Creo que ya llegó la hora de decir las cosas por su nombre. Los rentistas del sector dilapidaron las rentas y han dejado sin trabajo a muchos chilenos. El gobierno y la oposición deben legislar para proteger el interés común de la sociedad y no de acuerdo a los intereses corporativos de los mismos responsables de la sobreexplotación de tantas pesquerías por más de 30 años.
La primera vez que se planteó en Chile la licitación de cuotas transferibles de Pesca fue por parte de una comisión de economistas que funcionó en 1980 para proponer un nuevo régimen de administración de pesquerías, incluyendo economistas de varias Universidades chilenas, de la Fundación Chile y de la Universidad Rhode Island, Estados Unidos.
La propuesta no avanzó, debido a la férrea oposición de los gremios empresariales. Entonces, la industria daba argumentos constitucionales cuestionables, para mantener el acceso abierto a las pesquerías. Así es como se generó un esquema de cuotas globales con libre acceso. Se producía la llamada carrera olímpica, en que las empresas sobre dimensionaban el esfuerzo de pesca y las temporadas de pesca se iban reduciendo porque se copaba rápidamente la cuota global. En este contexto se generaban presiones para expandir la cuota global terminando con niveles de pesca insostenible.
[cita]La industria pesquera se opuso a la nueva regulación, ejerciendo presiones sobre todos los sectores políticos de modo que el primer el primer proyecto de ley aprobado en democracia fuera la derogación de la Ley de 1989. Si no se hubiera derogado esa ley, probablemente no estaríamos sufriendo la sobreexplotación del jurel, raya, congrio, merluza y otras especies.[/cita]
Entre 1980 y 1988 se sobre-explotaron varias especies, la más importante fue la sardina española, con grave daño económico y efectos adversos en el empleo. Entonces la misma industria, señalaba que no había que preocuparse ya que, al tener Chile una de las zonas de surgencia oceánica más productivas del mundo, esa especie sería sustituida por otras igualmente productiva. Craso error, fue sustituido luego de varios años de crisis por especies de menor valor.
En 1989 se aprobó un nuevo régimen de administración pesquera, con cuotas individuales transferibles y licitación parcial de derechos. La industria pesquera se opuso a la nueva regulación, ejerciendo presiones sobre todos los sectores políticos de modo que el primer el primer proyecto de ley aprobado en democracia fuera la derogación de la Ley de 1989. Si no se hubiera derogado esa ley, probablemente no estaríamos sufriendo la sobreexplotación del jurel, raya, congrio, merluza y otras especies.
Todos los sectores políticos, muy influidos por los intereses económicos de los grupos históricos del sector, convinieron una legislación pesquera en los ’90 que fue insuficiente para resolver los problemas de sobreexplotación y en que el Estado compartió la potestad regulatoria con los Consejos Zonales y Nacionales de Pesca, en que está muy representada la propia industria regulada. Es la institucionalización de la captura del Estado por intereses corporativos. Creo que ya llegó la hora de decir las cosas por su nombre. Los rentistas del sector dilapidaron las rentas y han dejado sin trabajo a muchos chilenos. El gobierno y la oposición deben legislar para proteger el interés común de la sociedad y no de acuerdo a los intereses corporativos de los mismos responsables de la sobreexplotación de tantas pesquerías por más de 30 años.
Para resolver el problema es necesario enfocarse en la eficiencia de largo plazo. Se deben establecer cuotas individuales transferibles, para proteger al recurso y evitar la sobreinversión. ¿Cómo asignar de modo de generar estabilidad y a la vez competencia por el derecho a ingresar al sector? El “animal spirit” que promueve la innovación requiere incentivos a ganar rentabilidades sobre normales. Si asignamos en forma indefinida los derechos de pesca sin ningún desafío a los históricos, entonces aflora la parte mala del rentismo monopólico. Se genera complacencia y por ende insuficientes incentivos a innovar para diferenciarse y crecer. Por tanto se debe promover la licitación de cuotas individuales transferibles. Las empresas del sector reclaman que se debe asignar de acuerdo a la historia de pesca, para proteger sus derechos históricos. ¿De qué se tratan estos derechos? Es que hicieron inversiones con ciertas expectativas de captura. Las inversiones fueron en los 90 y ya están depreciadas. Se argumenta que hoy hay pocos recursos y hay que proteger a los que están. O sea, ¿hay que premiar a los responsables de la sobre-explotación regalándoles rentas a futuro?, incomprensible. Con todo, para velar por la viabilidad política de la reforma, se debería aceptar la asignación de un porcentaje de las cuotas de acuerdo a los supuestos derechos históricos. ¿Qué porcentaje por derechos históricos? En mi opinión el 50% de los derechos se debe licitar y a aquella parte asignada por derechos históricos se le debe aplicar un royalty, por razones de equidad y eficiencia.
La parte que se asigna por licitación debería ser a 20 años, similar a la duración de patentes de invención para permitir que empresas innovadoras puedan entrar al sector. Lo ideal es que se liciten fracciones de cuota global lo suficientemente significativas como para facilitar la entrada de nuevas empresas.
La implementación de un esquema de estas características, mejora la sustentabilidad de largo plazo de las pesquerías, al reducir el incentivo a sobre- dimensionar el esfuerzo de pesca. Gana la eficiencia al reducir la sobre inversión, se incentiva la eficiencia dinámica ya que el desafío de potenciales entrantes incentiva a diferenciarse a través de la innovación y ganan todos los chilenos, al poder gozar, a través de la licitación, en mayor proporción de las rentas económicas que generan las pesquerías en el largo plazo.
