La crisis del sistema político tiene relación con un sistema que se ha estructurado, en gran medida, para defender y preservar un modelo económico altamente concentrador y excluyente. Este modelo opera sobre la base de un sistema tributario con baja capacidad recaudatoria y fuertemente regresivo y en que el ahorro nacional es manejado por un puñado de AFP que financian a las grandes empresas a un bajo costo y que garantizan muy bajas pensiones. Como resultado, entre otros aspectos, el financiamiento insuficiente del Estado dificulta la producción de bienes públicos, como son pensiones, la educación, la salud de calidad, y permite también argumentar contra el financiamiento público de la política.
Los casos Penta, Caval y SQM han sumido al sistema político chileno en una crisis sin parangón en el cuarto de siglo transcurrido desde el fin de la dictadura de Pinochet. La Presidenta se ve obligada a desmentir que el Gobierno está paralizado e incluso que haya considerado renunciar. Altos dirigentes políticos llaman a una cumbre de todo el espectro político y la iniciativa colapsa a la primera objeción. El debate político refleja una tensión entre «un acuerdo político con impunidad y caiga quien caiga”. Aún no ha tenido lugar una discusión suficiente y profunda que permita diagnosticar qué está en juego, paso indispensable para diseñar caminos de salida. Todo ello dificulta avanzar hacia una trayectoria que permita superar las reales dificultades. La Presidenta enfrenta un difícil dilema.
El primer diagnóstico, conservador, fue expuesto por El Mercurio. Subraya como un problema central la pérdida de la iniciativa política de la Administración: al pasar la Presidenta por difíciles problemas personales y aun cuando sigue gobernando y cumpliendo las tareas de su cargo, está en déficit en cuanto a fijar un rumbo que oriente la acción gubernamental y ordene al oficialismo. A esto se agrega la debilidad en diversas áreas de Gobierno, destacando en particular la desaceleración económica. La causa de la situación no serían los escándalos en sí mismos, sino un “celo excesivo” de parte del Ministerio Público y del Servicio de Impuestos Internos. Esta línea argumentativa fue primero formulada por Jovino Novoa. Algo similar denota la demanda de que el SII “vuelva al criterio administrativo para evitar judicialización”. El Mercurio descalifica la idea de que el país esté enfrentando un problema serio de legitimidad. Se afirma que el Estado funciona, que por vacíos y falencias de la normativa vigente algunos personeros pudieron simplemente haber recurrido a prácticas irregulares para financiar candidaturas y, en general, la actividad política.
[cita]La crisis del sistema político tiene relación con un sistema que se ha estructurado, en gran medida, para defender y preservar un modelo económico altamente concentrador y excluyente. Este modelo opera sobre la base de un sistema tributario con baja capacidad recaudatoria y fuertemente regresivo y en que el ahorro nacional es manejado por un puñado de AFP que financian a las grandes empresas a un bajo costo y que garantizan muy bajas pensiones. Como resultado, entre otros aspectos, el financiamiento insuficiente del Estado dificulta la producción de bienes públicos, como son pensiones, la educación, la salud de calidad, y permite también argumentar contra el financiamiento público de la política.[/cita]
La crisis del sistema político tiene relación con un sistema que se ha estructurado, en gran medida, para defender y preservar un modelo económico altamente concentrador y excluyente. Este modelo opera sobre la base de un sistema tributario con baja capacidad recaudatoria y fuertemente regresivo y en que el ahorro nacional es manejado por un puñado de AFP que financian a las grandes empresas a un bajo costo y que garantizan muy bajas pensiones. Como resultado, entre otros aspectos, el financiamiento insuficiente del Estado dificulta la producción de bienes públicos, como son pensiones, la educación, la salud de calidad, y permite también argumentar contra el financiamiento público de la política.
La defensa de este Estado de cosas fue encabezada con éxito por la UDI, y por otros sectores de la derecha, que han obstaculizado el financiamiento público de la actividad política, generando las condiciones para los problemas que hoy se enfrentan. Mientras tanto, esa organización política disfrutaba de un acceso privilegiado a los recursos privados, obtenidos gracias a las franquicias tributarias y otros mecanismos de elusión y evasión tributaria; este sistema de financiamiento de la política se extendió al financiamiento de las campañas de otras organizaciones políticas, generando una dependencia estructural de la política respecto de los negocios.
