El sistema democrático chileno no cambiará si no se altera en forma sustantiva la estrecha e informal relación que existe hoy entre el mundo político y el sector privado empresarial. Se requiere de una reforma sistémica, que involucra diversos ámbitos (lobby, conflicto de interés, gasto de campañas, financiamiento de partidos). Pero estas regulaciones deben ser coherentes entre sí y considerar como ejes centrales la transparencia, fiscalización y la igualdad política.
Nuestro sistema político depende hoy para subsistir de un masivo caudal de recursos económicos provenientes del sector privado. Y esta relación de dependencia constituye uno de los principales obstáculos para el libre ejercicio de la representación política. El sistema político corre un serio riesgo de ser capturado porque nuestras regulaciones no solo son pobres, sino que algunas de ellas favorecen la influencia desmesurada del mundo privado sobre la actividad política.
Desde el punto de vista legal la situación es dramática. Primero, Chile no cuenta con una ley que regule el lobby pese a que hace diez años se discute un proyecto en el Congreso Nacional, el que por lo demás adolece de serios vacíos en términos regulatorios. Vivimos en una verdadera ley de la selva en materia de influencia del mundo empresarial sobre el sistema político y no observamos ningún esfuerzo serio por resolver esta situación.
Segundo, contamos con débiles normas en materia de conflicto de interés, permitiendo lo que se denominan las “sillitas musicales” de empresarios que pasan a desempeñar cargos públicos incluso en áreas sensibles a sus propios negocios y, por otra parte, funcionarios públicos que pasan a cumplir funciones en el ámbito privado sin mediar controles e inhibiciones cuando emigra a un ámbito idéntico al que anteriormente reguló.
[cita]El sistema democrático chileno no cambiará si no se altera en forma sustantiva la estrecha e informal relación que existe hoy entre el mundo político y el sector privado empresarial. Se requiere de una reforma sistémica, que involucra diversos ámbitos (lobby, conflictos de interés, gasto de campañas, financiamiento de partidos). Pero estas regulaciones deben ser coherentes entre sí y considerar como ejes centrales la transparencia, fiscalización y la igualdad política. [/cita]
Tercero, el financiamiento permanente de los partidos depende en forma importante de mecenas privados dispuestos a financiar la actividad administrativa de las tiendas políticas. Esta situación oligarquiza las tiendas políticas. Se trata de frágiles estructuras con mínimas capacidades para mantener sus gastos administrativos básicos, promover ideas, formar militantes, o brindar asesoría a sus congresistas. Tampoco existe una fiscalización in situ de los ingresos y gastos de partidos en el período no electoral.
Y cuarto, la regulación del gasto electoral combina cero transparencia y control. Como los límites al gasto electoral son altísimos, la casi totalidad de las donaciones a candidaturas y partidos se realiza en forma anónima o reservada. Se incentiva que sean las empresas (y no las personas naturales) las que realicen las donaciones por cuanto dichas donaciones son objeto de rebaja impositiva. Se argumenta que este tipo de donaciones es “ciega” dado que las empresas depositan directamente sus aportes a una cuenta del Banco Estado y el Servel transfiere el dinero sin dar a conocer la fuente de dicho aporte. Sin embargo, la necesidad de financiar las campañas obliga a los partidos a salir a buscar apoyos estableciendo vínculos informales con el mundo privado. Los partidos saben quiénes les están depositando.
A esta falta de transparencia se suma la falta de control. Los partidos y candidaturas deben declarar sus ingresos y gastos ante el Servel. Pero ninguna institución fiscaliza in situ para verificar si lo declarado se aproxima a lo que efectivamente se desplegó en la campaña. Como no existe control, el incentivo para las candidaturas es declarar lo que el límite les permite gastar y no lo que efectivamente gastaron.
Las cifras oficiales del Servel son ilustrativas. El 50 % de los gastos declarados para la segunda vuelta presidencial 2009 fueron financiados con donaciones reservadas realizadas por el sector privado —duplicando los aportes hechos el 2006. De las donaciones reservadas realizadas a las candidaturas a diputados, el 73 % fue para los partidos de la Alianza, mientras el 18 % para la Concertación. Para las senatoriales, el 60 % lo recibió la Alianza, mientras la Concertación recibió el 35 %. Así, las empresas han ido progresivamente inyectando más recursos a la política, pero lo hacen privilegiando a los partidos de la Alianza.
El sistema democrático chileno no cambiará si no se altera en forma sustantiva la estrecha e informal relación que existe hoy entre el mundo político y el sector privado empresarial.
Se requiere de una reforma sistémica, que involucra diversos ámbitos (lobby, conflicto de interés, gasto de campañas, financiamiento de partidos). Pero estas regulaciones deben ser coherentes entre sí y considerar como ejes centrales la transparencia, fiscalización y la igualdad política. Debemos asegurar que la representación democrática se de libre de influencias y es precisamente ésta libertad la que está en entredicho hoy.
