Muchas acciones encaminadas a mejorar los controles en nuestro país se argumentaron como esfuerzos para contener la corrupción oficial, oponiendo la virtud de la administración privada por sobre la pública. Argumentando, además, los gobiernos corporativos exclusivamente como organización de directorios y no como un sistema más complejo, en el que convergen los reguladores, la administración y los accionistas, en un contexto de relaciones económicas sanas con sus públicos y sus proveedores.
Es razonable y necesario que las autoridades económicas y financieras del país actúen con la mayor prudencia al enfrentar los impactos de una crisis como la provocada por La Polar. Bajo ninguna circunstancia sus declaraciones pueden ser un elemento que añada mayor complejidad a los hechos. De ahí que deban medir en extremo sus palabras, para no banalizar o restarle importancia a una situación que golpea de manera frontal la imagen económica del país.
La desafortunada comparación que hizo el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, entre la situación de La Polar y un accidente de tránsito, es un ejemplo de esa falta de perspectiva y buenos criterios.
Algo parecido ocurre con lo actuado por el Ministro de Hacienda, responsable directo del sector público golpeado por la crisis. Al principio declaró que los impactos del caso eran “limitados y no estamos en caso alguno frente a un problema que ponga en riesgo la solvencia o la liquidez del mercado de capitales”, para llegar ahora a reconocer la eventualidad de que existan delitos de por medio, aunque sin exigir la responsabilidad administrativa de los organismos encargados del tema, especialmente la Superintendencia de Valores y Seguros.
Es efectivo, tal como lo declara el Ministro, que pese al perjuicio económico y el número de consumidores y pequeños accionistas lesionados que es voluminoso, no está en peligro la seguridad de los fondos de pensiones ni un funcionamiento normal del sistema de pagos.
Sin embargo lo ocurrido es un golpe frontal a uno de los valores intangibles más importantes del país frente a la economía internacional como es la reputación y calidad de sus gobiernos corporativos, y la eficiencia de las instituciones encargadas de su fiscalización y control.
[cita]Vale la pena recordar lo dicho el año 2002 por Robert Dornbush en nuestro país: “El capitalismo es un fideicomiso público, funciona si todos tienen una oportunidad justa y si el robo corporativo recibe un castigo altamente visible”.[/cita]
El ministro Larraín ha sido enfático en señalar que se trata de “un problema de gestión por parte de una empresa privada”, que, siguiendo sus palabras, puede resolverse de manera simple con «un análisis exhaustivo para determinar si los hechos ocurridos podrían evitarse en el futuro mediante el perfeccionamiento de la legislación aplicable”. Es decir, como siempre, un problema de ley.
Es necesario recordar, ahora que Chile trata de jugar en las ligas mayores de la economía mundial, cual es la importancia de los gobiernos corporativos.
Para la OECD, que el año 2003 elaboró un “White Paper” sobre los gobiernos corporativos de América Latina con una amplia serie de recomendaciones, su importancia radica en que su buen funcionamiento da “seguridad a las personas que no están directamente involucradas en la toma de decisiones que sus intereses se encuentran debidamente protegidos”. Ello, dicen en la organización, es “una de las condiciones básicas para estimular la confianza y los derechos democráticos en una sociedad”.
Pero tal buen funcionamiento no proviene de la autoregulación o la ética de la responsabilidad de los ejecutivos o directores de las empresas. En todas partes donde el tema se ha tratado con seriedad, los gobiernos han debido adoptar una rigurosa legislación con duras penas criminales para los infractores, fortalecimiento de los sistemas de auditoría, mayor frecuencia en la revisión a los estados financieros y, sobre todo, información transparente y responsabilidad de los directorios.
En tiempo reciente, muchas acciones encaminadas a mejorar los controles en nuestro país se argumentaron como esfuerzos para contener la corrupción oficial, oponiendo la virtud de la administración privada por sobre la pública. Argumentando, además, los gobiernos corporativos exclusivamente como organización de directorios y no como un sistema más complejo, en el que convergen los reguladores, la administración y los accionistas, en un contexto de relaciones económicas sanas con sus públicos y sus proveedores. La Polar ha terminado por poner en perspectiva real la pretendida excelencia de los directorios, y relevar el papel que la autoridad pública tiene en el tema.
En relación a ello, vale la pena recordar lo dicho el año 2002 por Robert Dornbush en nuestro país: “El capitalismo es un fideicomiso público, funciona si todos tienen una oportunidad justa y si el robo corporativo recibe un castigo altamente visible”.
