados académicos como debiera ocurrir con los Ministros o Subsecretarios, sino que por razones personales.
La disyuntiva a la que nos enfrenta la existencia de un cargo con las características del de Primera Dama, es la existencia de un actor político no elegido por los ciudadanos, que puede tener influencia directa o indirecta en decisiones de Estado. La Primera Dama, podría eventualmente convertirse en un asesor presidencial o actor de veto para muchas iniciativas desde el Ejecutivo.
Al ver casos como el de Hillary Clinton en Estados Unidos o Cristina Fernández en Argentina, es posible preguntarnos si muchas veces el cargo de Primera Dama no es más que el primer paso de una incipiente carrera política. La misma Marta Larraechea de Frei fue concejal de la comuna de Santiago posterior al mandato presidencial de su esposo.
El riesgo de ignorar las implicancias del cargo de Primera Dama, nos lleva a pasar por alto una serie de aspectos fundamentales relacionados con la calidad de la democracia, la independencia del proceso de toma decisiones políticas en el ejecutivo, la idoneidad de los nombramientos en los cargos, y fundamentalmente, el uso de recursos públicos con bajos – o inexistentes- niveles de accountability.
