Por momentos cuesta entender la lógica que orienta al Ejecutivo en la discusión de dos de los temas más relevantes actualmente en debate público, no sólo en el Parlamento, sino que en toda la sociedad chilena. Tanto en materia tributaria como en materia educacional, el país ha manifestado su deseo de avanzar en importantes reformas que permitan garantizar una educación de calidad para todos, así como un adecuado financiamiento para ella. Sin embargo, el manejo del Ejecutivo es completamente contradictorio con este anhelo. El ajuste tributario que propone el gobierno no sólo es insuficiente para recaudar los fondos que la educación chilena necesita, sino que además, contiene elementos que profundizan la segregación existente en nuestro sistema.
Entonces, ¿cuál es la lógica del Ejecutivo? Porque no se entiende que el gobierno presente una iniciativa altamente ideologizada en materia educacional –beneficiar con un crédito tributario el pago en educación particular es una iniciativa que obedece a un claro compromiso ideológico—, cuando lo que se requiere es generar un diálogo para arribar a acuerdos entre los distintos sectores.
La oposición en su conjunto y el movimiento social han manifestado su rechazo a la franquicia tributaria para la educación particular. Pero no sólo ellos. También lo han manifestado así un numeroso grupo de los académicos más respetados del país en materia de política pública educativa (quienes, de paso, citan abundante evidencia nacional e internacional para oponerse a tal medida).
El argumento es simple: el financiamiento compartido en materia educacional ha generado una irrefutable segregación en nuestro sistema; por tanto, otorgar una franquicia tributaria adicional para dicho copago acentuará la segregación aun más. Adicionalmente, atendida la distribución de la carga tributaria en Chile, un crédito de estas características sólo beneficiará a los sectores más ricos de la población. En resumen, se trata de una medida altamente inequitativa, que favorece a los más ricos, y que más encima, agrava la segregación en el sistema educacional.
[cita]No se puede llamar al diálogo sobre la base de un proyecto que, a sabiendas, va en contra de los principios más básicos que deben inspirar una reforma educacional verdaderamente equitativa, así como una estructura tributaria efectivamente más justa. Llamar al diálogo sobre una base tan desigual es, en el fondo, una manera no muy elegante de rehuir el diálogo.[/cita]
A ello hay que sumar otro elemento que enturbia la disposición al diálogo. Entre el primer y el segundo proyecto del Ejecutivo, se han eliminado varias de las disposiciones referidas a combatir la elusión. Existe clara evidencia de que son los más ricos quienes incurren en dichas prácticas, pues cuentan con la información y los recursos para contratar asesoría legal y contable para tales propósitos. El gobierno no ha explicado el por qué de este cambio. Lo único que cabe colegir —porque así lo manifestaron diversos dirigentes políticos públicamente— es que hubo presiones de la UDI para echar abajo las disposiciones que afectaban a los empresarios.
En definitiva, el gobierno parece no querer avanzar en conjunto con el Parlamento, en sintonía con lo que la mayoría del país reclama. Las falencias del segundo proyecto de ajuste tributario que ha presentado al Congreso son evidentes: no recauda lo suficiente; no busca mayores grados de equidad por la vía de sancionar la evasión y la elusión; contiene elementos altamente ideológicos, como es su apuesta por la educación privada en desmedro de la pública, lo que generará aún más segregación.
El gobierno debiera entender que la construcción del país se hace en conjunto con todas las fuerzas sociales y políticas. De hecho, importantes reformas promovidas por el propio Ejecutivo han sido mejoradas sustancialmente en el Parlamento, como ocurrió con el royalty minero o el proyecto de ley que amplió el post natal a seis meses. En ambos casos, primó la voluntad de diálogo y la oposición concurrió con sus votos para aprobar lo que se percibía como un avance.
Pero no se puede llamar al diálogo sobre la base de un proyecto que, a sabiendas, va en contra de los principios más básicos que deben inspirar una reforma educacional verdaderamente equitativa, así como una estructura tributaria efectivamente más justa. Llamar al diálogo sobre una base tan desigual es, en el fondo, una manera no muy elegante de rehuir el diálogo.
