Señalaba Fernando Paulsen en una editorial de la Radio ADN: “Cerca de 1 de cada 5 personas que son imputadas por un crimen – esto es, un 20 por ciento- son finalmente absueltas, habiendo pasado todo el tiempo del juicio en prisión preventiva. Si esa estadística estuviera radicada en un estrato social más alto sería un escándalo”.
Pero no ocurre. Los que quedan en prisión y resultan ser inocentes o simplemente ocurre que el fiscal retira el caso, forman parte del grupo de “sospechosos de siempre” conformado por jóvenes, pobres o mapuches, o ambas cosas, con mala o poca educación, morenos, etc…
Siempre viven en la periferia, o en los llamados sectores populares, o sea, pobres y de quienes esta sociedad clasista, racista y discriminadora en extremo, está dispuesta a creer cualquier conducta delictiva.
Ellos entran y salen de hogares del Sename, de la cárcel, como una rutina “normal” para los de su clase. ¡¡¡ Si !!! se dice “Clase”.
Mientras, en la otra “clase”, se escuchan voces pidiendo mano dura contra la delincuencia, acusando a jueces de garantistas, cuando conceden el derecho de la libertad bajo fianza a quienes AÚN NO HAN SIDO JUZGADOS, pero son pobres. Mientras, los mismos, no reclaman cuando se trata de delitos que normalmente ellos cometen o pueden cometer. Estafas, fraudes, giro doloso de cheques, manejo en estado de ebriedad, etc., etc.
Por otro lado, algunos muy progres manosean el debido proceso a su gusto y gana. Suelen olvidarlo cuando se trata de delitos que se consideran particularmente graves como abuso de menores, violaciones a DDHH, y otros.
El debido proceso tiene dos aristas, que es importante mantener en la memoria.
Una: le garantiza al inculpado que cometió un delito, que recibirá la pena que contempla el ordenamiento jurídico, después de un juicio que respetará, en cada etapa, sus derechos.
Otra: le debe asegurar a un inocente que no pasará un solo día en la cárcel injustamente. Por eso las normas procesales, en derecho penal, son tan exigentes a la hora de recoger y evaluar las pruebas contra un procesado.
El debido proceso no está solo para garantizar al culpable un juicio justo, está también para evitar que un inocente sea condenado.
La gente suele creer que las garantías procesales protegen a los delincuentes en desmedro de la seguridad social, y es precisamente todo lo contrario. Ningún poder se iguala al poder del Estado.
Cada vez que le entregamos al Estado poder para vulnerar nuestros derechos y garantías, nos ponemos más en riesgo. Los peores crímenes que conoce la historia fueron cometidos por agentes de un Estado.
La misma ingenuidad que hizo creer a muchos que un sacerdote no comete “pecados”, es la que hace creer a la mayoría, que las policías no cometen delitos, y resulta ser, que los delitos que cometen, son especialmente cruentos, toda vez que tienen el poder del Estado tras de sí.
Gonzalo Müller dijo en “Estado Nacional”: “Los jueces deben tener predisposición a condenar”. De todas las brutalidades que le he escuchado decir, esta se lleva el premio mayor. Un juez no debe tener predisposición alguna al enfrentar un juicio. Debe basarse solo en la prueba que se le presenta, que debe ser obtenida de manera legal, y debe probar, sin lugar a dudas, que Fulanito realizó una acción determinada.
La prueba tampoco debe estar dirigida a probar cómo piensa, viste, vive, trabaja, la persona acusada. No sirve eso de “jeans, jeans; zapatillas, zapatillas. Ropa negra y pan integral”. No se debe juzgar ideas ni estilos de vida, solo se deben llevar a juicio acciones que estén castigadas por la ley.
Las normas procesales, que algunos llaman “cuestión de forma” (y técnicamente así es) en derecho penal, son en realidad una cuestión de fondo. Limitan el poder del Estado y aseguran los derechos de todas y todos sus ciudadanas/os. Son las normas que garantizan que, puestos frente al enorme poder que tiene el Estado, nuestros derechos serán respetados.
(*) Texto publicado en El Quinto Poder.cl
