Los sorprendidos en actos impropios deben renunciar. Pero deben hacerlo los de uno y otro lado. Es el único “empate” aceptable. Es la única forma que la ciudadanía comience a recuperar la confianza perdida en la función pública, después del grave daño que la clase política le ha causado.
En materia de ética pública son reprochables no sólo los actos contrarios a la moral y a la ley sino también los actos que, sin serlo, resultan estéticamente impresentables (se ven mal), entre los cuales se encuentran aquellos que pueden dar lugar a suposiciones de un potencial aprovechamiento de la función pública.
La renuncia, en tanto supone un reconocimiento del acto impropio y se realiza con el objeto de enaltecer la función y la autoridad (también moral) que conlleva el cargo, es un acto que enaltece al que la realiza y devuelve, en parte, la confianza de la ciudadanía en sus autoridades. Se funda en la idea de que quien detenta una función pública no sólo debe cumplir legalmente las atribuciones que se le han encomendado, sino también debe observar una conducta irreprochable que le permita ganarse la confianza de que sus actos, aun los que no son conocidos públicamente, están guiados por el respecto a las normas, de la misma manera que esa misma autoridad lo exige a sus subordinados.
No es el caso de la renuncia que se hace por meros cálculos políticos (evitar un mayor daño a la imagen, por ejemplo). Estas renuncias no enaltecen la función pública. Lo único que hacen es transmitir la idea de que se deja el cargo sólo porque ha sido descubierta la irregularidad y no por una lógica moral.
[cita]Los sorprendidos en actos impropios deben renunciar. Pero deben hacerlo los de uno y otro lado. Es el único “empate” aceptable. Es la única forma que la ciudadanía comience a recuperar la confianza perdida en la función pública, después del grave daño que la clase política le ha causado.[/cita]
Luego de la renuncia del hijo de la Presidenta Bachelet a su cargo, han surgido voces emplazando a otros personeros a seguir su ejemplo. El llamado es justificado. Ninguna autoridad pública cuestionada por participar en actos graves contrarios a la ética pública puede seguir en su función. El problema es que la clase política chilena tradicionalmente no ha cultivado este parámetro ético. La mayoría de las veces se niega la existencia del acto impropio, en pocas ocasiones se pide siquiera perdón y en ninguna que se recuerde se ha conocido una renuncia fundada en un juicio ético, sino sólo en cálculos políticos. Así, muchos personeros otrora cuestionados continúan en sus cargos.
Los sorprendidos en actos impropios deben renunciar. Pero deben hacerlo los de uno y otro lado. Es el único “empate” aceptable. Es la única forma que la ciudadanía comience a recuperar la confianza perdida en la función pública, después del grave daño que la clase política le ha causado.
