En un país que aún no cuenta con muchas donaciones de filántropos desinteresados o de ex alumnos agradecidos, parece entonces que una legislación restrictiva sólo le abre la puerta a un cierto mecenazgo particularista de grupos religiosos, económicos o políticos, que si bien no exigen retribución en recursos invertidos (pues no lo necesitan), si reclaman con más fuerza aquello de una “concepción comprehensiva del bien”, que viene a ser aquí la promoción de sus idearios específicos: llámese este libre mercado, tolerancia pluralista, catolicismo conservador o catolicismo progresista.
Probablemente febrero sea de los pocos meses del año que no vaya a contener en su agenda pública el tema de la educación y la universidad. Por eso mismo, puede ser un buen momento para decantar lo que ha estado sucediendo en Chile en el ámbito de la Educación Superior. En ese contexto el libro La excepción universitaria, escrito por tres académicos filósofos chilenos (Garrido, Herrera y Svensson) y publicado recientemente bajo el sello editorial de la Universidad Diego Portales, puede ser de mucha ayuda.
La excepción universitaria es, además, y por varias razones, una verdadera excepción dentro de los estudios que se dedican a la Universidad en Chile y Latinoamérica. En primer lugar porque se trata de un texto escrito por tres autores de diversas universidades que han trabajado y pensado en forma conjunta.
Cuando aparecen en la contratapa de un libro tres nombres, lo usual es que se trate de una colección de artículos o ensayos con una unidad relativa, pero aquí estamos en presencia de un único libro realizado al unísono. Pero este libro es también una excepción por que se propone pensar —no denunciar ni calcular— la naturaleza misma de la educación superior chilena.
[cita]En un país que aún no cuenta con muchas donaciones de filántropos desinteresados o de ex alumnos agradecidos, parece entonces que una legislación restrictiva sólo le abre la puerta a un cierto mecenazgo particularista de grupos religiosos, económicos o políticos, que si bien no exigen retribución en recursos invertidos (pues no lo necesitan), si reclaman con más fuerza aquello de una “concepción comprehensiva del bien”, que viene a ser aquí la promoción de sus idearios específicos: llámese este libre mercado, tolerancia pluralista, catolicismo conservador o catolicismo progresista.[/cita]
Lamentablemente los trabajos que existen sobre la universidad en nuestro país parecen siempre preferir los datos y los gráficos por sobre la reflexión. En ese sentido, resulta muy bienvenido que un grupo de profesores de filosofía se atreva a discutir sobre la Educación Superior en nuestro tiempo, y a cuestionar —entre otros temas— los alcances de la consigna de “pública, laica y gratuita” como ideal de universidad.
¿Qué se echa de menos en este libro? El primer elemento que se extraña es una mayor atención a la cuestión de la gobernanza universitaria, como criterio para distinguir entre tipos de universidades. El segundo, es una reflexión más acabada sobre el lucro, que haga justicia a la realidad histórica y social de nuestro país donde éste se ha ido desarrollando. Los autores se quejan de que en Chile se distinga sin mucha justificación entre universidades tradicionales (las del CRUCh) y universidades privadas, cuando entre las primeras también hay instituciones privadas (la PUC o la Utfsm, por ejemplo), y entre las privadas hay universidades con sentido público. Si bien concordamos con este juicio, también es llamativo que sólo las tradicionales sostengan un modelo de gobierno colegial-representativo, con un poder que radica en las facultades; mientras en las universidades privadas aparece más claramente un gobierno gerencial emprendedor, que responde ante un ejecutivo superior. De hecho, por eso José Joaquín Bruner, académico que trabaja precisamente en la universidad que edita el libro comentado, distingue entre instituciones donde prima el autogobierno de la república del saber y universidades en las que el gobierno es ejercido por administradores; sin embargo, paradójicamente, nada de esto aparece en La excepción universitaria, cuando sería una herramienta útil para esclarecer la naturaleza de las universidades en nuestro país.
En lo que respecta al lucro, el libro lanza una crítica que, por su simpleza, parece implacable. Si la universidad lucra -entendido aquí lucro como el retiro de excedentes- la calidad se ve afectada, sencillamente porque habrá menos recursos para invertir en infraestructura y en sueldos para los docentes, quienes se verán obligados a asumir más cursos y a investigar menos. Prueba de ello —dicen los autores— es que justamente “las universidades cuestionadas por el lucro sean muchas veces universidades cuestionadas por su calidad” (p.8). Aunque esta aseveración tiene algo de verdad, es plausible también pensar que la restricción del lucro se conecta con otro de los problemas detectados en el libro: la falta de un pluralismo más robusto en la educación superior chilena. Pues ¿quién invierte en una educación que prohíbe las utilidades?
En un país que aún no cuenta con muchas donaciones de filántropos desinteresados o de ex alumnos agradecidos, parece entonces que una legislación restrictiva sólo le abre la puerta a un cierto mecenazgo particularista de grupos religiosos, económicos o políticos, que si bien no exigen retribución en recursos invertidos (pues no lo necesitan), si reclaman con más fuerza aquello de una “concepción comprehensiva del bien”, que viene a ser aquí la promoción de sus idearios específicos: llámese este libre mercado, tolerancia pluralista, catolicismo conservador o catolicismo progresista. ¿Será éste el precio que hay que pagar por una universidad sin fines de lucro? No lo sé, pero sería interesante que los autores de “la excepción universitaria” hubiesen analizado el lucro desde una perspectiva aún más amplia. Esperemos que una segunda edición así se lo permita.
