En documentos oficiales existen numerosos problemas de coherencia en torno a cifras y montos. Acceder a la información es una tarea larga y dificultosa y no siempre resulta con éxito. Por ejemplo, en el único programa de fomento productivo orientado a pescadores afectados por tsunami, “Volvamos a la Mar”, la propia Contraloría llamaba la atención de la inexistencia de un “documento formal” donde se establecieran las bases de postulación y los recursos involucrados, entre otras dimensiones. En otro ámbito, la información sobre el Fondo Nacional de la Reconstrucción, compuesto por donaciones privadas acogidas a exenciones tributarias, no esclarece con claridad el origen de los montos involucrados ni el destino final de ellos.
Por estos días la reconstrucción se anuncia como concluida, exitosa y ejemplar. En los últimos cuatro años hemos acompañado este proceso junto a las comunidades afectadas, y en ese contexto, nos permitimos plantear algunas preguntas para examinar este anunciado término:
Poco más de un 70% de avance en reposición de viviendas destruidas, pero un pobre 26% en proyectos de reconstrucción territorial. El Plan de reconstrucción formulado por la administración Piñera contiene 3 dimensiones: vivienda, aldeas de emergencia y territorio. El gobierno ha centrado la atención en torno a la asignación y ejecución de subsidios de viviendas (222 mil). Efectivamente se asignó el 100% de subsidios y se encuentra en fase de término un alto porcentaje de viviendas. Sin embargo, la dimensión “territorio”, para lo cual se formularon 133 Planes de reconstrucción territorial que implicaban la construcción de 371 proyectos en el ámbito de mejoramiento de infraestructura y equipamiento (áreas de mitigación maremoto, centros cívicos, mejoramiento de calles, etc.), ha tenido un rendimiento pobre. A julio del 2013, el MINVU informaba por Ley de Transparencia la ejecución de sólo 99 proyectos, es decir, un bajísimo 26,6%. Más aún, en la costa de la Región del Biobío, afectada fuertemente por maremoto y terremoto, se planearon 289 proyectos; hasta mediados de este año apenas 18 se encuentran en ejecución o finalizados, es decir, un 6,2%.
En estricto rigor, un indicador de avance del proceso debiera al menos combinar ambos porcentajes de cumplimiento.
Agreguemos a lo anterior que, pese a los avances de Programa Aldeas, hay que recordar que este incorporó sólo al 5% de los damnificados, en tanto, la mayoría de quienes quedaron viviendo en situaciones precarias (y algunos lo hacen hasta hoy) no recibieron ningún tipo de apoyo del Estado.
El actual modelo habitacional está agotado en Chile. Desde hace un tiempo existe un consenso claro entre investigadores y académicos, que si bien el modelo de subsidio a la demanda (vía entrega de subsidios) ha sido eficiente en la producción de viviendas, ha generado nuevos problemas: segregación, expulsión hacia la periferia de los más vulnerables, ciudades con baja sustentabilidad, entre otras. Es este mismo modelo que se ha desplegado bajo la impronta de la reconstrucción.
[cita]En documentos oficiales existen numerosos problemas de coherencia en torno a cifras y montos. Acceder a la información es una tarea larga y dificultosa y no siempre resulta con éxito. Por ejemplo, en el único programa de fomento productivo orientado a pescadores afectados por tsunami, “Volvamos a la Mar”, la propia Contraloría llamaba la atención de la inexistencia de un “documento formal” donde se establecieran las bases de postulación y los recursos involucrados, entre otras dimensiones. En otro ámbito, la información sobre el Fondo Nacional de la Reconstrucción, compuesto por donaciones privadas acogidas a exenciones tributarias, no esclarece con claridad el origen de los montos involucrados ni el destino final de ellos. [/cita]
Una de las grandes promesas del Gobierno fue que las familias se quedarían en sus barrios, sin embargo, cerca del 80% de los damnificados han recibido un subsidio para comprar una vivienda en lugares distintos a aquellos en que vivían habitualmente, en general en la periferia de las ciudades, perdiendo vínculos y redes que eran parte de sus activos.
En el espacio rural se repite el mismo fenómeno. Miles de familias no han tenido otra opción que migrar a la ciudad o al pueblo más cercano. El modelo de reconstrucción no ha considerado en ningún aspecto la realidad rural de las regiones afectadas.
Pese a que se ha reconocido que este es el mayor de los terremotos en cuanto al nivel y complejidad de la destrucción que provocó, se utilizó la misma institucionalidad de tiempos normales. ¿Significó esto que no hubo innovación?, siendo justos, debemos decir que surgieron al menos dos instrumentos novedosos: las Zonas de Interés Patrimonial (ZIP) y los Planes Maestros (Planes de reconstrucción territorial), ambos, sin embargo, aplicados con criterios poco claros y sin una discusión pública mínima que les diera legitimidad. Instrumentos que, abandonados sin financiamiento ni institucionalidad, no pasarán más que como un conjunto de buenas intenciones.
Por otro lado, el gobierno se planteó que el proceso promovería la descentralización, no obstante, lo que ha hecho es desconcentrar responsabilidades en el nivel regional y local sin otorgar mayores recursos, atribuciones y capacidades. No ha existido un proceso de fortalecimiento de los niveles subnacionales ni descentralización en el sentido de vincular atribuciones de planificación y ejecución presupuestaria.
En documentos oficiales existen numerosos problemas de coherencia en torno a cifras y montos. Acceder a la información es una tarea larga y dificultosa y no siempre resulta con éxito. Por ejemplo, en el único programa de fomento productivo orientado a pescadores afectados por tsunami, “Volvamos a la Mar”, la propia Contraloría (link) llamaba la atención de la inexistencia de un “documento formal” donde se establecieran las bases de postulación y los recursos involucrados, entre otras dimensiones. En otro ámbito, la información sobre el Fondo Nacional de la Reconstrucción, compuesto por donaciones privadas acogidas a exenciones tributarias, no esclarece con claridad el origen de los montos involucrados ni el destino final de ellos. Una verdadera evaluación del proceso pasa por establecer indicadores construidos con información transparente y fidedigna.
Este proceso de reconstrucción ha construido viviendas, un poco más de 100 mil en 4 años (en la década de los 90, esta era la cifra que se construía al año). Construir viviendas no es sinónimo de reconstruir un país. Sin mejoramiento claro de las condiciones de vida de la población afectada, ni consecuencias institucionales ni políticas positivas para el país, está lejos de ser un proceso ejemplar.
Una evaluación mesurada de los objetivos del Plan Nacional de Reconstrucción, nos muestra una brecha muy grande entro lo propuesto y logrado. No se duda de las intenciones, sino de los mecanismos utilizadas y de las decisiones tomadas. Pese a la promesa del Plan Nacional, no tenemos hoy ciudades, barrios y familias en mejores condiciones que antes del terremoto.
