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Plebiscito: acoger el clamor de participación de la ciudadanía

por 16 agosto, 2011

O la política, los políticos, acogen este reclamo de participación – plebiscitos, iniciativa popular de ley, inscripción automática, consultas comunales, elección directa de autoridades regionales– o la ruptura entre política tradicional y ciudadanía será cada vez mas profunda e irreversible y terminará, con el dominio de una tecnología de códigos horizontales de comunicación, arroyando todo lo vertical, lo elitista, lo restrictivo, lo autoritario.
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Uno de los grandes reclamos ciudadanos de hoy es la instalación, en nuestra institucionalidad, del plebiscito, es decir de la consulta directa a los chilenos, vinculante o consultiva, sobre aspectos estratégicos de la vida del país que por su envergadura se hace necesario interrogar directamente a los titulares de la soberanía popular.

En la Constitución actual está previsto el plebiscito en los artículos 118 e inciso cuarto 128 de la Carta, en el primero de los casos para plebiscitos comunales no vinculantes y en el segundo sólo en caso de insistencia de los parlamentarios a un proyecto vetado por el Presidente y que este se niegue a promulgar. Es decir, está establecido de manera restrictiva y la propuesta del movimiento estudiantil, de diversos movimientos ciudadanos y de los partidos de oposición es que se consagre plenamente a través de una reforma constitucional para que, entre otros, la ciudadanía se pronuncie sobre el modelo educativo en nuestro país.

Sin embargo, plebiscito para qué. Este es el primer fundamento: los temas que se plebiscitan son aspectos estratégicos que determinan el curso del desarrollo del país por decenios y que requieren, por tanto, de una amplísima legitimidad social. Un segundo fundamento, es que el plebiscito destraba una situación institucional en que gobierno y parlamento, bloques y partidos, no logran alcanzar un acuerdo para modificar determinadas normas y de esta forma paralizan el propio cuadro institucional pudiendo ello ser la base de una profundización  de la crisis del sistema político que ya se observa.

O la política, los políticos, acogen este reclamo de participación – plebiscitos, iniciativa popular de ley, inscripción automática, consultas comunales, elección directa de autoridades regionales– o la ruptura entre política tradicional y ciudadanía será cada vez mas profunda e irreversible y terminará, con el dominio de una tecnología de códigos horizontales de comunicación, arroyando todo lo vertical, lo elitista, lo restrictivo, lo autoritario.

En Chile esta necesidad es evidente. Vivimos, en virtud de la ley electoral binominal mayoritaria, en un sistema político sin fluidez, paralizado por el empate y que es visto por la ciudadanía como ineficaz. La Carta Constitucional que nos rige tiene, en su origen, una marca de ilegitimidad dado que fue impuesta durante la dictadura, con un parlamento clausurado, sin participación alguna de la ciudadanía. Esto hace que una parte muy importante del país no se sienta representado por la Constitución que nos rige y ello provoca una situación muy generalizada de desafección hacia los políticos y hacia las instituciones.

Justamente, una de las bases del estado de Derecho es que todos los ciudadanos se sientan representados por la Constitución y la legalidad vigente y ello se logra, no sobre la base de que todos estén de acuerdo con todo lo que ella establece, sino con la convicción que su origen es democrático y que en su formulación ha operado finalmente, después de la búsqueda de los consensos necesarios, el principio de que la mayoría que decide.

El no tener una Constitución legitimada en un proceso institucionalmente democrático y lo arcaico de muchas de sus normas, pensadas para un período de anulación de las garantías individuales, de los derechos de los ciudadanos y de los principios mas básicos de la vida democrática, es la base de la crisis del sistema político, del desprestigio del parlamento, del clima de enfrentamiento, de la falta de consenso base que existe en la sociedad chilena.

Cuando se propone instalar la figura del plebiscito en nuestra  legislación, por tanto, se busca disponer de un instrumento que amplíe la democracia y la participación, que integre políticamente a los ciudadanos y los haga partícipes de las decisiones que se toman, que rompa con la parálisis en que vive nuestro sistema político y que, nadie dude, que de mantenerse esta situación el degrado de la política será cada vez mayor y Chile vivirá sentado en una verdadera bomba de tiempo.

Nadie, por tanto, plantea el establecimiento de una “democracia plebiscitaria” que reemplace al parlamento que es una de las objeciones que se ha escuchado por parte de la derecha. El plebiscito, que es una forma semidirecta de participación, es un aporte a la representación parlamentaria. Por ello, la existencia y el uso del plebiscito en modificar la ley electoral y otros temas que hoy corroen la imagen y la legitimidad del parlamento en la ciudadanía, puede fortalecer a esta institución, como a los propios partidos políticos, que siguen siendo esenciales en la vida democrática de cualquier país. Sabemos, por nuestra propia experiencia, que cuando se coloca candado al parlamento, ello es sinónimo de dictadura y, por tanto, el instituto plebiscitario ubicado en el sistema como un instrumento excepcional, fortalece a las instituciones democráticas y disminuye la lejanía de la ciudadanía con la política y los políticos.

Pero hay otro tema de fondo a considerar y que podríamos llamar epocal. ¿Por qué ahora el tema del plebiscito se coloca tan fuertemente en la ciudadanía cuando los proyectos de reforma constitucional para instalarlo se presentaron por parlamentarios de la Concertación ya a partir de 1990?  Mcluhan dice que el cerebro, la mente social, de las personas y de las comunidades funciona de acuerdo a los niveles tecnológicos de que dispone la sociedad. La hegemonía televisiva creó el predominio de la imagen planetarizada – la famosa “Aldea Global” con que Mcluhan se adelantaba a la conceptualización de la globalización ya en los años 60 – y en política creó ciudadanos informados como nunca ocurrió en la historia de la humanidad, pero creó también el ciudadano– espectador, lo que Panebianco llama la “democracia del público” que por momentos pareció conformarse solo en opinar a través  de las encuestas.

La era digital crea otra ciudadanía. Justamente porque no solo las personas pueden comunicarse, como dice Castells, “de muchos a muchos”, lo cual cambia la perspectiva que las personas tienen de la política y de los antiguos “mediadores” (partidos) que viven mal esta crisis de parcial “desalojo” de sus tradicionales roles. La nueva tecnología permite formas de democracia cada día más directas. Hoy es posible preguntar por red a la ciudadanía que opina de cada cosa y, por tanto, el plebiscito –que no es una novedad pues es utilizado desde hace mucho en gran parte grande del mundo democrático – aparece como algo necesario políticamente, algo posible de instalar digitalmente con facilidad,  algo que es consustancial a la mente de los “nativos”, y no tanto, de la era digital. Hay hoy un anhelo de participación, por otras vías y fundamentos, que no existía sino de aquellos años en que la política era un gran relato ideológico, el centro de la formación de la subjetividad y de la sociabilidad.

O la política, los políticos, acogen este reclamo de participación – plebiscitos, iniciativa popular de ley, inscripción automática, consultas comunales, elección directa de autoridades regionales– o la ruptura entre política tradicional y ciudadanía será cada vez mas profunda e irreversible y terminará, con el dominio de una tecnología de códigos horizontales de comunicación, arroyando todo lo vertical, lo elitista, lo restrictivo, lo autoritario. La utilización del plebiscito y de otras formas de lo que se ha llamado la “República Electrónica” serán inevitables si queremos un nuevo contrato entre ciudadanía y política, entre poder y representatividad.

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