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Movimiento estudiantil y fin de ciclo

por 7 septiembre, 2014

No existe una identidad política que “represente” las demandas 2011, el gobierno ha sido errático en su agenda y, por último, nos encontramos frente a un déficit de representatividad que impide que las demandas del 2011 se traduzcan en una voz políticamente unificada. Y en lo que refiere al movimiento estudiantil, éste ha caído presa –por múltiples motivos no endosables mecánicamente a sus actuales dirigencias– de la rutinización, la pérdida de adhesión pública y la modesta injerencia en la agenda pública, problemas que atentan fuertemente contra el objetivo de evitar la fragmentación y el particularismo.
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El recién pasado miércoles 27 de agosto, aproximadamente 10.000 estudiantes de los así llamados “liceos emblemáticos” marcharon por el centro de Santiago. ¿Su demanda? Suspender, reformular o a lo menos “repensar” las modificaciones realizadas por el CRUCH en lo que refiere a los mecanismos de ingreso a la educación superior universitaria que, como es bien sabido, incorporan de modo significativo el ranking en la ponderación del puntaje de acceso.

Las razones que motivan a los estudiantes a marchar son variadas, y van desde la consideración de estas modificaciones como un simple “parche” que escabulle la necesidad de una reforma integral hasta la simple objeción a un mecanismo que objetivamente perjudica el cálculo del puntaje final de quienes han tenido el “privilegio” de acceder a colegios “selectivos”, ya sean públicos o privados.

La legitimidad de esta movilización, así como la objetividad del perjuicio relativo del cual son objeto los estudiantes “emblemáticos” (liceos que, por cierto, aún cuentan en varios casos con el decimonónico mecanismo de la segregación por sexo, respecto al cual no se han realizado marchas aun) nadie puede ponerla en duda. Cada cual tiene derecho a demandar y marchar por lo que le dé la reverenda gana, incluso si ello es para mantener intocado –a lo menos en el corto plazo– un mecanismo de selección universitaria probadamente injusto, segregador y reproductor de las desigualdades de nuestra sociedad.

No existe una identidad política que “represente” las demandas 2011, el gobierno ha sido errático en su agenda y, por último, nos encontramos frente a un déficit de representatividad que impide que las demandas del 2011 se traduzcan en una voz políticamente unificada. Y en lo que refiere al movimiento estudiantil, éste ha caído presa –por múltiples motivos no endosables mecánicamente a sus actuales dirigencias– de la rutinización, la pérdida de adhesión pública y la modesta injerencia en la agenda pública, problemas que atentan fuertemente contra el objetivo de evitar la fragmentación y el particularismo.

Más allá del debate en torno a la legitimidad de estas manifestaciones, reconociendo las insuficiencias y vacíos de las modificaciones producidas por el CRUCH, y aun sosteniendo que una reforma democratizadora de la educación no pasa (solo) por la modificación de los sistemas de acceso y selección a la educación superior (los que inexorablemente deben existir), me interesa colocar el acento en la relevancia que estas movilizaciones anti-ranking tienen para la evaluación del estado actual del ciclo de movilizaciones activado el año 2011. Quisiera sostener, en esta dirección, que el surgimiento de un conjunto heterogéneo de demandas de contenido particular, desarticuladas entre sí y en muchos casos incompatibles, da cuenta de un proceso de agotamiento del ciclo de movilizaciones inaugurado el año 2011, a lo menos en lo que refiere al sentido y naturaleza característicos de este ciclo.

El lema del “No al Lucro” y la demanda por una educación “Pública, gratuita y de calidad” manifestó la potencia de expresar un conjunto heterogéneo de malestares no solo presentes en el mundo de la educación, sino que también en el conjunto de la sociedad chilena. “No al lucro”, naturalmente, representaba una demanda ampliamente trascendente a la pura objeción a la obtención de ganancia por parte de las universidades privadas, sino que más bien conducida a impugnar un sistema social que en su totalidad se organiza en torno a dinámicas mercantiles; “educación pública, gratuita y de calidad”, por su parte, refería a la necesidad de avanzar hacia una sociedad de derechos y no solo de competencias e iniciativas individuales.

Estas dos consignas, así, sintetizaban malestares múltiples. Su potente simpleza convocaba a estudiantes “emblemáticos” y “periféricos”, a universitarios del CRUCH y de privadas, de provincia y de Santiago, y con todos ellos a sectores significativos y mayoritarios de la sociedad chilena.

Tres años después de esta remergencia social, de esta verdadera repolitización de amplios sectores sociales manifestándose activamente contra lo que se denominaba una sociedad de mercado, los tiempos han cambiado: cambió el gobierno, existe una agenda de reformas que expresa el ingreso de nuevos actores al tema, las movilizaciones y su masividad ya no son una novedad, y emerge el dilema de la militancia en el doble registro de lo que pudiéramos llamar “la demanda grande”, por un lado, y las múltiples traducciones sectoriales de dicha demanda, por el otro.

En estas circunstancias, la mantención de la demanda unificada se vuelve tarea compleja, toda vez que las particularidades involucradas comienzan a mirar no solo el contenido unificante, sino que también la forma en que sus propias posiciones e intereses se ven reflejados en éste. En este contexto, solo dos son las salidas que permiten evitar la diseminación de la unidad y el estallido de demandas heterogéneas y desarticuladas que, como casi siempre, solamente permiten la mantención del statu quo: o bien un liderazgo político capaz de mantener unificadas las demandas visibilizadas el 2011, o bien un movimiento social con imaginación y capacidad para administrar su diversidad.

Para nuestro caso, al parecer ninguna de las dos condiciones se está cumpliendo: no existe una identidad política que “represente” las demandas 2011, el gobierno ha sido errático en su agenda y, por último, nos encontramos frente a un déficit de representatividad que impide que las demandas del 2011 se traduzcan en una voz políticamente unificada. Y en lo que refiere al movimiento estudiantil, éste ha caído presa –por múltiples motivos no endosables mecánicamente a sus actuales dirigencias– de la rutinización, la pérdida de adhesión pública y la modesta injerencia en la agenda pública, problemas que atentan fuertemente contra el objetivo de evitar la fragmentación y el particularismo.

Dadas así las cosas, y salvo contingencias que repongan la fortaleza perdida, es razonable suponer que el ciclo de movilizaciones inaugurado el 201 –la así llamada “primavera de Chile–, ciclo que alteró de modo no menor la agenda política del país durante tres años, comienza a mostrar signos de fatiga. Nos encontramos, creo, ante el fin del ciclo abierto el 2011.

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