El profundo malestar ciudadano no comenzó con los casos de Penta, Caval y SQM –pero estos evidenciaron la dependencia del sistema político respecto del poder económico–, tiene, por el contrario, una larga historia y ha emergido recurrentemente. Generó una amplia desafección de importantes sectores ciudadanos frente al sistema político, que se expresó en niveles crecientes de abstencionismo electoral y una duradera desaprobación de las principales instituciones políticas, y que las trasciende. Los continuos escándalos empresariales han generado también una fuerte desaprobación del mundo empresarial. Las movilizaciones sociales han sido de distinta naturaleza y configuran un rechazo ciudadano generalizado al modelo que nos rige. En tal sentido, los escándalos Penta, Caval y SQM constituyen síntomas graves de abusos inscritos en el modo de funcionamiento del modelo económico. Una salida efectiva de la crisis requiere que el proceso de reformas se profundice, particularmente la reforma previsional, la reforma del sistema de salud, la reforma laboral y cambios en el orden constitucional. Tales reformas harían posible que la sociedad se vincule nuevamente con el sistema político. Estas reformas dan sentido a las modificaciones del sistema de financiamiento de la política.
En la crisis actual confluyen distintos problemas, que ameritan diversas iniciativas que dependen de diferentes actores. En primer lugar, problemas de carácter judicial de variada índole; corresponde al Ministerio Público y a los tribunales identificar la naturaleza de los hechos y aplicar las sanciones. Por otra parte, la legislación que regula el financiamiento de la política y la relación entre ella y el poder económico presenta graves carencias; en este terreno corresponde al Gobierno y al Congreso, instituciones colegisladoras, tramitar las leyes necesarias. La comisión asesora presidencial puede contribuir a enriquecer los insumos técnicos ya existentes para avanzar en este proceso.
Sin embargo, la solución de la crisis no se agota en esos dos niveles. Voces de todos los sectores políticos llaman a la Presidenta de la República a asumir el liderazgo para superar la crisis, mientras que personeros de los partidos de oposición y también oficialistas señalan que el Gobierno está paralizado. Al margen de las autoridades gubernamentales, los diversos partidos llaman a construir un acuerdo político para resolver la crisis. Sin duda que todo ello puede ayudar. La ineficacia de estas operaciones revela los problemas de los partidos políticos en general y la forma en que la Nueva Mayoría intervino en la campaña presidencial que llevó al Gobierno a Michelle Bachelet.
En los distintos espacios políticos, empresariales y ciudadanos se difunden rumores de cómo el desempeño de la Primera Mandataria estaría afectado por el caso Caval. Las reacciones de la propia Presidenta señalando que el Gobierno está empeñado en una suma de acciones, guiadas por un mismo objetivo que es mejorar la calidad de vida de las personas, no parecen creíbles para diversos actores políticos. El desafío fundamental en este campo radica en la gestión política de la crisis. El papel del Gobierno y de la propia Primera Mandataria en esta materia, por la centralidad del Poder Ejecutivo en el sistema político chileno, es imprescindible. Son las carencias en este campo las que desatan los rumores de una eventual renuncia presidencial. Del mismo modo, como son cuestionados tanto el modelo económico como el sistema político, es indispensable que la propia Presidenta logre vincularse nuevamente con la ciudadanía, retome el control de la definición política del momento que vive el país, el sentido de su compromiso con la Nación, y relance las reformas que llevaron a una mayoría ciudadana a elegirla como Presidenta.
En los estudios sobre la Presidencia de los Estados Unidos, Stephen Skowronek sostiene que, más allá de las diferencias del ejercicio del poder presidencial en los diversos períodos históricos, los presidentes ejercen su cargo en determinados tiempos políticos que inciden en las condiciones en que desempeñan su función. El autor distingue entre presidentes que se definen como partidarios u opositores al orden político establecido; diferencia entre circunstancias en que el orden y los valores asociados a él pasan por situaciones de vulnerabilidad o, por el contrario, son resilientes.
El cruce entre la definición política del Presidente y las circunstancias que enfrenta el orden político le permiten a Skowronek identificar cuatro estructuras recurrentes de la autoridad presidencial, que sintetiza como políticas de reconstrucción, de disyunción, de articulación y de anticipación.
En cuanto a la política de reconstrucción, incluye a los grandes presidentes estadounidenses, Jefferson, Jackson, Lincoln, Franklin Delano Roosevelt y Reagan, que lograron reformular totalmente la agenda nacional, generar una base de apoyo para llevar a la nación a dejar en el pasado los viejos problemas y mirar un conjunto global de nuevas posibilidades. En un contexto en que las viejas alianzas gobernantes se encuentran en decadencia y se empiezan a construir nuevas amalgamas de intereses que generan presiones frescas sobre las instituciones gubernamentales, estos presidentes recapturan la autoridad suprema y disponen de la extraña oportunidad de recrear las fundaciones de la política y el Gobierno.
