Que el sistema de educación superior deje de tener clientes y pase a tener estudiantes lo trasforma en un gran aliado del desarrollo, en caso contrario, seguirá siendo la educación superior –principalmente– un gran negocio para algunos, pero no bueno para el país.
Las macrotransformaciones del sistema educativo chileno que espera gran parte de la ciudadanía, responden a un diagnóstico levantado desde las manifestaciones sociales de estos años, que apunta también a los fundamentos del modelo económico vigente.
Tanto en educación como en otros sectores, pareciera que la ciudadanía se cansó de ser un “cliente” y aspira a construir reglas que nos devuelvan la condición, primero, de personas y, luego, de ciudadanos pertenecientes a una sociedad inclusiva. Ambas demandas el mercado no las puede satisfacer, pues son contrapuestas con sus principios. Para ser estudiantes y no clientes no puede existir una relación comercial de por medio, pues, de existir, desvirtúa la esencia de esta relación, volviéndonos al plano de clientes. Quienes sostienen que el mercado “es neutro en materia valórica”, debiesen ser consecuentes y dejar que el mercado opere también en los temas valóricos, pues tendría un efecto neutro: “insólitamente” nuestra oligarquía, conservadora en lo valórico y liberal en lo económico, en esta materia reniega del mercado, pues sabe muy bien que éste transforma los valores, por eso deja estos debates.
Pasar de cliente a estudiante-ciudadano es posicionarse en lo más alto de la escala valórica de una sociedad, como tal representa una decisión de los ciudadanos sobre cómo debe ser atendida. Esto es, si va a regirse o no por los términos de intercambio del mercado y, como ha sido mayoritariamente acogida por la ciudadanía chilena la discusión técnica que se deriva de ello, es decir, ¿cómo se financia?, se subordina a ese principio.
Si la educación debe proveerse por otros criterios “no de mercado”, se comprende que ello responde a una jerarquía valórica diferente. Tratándola la sociedad, es su distribución como un derecho básico sin otro mérito que el ser persona en el contexto del país. En razón de ese principio, la propuesta gubernamental asume un diagnóstico que explica los cuatro pilares que fundamentan su visión: fin al lucro, calidad, fin de la segregación y avances sustantivos hacia la gratuidad universal.
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La primera de ellas, fin al lucro, es consustancial a lo expresado, en cuanto el lucro es la finalidad de todo emprendimiento económico, que en este caso no sería razonable su ocurrencia, pues se trata de un bien que no debe generar esa resultante, por eso debe prohibirse toda actividad educativa asociada al lucro, sacando el racional del mercado de su acceso y distribución. La orientación a la calidad (con su implícita equidad), es la mejor forma de dar pleno sentido al hacer educativo. En la visión de mercado la educación es una mercancía, como tal el Estado se compromete a proveerla en su nivel mínimo, todo aspiración superior a este nivel debe ser pagada por el cliente, por eso la aspiración a la calidad es un requisito que ordena el no-lucro, que para estos efectos es una condición instrumental, bajo una aspiración de mayor relevancia: la calidad. El Estado así debe proveerla y salvaguardarla en su mejor nivel.
El fin de la segregación se funda en la constatación de las consecuencias de aplicar –por largo tiempo– el sistema de mercado a la educación. Este efecto se produce por la diferenciación de la oferta en función del precio que las personas están dispuestas a pagar, cuestión que va segregando a la población en los nichos de pago respectivos, y por los recursos públicos comprometidos en esta tarea. Es decir, establece clientes de distintas categorías, “segregando naturalmente” a la población que no puede pagar o debe pagar menos. Terminar con la segregación es una condición absolutamente necesaria para construir una sociedad inclusiva y no un conjunto de guetos de los que, sistemáticamente, hemos ido dando cuenta en la sociedad chilena, lo cual en la práctica inviabiliza la posibilidad de ser “una sociedad”. Finalmente, el avance sustantivo hacia la gratuidad es la manera operacional de garantizar que no somos clientes y, por ende, que el resto de las condiciones mencionadas puedan cumplirse.
Estos principios, que parecieran revolucionarios, resultan “especiales” porque las universidades estatales, para sobrevivir en dictadura y algo menos en democracia, debieron adaptarse a la lógica del mercado, y desde allí tratar de congeniar su actuar con “los viejos principios de lo público”, toda vez que el Estado, consistente con su filosofía prescindente, dejó de cumplir con su responsabilidad como proveedor de los recursos para el funcionamiento de los centros superiores. En segundo lugar, el creciente énfasis solamente en los resultados como logros de aprendizaje e inserción laboral, desprovistos del contexto y del origen social y económico de la población de estudiantes, desdibujó el sentido de lo público y borró las diferencias que se producían con los privados; la tónica impuesta por el Banco Mundial fue que no importaba el proceso (el color del gato), sólo importan los resultados (cazar ratones). Y en esta lógica, sin una “cancha nivelada”, con asimetrías importantes, deberes y derechos entre los públicos y privados con una normativa que grava todo lo público, el desnivel de la cancha se acentuó (el gato operaba en contextos muy diferentes, unos mejores que otros).
Tributo a cierta torpeza de las universidades estatales por mostrarse eficientes en la lógica privatizadora, y mitigado este “pecado” por la exigencia de la sobrevivencia, las universidades del Estado, desde posiciones desiguales, también se privatizaron en algunos aspectos de gestión interna –impulsados por el gerencialismo público– no siempre poniendo atención a sus consecuencias en el largo plazo.
Por eso la discusión sobre gratuidad, sin lugar a dudas, es muy importante, no es lo mismo que la del financiamiento de las universidades de Estado. El Brasil de Lula y de Dilma, ha avanzado en políticas de gratuidad en la educación universitaria privada, con fórmulas de equivalencia con lo público, cuyos resultados han fortalecido la privatización, debilitado lo público, bajo la misma teoría del “color del gato”. Por eso que la propuesta de un trato preferente hacia las universidades del Estado, necesariamente, implica discutir el financiamiento público integral de estas instituciones.
En este marco es fundamental y crítico analizar el nuevo programa para incrementar la equidad en el acceso a la Educación Superior, que contrapese el sesgo socioeconómico existente en los requisitos académicos como también incentivos para reducir la deserción. Eso es efectivamente nivelar la cancha.
La propuestas de institucionalidad: Superintendencia, nuevas Universidades estatales y CFTs con presencia en regiones, son cuestiones relevantes, como lo es aún más implementar un nuevo sistema de acreditación. Único, obligatorio y con estándares internacionales y profesionales de dedicación exclusiva e incompatible con otras funciones, con una institucionalidad fuerte que evite los abusos que se han documentado.
Se estima que el costo total de una reforma del sistema educativo de esta magnitud bordeará los 1.5 y 2 puntos del Producto Interno Bruto. Ahora bien, si vemos la educación como una palanca del desarrollo, se trataría de una inversión productiva, lo que da otro sentido a esta cifra. Es invertir en un gran negocio que se llama el Chile del presente y del futuro.
Que el sistema de educación superior deje de tener clientes y pase a tener estudiantes lo trasforma en un gran aliado del desarrollo, en caso contrario, seguirá siendo la educación superior –principalmente– un gran negocio para algunos, pero no bueno para el país.
