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Terroristas energéticos… ¿o simplemente mentirosos?

Benjamín Leiva
Por : Benjamín Leiva Economista de la Universidad de Chile
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Porque la elite chilena (el 1 % de Chile, ese 1 % por el que tenemos una distribución del ingreso tan mala, pues si se considera el 99 % restante somos un país asombrosamente equitativo) y los grandes inversionistas extranjeros se acostumbraron a un país en que lo único que importa para la aprobación de proyectos es su rentabilidad privada —y donde las normativas y los costos sociales (o sea, los verdaderos costos según la teoría económica) valen callampa—. En definitiva, se acostumbraron a hacer lo que querían.


Realmente impresionante el ataque comunicacional que se ha desarrollado desde la sentencia de la Corte Suprema que mató la central Castilla.

La lista de yihadistas van desde la ministra de Medio Ambiente cuestionando al poder Judicial por defender al medioambiente (¿es broma?), el gerente general de Endesa —Joaquín Galindo— asegurando que el problema de la energía será “dramático” en 5 años, el dueño de Castilla —un multimillonario brasileño— advirtiendo que reconsiderará seguir haciendo negocios en el país, el ex presidente ejecutivo de Codelco y actual de Antofagasta Minerales —Diego Hernández— asegurando que los proyectos mineros se demorarán mucho más, el presidente de la CPC indicando que la paralización de Castilla es una mala señal para el país, hasta el propio Piñera, diciendo que la energía es uno de los principales problemas que inquieta a los US$ 100.000 millones de la santísima inversión extranjera directa que pretende materializarse en minería.

[cita]Porque la elite chilena (el 1 % de Chile, ese 1 % por el que tenemos una distribución del ingreso tan mala, pues si se considera el 99 % restante somos un país asombrosamente equitativo) y los grandes inversionistas extranjeros se acostumbraron a un país en que lo único que importa para la aprobación de proyectos es su rentabilidad privada —y donde las normativas y los costos sociales (o sea, los verdaderos costos según la teoría económica) valen callampa—. En definitiva, se acostumbraron a hacer lo que querían.[/cita]

¿Es realmente cierto que tendremos problemas energéticos? ¿Es verdad que en Chile vendrá un apagón? Alejándonos de los dichos al aire por la prensa de parte de personas dudosamente imparciales, veremos que no.

Un minucioso estudio realizado por Stephen F. Hall y Asociados en junio de 2009, primero estimó cuánta energía se requeriría en el SIC (Sistema interconectado Central donde está más del 90 % de la población) para el 2025, tomando el escenario base de la CNE (Comisión Nacional de Energía 2008), y llegó a que dicho sistema necesitaría de 22.736 MW de potencia instalada al 2025. Luego, diseñó otro escenario en que incluía el potencial de eficiencia energética y los posibles efectos de la crisis financiera, en el cual se requeriría 18.452 MW. Finalmente, tomó todos aquellos proyectos eléctricos aprobados y en calificación de la Conama: los proyectos permitirían tener 23.143 MW al 2025.

Por tanto, si sacamos a Barrancones —paralizado por Piñera—, y Castilla (que iban a aportar 600 y 2.100 MW respectivamente) —y tampoco consideramos Hidroaysén—, nos quedaríamos al 2025 con 20.543 MW de potencia instalada. El lector podrá ver que la susodicha hecatombe energética se trata de un déficit de 2.193 MW, que sólo se mantiene si asumimos que la crisis financiera —y ahora la crisis europea— no tendrán impacto alguno en la demanda, y si seguimos derrochando energía a tontas y a locas.

Supongamos que por algún extraño motivo las crisis económicas no tienen ningún efecto en la demanda energética… aún así, simplemente con dejar de desperdiciar energía tendríamos 3.041 MW adicionales según un estudio del Programa de Investigación en Energías (PRIEN) de la Universidad de Chile de Julio de 2008, lo que representa 1,5 veces Castilla. Si materializamos este potencial, y lo sumamos a los proyectos ya aprobados, bastaría para tener toda la energía que el SIC requiere de aquí a 13 años, con una potencia instalada de sobra de un 2,2 %. Por último, si suponemos que la crisis financiera tendrá efectos en la demanda energética —algo bastante probable— y dejamos de derrochar energía, necesitaríamos 18.452 MW; tendríamos 20.543 MW: un 11 % de sobra.

¿Y qué pasa si consideramos al potencial que el país tiene en energía solar, geotérmica, mareomotriz y eólica, que nos damos el lujo de desaprovechar? Según un estudio conjunto de la Universidad Técnica Federico Santa María y la Universidad de Chile de Julio de 2008, podríamos tener —sin considerar las vertiginosas mejoras tecnológicas de los últimos años (nanotecnología, “Black Sillicon”, “Stacked Cells”, entre otras)— sobre 5.500 MW que son económicamente factibles de desarrollar.

Una aclaración antes de seguir: este análisis es sólo del SIC, donde está el grueso de la población de Chile, y no considera el SING (Sistema Interconectado del Norte Grande). Dado que Castilla se habría ubicado en la III región, perteneciente al SIC, la discusión puede razonablemente limitarse sólo a la evolución de este sistema.

Entonces… ¿Qué les pasa? ¿Por qué esta campaña del terror energético?

Porque la elite chilena (el 1 % de Chile, ese 1 % por el que tenemos una distribución del ingreso tan mala, pues si se considera el 99 % restante somos un país asombrosamente equitativo) y los grandes inversionistas extranjeros se acostumbraron a un país en que lo único que importa para la aprobación de proyectos es su rentabilidad privada —y donde las normativas y los costos sociales (o sea, los verdaderos costos según la teoría económica) valen callampa—. En definitiva, se acostumbraron a hacer lo que querían.

Casos emblemáticos de esto son Campiche, en que presiones desde la administración de Bachelet y por parte del Embajador y del Secretario de Comercio de EE.UU. lograron aprobar el proyecto de una forma abiertamente mafiosa. Pascua Lama, en que el conflicto con la comunidad local se ha tapado por orden explícita del ministerio del Interior, y el proyecto en si requirió un tratado binacional de minería para desarrollarse. Hidroaysén, que fue aprobado a pesar de la rotunda recomendación de rechazo de al menos 20 servicios públicos regionales, y que pudo ingresar el Estudio de Impacto Ambiental separando las 5 represas de la línea de transmisión de 2.000 kilómteros de largo (como si pudiesen ser proyectos separados, ¿es broma?).

Pero la cosa no para en la dimensión de proyectos altamente controversiales por sus impactos socioambientales. La costumbre de hacer lo que quieren se ha destapado en las prácticas de ventas, con la colusión de pollos, farmacias, y repactaciones unilaterales de La Polar, y también se ha destapado en la dinámica política, en que representantes con niveles asombrosamente bajos de aprobación se niegan a claudicar (como por ejemplo, Piñera), y demandas con niveles asombrosamente altos de apoyo se niegan a ser escuchadas (como por ejemplo, las estudiantiles).

El ataque energético terrorista, expresión de la frustración del 1 % porque alguien con poder les dijo “parelé”, calza bastante bien con la pataleta de un niño o niña malcriado cuando, ante alguna de sus maldades habituales, su mamá por primera vez lo para en seco.

Me atrevo a aventurar que toda esta Yihad escapa a la dimensión energética, y tiene poco que ver con el desarrollo de Chile. En el fondo, tiene que ver con lo incómodo que resulta para los poderosos y privilegiados que alguien les diga que NO, lo que en definitiva es equivalente a que tengamos democracia, de verdad.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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