No cabe duda que son las situaciones de crisis las que ponen a prueba a las instituciones democráticas. Y en el test del 27/F, la respuesta que dieron los altos mandos de los institutos armados también demandaría una revisión.
No podemos analizar las consecuencias del 27/F sin observar el contexto político que lo rodeó. El manejo inmediato de la crisis le correspondió a una Presidenta que dejaría el poder en 12 días. Al día siguiente de verificado el siniestro, el presidente electo Piñera y sus asesores demandaron un mayor protagonismo en relación a la forma en que se enfrentaría esta terrible circunstancia, situación que les fue negada por las autoridades en ejercicio.
El terremoto se convirtió en un hecho político y aquello no dejó inmunes a los propios institutos armados. Constitucionalmente, los jefes militares debían obedecer a la presidenta en ejercicio. Pero políticamente ellos sabían que en 11 días más una nueva autoridad política estaría al mando. Todavía más, durante febrero se informó por la prensa que el nuevo equipo de gobierno había realizado contactos informales con el comandante en jefe del Ejército, general Izurieta para ofrecerle la subsecretaría de Defensa. Ello sin duda había molestado a la administración Bachelet.
Las declaraciones públicas de los mandos militares cuestionando la autoridad de la presidenta Bachelet en los días siguientes al terremoto demuestran precisamente el síndrome del “pato cojo” que se vivía en esos días. Faltando menos de una semana para el término de su mandato, Bachelet observaba institutos mucho más deliberantes. Recordemos lo ocurrido:
[cita]El terremoto se convirtió en un hecho político y aquello no dejó inmunes a los propios institutos armados. Constitucionalmente, los jefes militares debían obedecer a la presidenta en ejercicio. Pero políticamente ellos sabían que en 11 días más una nueva autoridad política estaría al mando.[/cita]
1.- Luego del terremoto, el jefe de la Fuerza Aérea indicó por la prensa que dos horas después del terremoto, su institución disponía de los helicópteros solicitados por la Presidenta. Bachelet, le respondió por la prensa que: “tengo que imaginar que el Comandante en jefe de la FACH fue mal informado. Para que yo tuviera helicóptero pasaron 6 horas” (5 marzo). El jefe militar insistiría en su punto, a dos días del cambio de mando. Decía el militar: “Estábamos listos a las dos horas y era cierto eso…y no nos llegaban las instrucciones”. El general agregaba una opinión diametralmente distinta sobre el nuevo Mandatario: “El Presidente [Piñera] es un hombre muy dinámico. El es piloto y entiende rápidamente el tema de la aviación” (14 marzo).
2.- En relación con la demora de la declaratoria de estado de excepción, la Presidenta Bachelet sostuvo que fueron altos oficiales los que le recomendaron no declarar el Estado de excepción: “(un grupo de almirantes y generales) me dijeron que no, que no les parecía adecuado, que no era necesario aún”, afirmó Bachelet el 3 marzo.
Sin embargo, el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las FF.AA. la contradijo abiertamente por la prensa al informar que “yo no fui consultado” (4 de marzo). Por su parte, el jefe del Ejército también contradijo a la Presidenta, al indicar que le correspondía al poder político tomar la decisión. “Cuando al Ejército le dicen que actúe, y tiene el respaldo para hacerlo, lo hace rápido y eficiente” (4 de marzo). De acuerdo a versiones de prensa aparecidas posteriormente, Bachelet le habría manifestado su molestia al general Izurieta, quien le habría respondido telefónicamente a la primera mandataria que sus críticas se dirigían al ministro del Interior y no a ella en particular (El Mercurio, 16 de marzo 2010).
3.- En relación a la declaratoria de Estado de excepción, existen versiones contradictorias. Hoy sabemos, por ejemplo, que dada la magnitud de la catástrofe, el intendente de la región le pidió al jefe naval y del Ejército sacar a los militares esa misma noche en autos militares para labores de vigilancia y asistencia humanitaria —45 miembros del Ejército y 240 de la Armada estuvieron en las calles la noche del sismo— (testimonio de ex intendente Jaime Tohá en comisión investigadora, 9 de junio de 2010).
También sabemos que el subsecretario del Interior llegó a Concepción 12 horas después del terremoto y le comunicó a la Presidenta su convencimiento que se requería declarar estado de excepción por los saqueos. El decreto fue firmado a la mañana siguiente (a 32 hrs del terremoto). El subsecretario anunció ese día que en la noche habría toque de queda. Sabemos que el Jefe de Zona Militar se mostró originalmente contrario a esa idea; pero el subsecretario y el intendente estaban convencidos que era necesario anunciar la medida para detener la ansiedad de la población (Testimonio de Patricio Rosende en comisión investigadora, 19 de mayo, 2010).
Si en tiempos de normalidad un jefe militar saliera a contradecir por la prensa a la máxima autoridad del país, aquello produciría, sin lugar a dudas, un impasse institucional y una solicitud de renuncia. Pero en la semana posterior al terremoto, aquellas declaraciones de abierta contradicción con los dichos de la Presidenta pasaron casi inadvertidas: ¿Resultaba adecuado que los jefes de las FF.AA polemizaran a través de la prensa y no a través de otros conductos regulares formales?
Además, es evidente un vacío respecto de los estados de excepción. La tradición constitucional chilena establece que en caso de declaratoria de estado de excepción en alguna región del territorio, asumirá el mando un jefe militar quedando bajo la tutela del ministro del Interior. Pero la autoridad política en la región es el intendente. Se produce, así, una dualidad de poderes en la que se ve disminuido el poder civil en la región. En esta oportunidad, la coordinación entre ambas autoridades fue excelente. Sin embargo, ¿qué hubiese sucedido si, por ejemplo, el jefe militar hubiese persistido aquella tarde de domingo, que era inadecuado declarar toque de queda por falta de personal?
No cabe duda que son las situaciones de crisis las que ponen a prueba a las instituciones democráticas. Y en el test del 27/F, la respuesta que dieron los altos mandos de los institutos armados también demandaría una revisión.
