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Los mil y un insultos

por 7 junio, 2013

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El 23 octubre de 1885, el pasquín satírico El Padre Cobos publicó una de esas tantas caricaturas con las que solía condimentar la política nacional. Aprovechándose de un reciente cambio ministerial, sus editores activaron los dardos para desacralizar con ingenio el autoritarismo del presidente Domingo Santa María y festinar con el rutinario servilismo de los integrantes de su gabinete. En una operación que los entendidos vinculan con “el uso de la corporalidad como instrumento de acción política”, el Presidente y tres de sus secretarios son representados en medio de un agitado encuentro cuyo guión responde a los principios de autoridad, poder y jerarquía. No se trata de una imagen aislada ni de un exabrupto de editores insolentes. Se trata de una forma de intervención política frecuente en la época y que en todas las trincheras, incluso en las reaccionarias, se interpretaba como tal: un mero estilo, dentro de muchos, de participar y fijar posición en los asuntos comunes.

De no imponerse la sensatez sobre la torpeza, es probable que imágenes como esa (más importante todavía, la actitud frente al poder y la autoridad que allí se expresan) se vuelvan impensables en el Chile actual. Al señalar esto no solo hacemos referencia al proyecto “Ley mi cabo”, que entre otras medidas busca tipificar como delito e imponer penas gravosas a quienes insulten a policías uniformados y civiles en ejercicio, sino también a las declaraciones del presidente Sebastián Piñera respecto al debilitamiento del respeto por la autoridad. No viene aquí al caso dilucidar en qué medida los repetidos desatinos, disparates y excesos del mismo Piñera han contribuido, en estos tres años de gobierno, a erosionar el principio que hoy desesperadamente busca rehabilitar; sobre eso –la brecha entre su errática conducta y las expectativas republicanas de los gobernados– hay columnas, artículos e incluso un par de libros. Lo que no es menos cierto es que su anuncio fue favorecido por el dios de la oportunidad. El escupo recibido por Michelle Bachelet en Arica y los huevos dirigidos contra Pablo Longueira en Concepción, meras anécdotas de la política, ofrecieron la economía visual e informacional suficiente para que el morbo periodístico instalara la idea de que estábamos prácticamente al borde de una catástrofe civil. Tras ese escenario, con los supuestos que lo sostienen a la vista, el proyecto quedó prácticamente instalado.

Existe una valiosa batería de argumentos prácticos, jurídicos y políticos que aconsejan rechazar a todo evento la iniciativa. La cobertura internacional del anuncio, por su parte, ha enfatizado el hecho de que el proyecto aparece en un contexto marcado por altos índices de detenciones ilegales y acusaciones de violencia innecesaria por parte de las fuerzas de orden y seguridad, cuestión que sería la raíz del progresivo deterioro en la imagen pública de dichas instituciones. Pero más allá de la solidez de los argumentos en contra o el análisis de la lógica compensatoria tras el proyecto, es conveniente considerar que aquí no solo está en juego la libertad de expresión de los ciudadanos o la necesidad de asegurar espacios para la crítica política. En su insensatez, la iniciativa ha instalado una discusión similar a sí misma. En vez de reflexionar sobre cómo deben comportarse nuestras autoridades para desde ahí definir nuestras opciones políticas, estamos hoy enfrascados en mendigar espacios para insultarlas. Bien sabemos que el desprestigio de la autoridad no se revierte con leyes que penalicen las expresiones de frustración individual y colectiva, sino con políticas que demuestren por qué esas autoridades son dignas de representarnos. Y en eso estamos muy lejos de los claroscuros de la segunda mitad del siglo XIX. Con todo su elitismo, violencia y frivolidad, la política decimonónica intuía que el principio de autoridad no se cautelaba reduciendo las libertades públicas. Es cierto que cuando los tribunos se vieron amenazados defendieron sus feudos a balazos. Pero jamás recurrieron a leyes insulsas. Y si ni siquiera esas balas impidieron que fueran superados como clase política, menos lo hará una ley que pone los bueyes tras la carreta.

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