Como contrapartida, en la política de disyunción el Presidente no puede ni afirmar el orden político ni repudiarlo directamente, con lo cual se eclipsa su autoridad para controlar la definición política del momento, y él empieza a ser consumido por el problema cuyo enfrentamiento es prerrequisito para el liderazgo, esto es, lograr credibilidad. Al perder el control de la definición de las dificultades de la nación, el presidente se sumerge en los propios problemas que debe abordar y se convierte en una caricatura fácil de todo lo que ha ido mal. Cualquier cosa ajena a una solución milagrosa trasladará a la oposición el control efectivo de la definición política de la situación. Sus desventuradas luchas por la credibilidad contrastan con un liderazgo de la reconstrucción.
El análisis de Skowronek resulta sugerente para indagar en la situación actual que enfrenta la Presidenta Bachelet. Asumió por segunda vez la Presidencia de la República con el compromiso de modificar sustantivamente el sistema tributario, de introducir la gratuidad y el fin del lucro en la educación; de transformar sustancialmente el sistema laboral y de iniciar la instalación de una nueva Constitución. Junto a ello aparecían propuestas que buscaban modificar sustantivamente el sistema de pensiones mediante la creación de una AFP estatal que, junto con entregar al Estado un control sobre parte del ahorro nacional, apuntaba a mejorar las pensiones. También aparecían medidas destinadas a revisar los procesos de privatización del agua y la salud, entre otras propuestas.
Se configuraba así un liderazgo político que buscaba reconstruir el orden político y económico, respondiendo a demandas recurrentes de amplios sectores ciudadanos. Sin duda, el esfuerzo presidencial se encontró con una fuerte oposición, y se vio afectado por debilidades en la conducción política y en la estrategia comunicativa hacia los ciudadanos, Pese a ello, la Presidenta logró importantes avances.
No obstante, el caso Caval puso en cuestión la definición de sus compromisos gubernamentales y generó un manto de duda sobre la definición de su lugar en la historia, todo lo cual ha puesto a la Presidenta frente a un dilema político profundo. Muchas voces sugieren o proclaman abiertamente que la Presidenta ha perdido el piso político para seguir impulsando las reformas; que debe olvidarlas y concentrarse en los problemas de la administración cotidiana, en particular la recuperación del crecimiento económico. Que la gestión cotidiana de la Presidencia de la República, más que las reformas a la legislación sobre financiamiento de la política, le permitirán recuperar la credibilidad y la aprobación de la ciudadanía. Estas voces sugieren que el camino más directo sería un cambio de gabinete, en el que un político experimentado asumiera la conducción, como una especie de Primer Ministro.
Este camino no da cuenta de las dificultades por las que atraviesa el sistema político y el modelo económico social. Por el contrario, profundizar con serenidad las reformas es lo que permitiría salir al país de la congestión en que se encuentra ya muchos años. Como en el pasado, cuando la Presidenta apostó su capital político para impulsar cruciales reformas, es hoy indispensable que ejerza el Poder Presidencial para cumplir su programa. Las reformas pueden coadyuvar a eliminar obstáculos estructurales que está enfrentando la economía.
No es un camino fácil. Si el año pasado se enfrentaron muchas dificultades, ellas son aún mayores después del caso Caval. Es ineludible e indispensable un “arreglo de cuentas” con la ciudadanía, ante lo cual no tiene sentido seguir haciendo caso omiso de los problemas de conducción política. Es indispensable un involucramiento presidencial con los partidos de la coalición; por ejemplo, la elección interna de la DC no pudo resolver los problemas que más bien se han agudizado. Todos los presidentes que han transformado los países han impulsado cambios institucionales de fondo, y para ello paralelamente han debido reconstruir sus bases políticas.
En cuanto a los procesos constitucionales democráticos exitosos, la experiencia nacional e internacional es clara respecto de que ellos han contado con una conducción política fuerte. En esos términos la actual situación chilena tampoco es auspiciosa. La Nueva Mayoría carece todavía de una unidad de criterios sobre los contenidos y los mecanismos. A la izquierda de esa coalición la situación tampoco es satisfactoria, dada la gran fragmentación, baja capacidad de movilización y las discusiones intrascendentes.
En los escenarios positivos y negativos es crucial la figura presidencial. La Presidenta enfrenta el dilema de constituirse en la reconstructora del sistema político y económico o, por el contrario, arriesga no poder evitar el colapso del sistema político vigente. Tenues son las líneas que separan a un(a) Presidente(a) exitoso(a) en el liderazgo de la resolución de crisis políticas profundas, de un Presidente(a) que culmina la decadencia del sistema. Por el bien de Chile, la Presidenta Bachelet está llamada a reconstruir su liderazgo.
