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Confusión o indefinición: ¿hacia Venezuela o Finlandia? Opinión

Confusión o indefinición: ¿hacia Venezuela o Finlandia?

Roberto Meza
Por : Roberto Meza Periodista. Magíster en Comunicaciones y Educación PUC-Universidad Autónoma de Barcelona.
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Parafraseando a Luis Corvalán en los 70, quien haciendo una figura retórica sobre la duración de la alianza del PC con partidos pequeñoburgueses dijo que algunos podrían acompañarlos hasta Puerto Montt, mientras otros solo llegarían hasta Rancagua, ahora, ¿vamos hacia Cuba, Venezuela o Bolivia, o hacia Finlandia, Francia o Alemania? He aquí el dilema y causa de las actuales incertidumbres.


La semana pasada hemos asistido a un nuevo embate interno entre las fuerzas políticas que conviven en la Nueva Mayoría en la forma de dimes y diretes públicos entre la Presidenta de la República, sus ministros del Interior y Hacienda, de Segpres y Segegob, y los dirigentes de los partidos de la Nueva Mayoría, respecto del llamado “realismo, sin renuncia” o los “cambios de rumbo” de centro, izquierda o ciudadanos.

Al mismo tiempo, se han publicado interpretaciones de estos hechos, muchas de las cuales los explican como una supuesta confusión de la Presidenta o de sus ministros o, simplemente, debido a una cierta incapacidad de liderar las diferencias planteadas por parte de la Primera Mandataria.

Sin embargo, lo que no se ha dicho con sinceridad es que, por primera vez, traspasados ya los límites de las tareas de cambio social que eran obvias para las décadas pasadas (pobreza y extrema pobreza), el propio desarrollo económico de los últimos años nos ha arrastrado a un momento de inflexión respecto del cual los distintos modos de ver el Chile que queremos, se están volviendo a enfrentar, debido a que, buena parte de las élites de izquierda y derecha, no han sabido –o no han querido– reconocer las nuevas circunstancias como “hijas propias y legítimas”.

En efecto, con el curso de esta crisis político-social de crecimiento –que se extiende ya por casi una década– se ha ido convergiendo en cierta unanimidad académica, social y de élites en que, alcanzados los US$ 20 mil per cápita, resulta imposible contener reformas 2.0 destinadas a las ahora mayoritarias capas medias, en áreas como la educación, relaciones laborales, tributación, previsión y salud pública. Sin embargo, más allá de los titulares, su implementación ha suscitado fuertes diferencias que, lejos de ser confusas, muestran claramente las fuerzas ideológicas en pugna, tanto en el Gobierno como en la oposición.

[cita] Si Ud. busca ir a Cuba o Venezuela, entonces está de acuerdo con una educación pública, gratuita, centralizada con un solo proveedor, el Estado, que elimina los colegios particulares subvencionados y el apoyo o becas a estudiantes que quieran ingresar a las universidades privadas, que finalmente también desaparecen; en lo tributario, Ud. quiere que las empresas aporten más de lo que está proponiendo la reforma de la reforma y si no quieren colaborar, expropiarlas; en lo laboral, quiere huelgas efectivas, sin reemplazo, para doblegar la resistencia empresarial, y titularidad sindical, para darle todo el poder al sindicato, eliminando la libertad de las personas a asociarse.[/cita]

Por de pronto, respecto de la reforma a la educación “pública, gratuita y de calidad”, los unos la vieron de vuelta al Estado, homogénea, única, conducida centralmente, con colegios retornados al sistema fiscal, sin particulares subvencionados ni copago, y profesores egresados de una sola gran escuela pública de pedagogía universitaria, con un currículo oficial, de manera de “emparejar la cancha” y dar mayor igualdad. Los otros la interpretaron como entrega de más recursos fiscales, materiales y técnicos, para la educación municipal, manteniendo los colegios municipales exitosos y reuniendo en corporaciones multicomunales los otros, de manera de mejorar su gestión, aunque siempre bajo un modelo descentralizado y libre; y para la educación particular subvencionada, eliminando el copago, entregándoles mayores recursos fiscales, sin más exigencias de que los dineros públicos sean para mejorar una calidad debidamente fiscalizada, pero libre en currículos y métodos de enseñanza, para asegurar diversidad y libertad educacional, fundada en el derecho de propiedad y de emprendimiento.

Todos también coincidieron en que, para materializar esta educación “pública, gratuita y de calidad”, el Estado requería de más recursos, los que tendrían que provenir de impuestos. Pero los unos vieron la reforma tributaria como un simple aumento de las tasas del impuesto a la renta de las empresas y personas de mayores ingresos, mientras que los otros agregaron factores que, a su juicio, eliminaban la elusión (ejemplo, FUT) y mejoraban la vida de las personas, y añadieron tributos al tabaco, bebidas, alcohol y la vivienda, que no solo afectaron a los sectores medios, sino que hicieron una reforma tan compleja que exigió de más de 50 circulares y relegislar para hacerla más simple.

También en materia laboral hay acuerdo en el título, pero profundas diferencias en sus “bajadas”, pues mientras unos la ven como la búsqueda de relaciones más equilibradas entre trabajo y capital, mediante ajustes que otorguen más fuerza negociadora a los trabajadores para mejorar sus remuneraciones, también buscan un ambiente de colaboración que facilite más capacitación para mejorar la productividad de la empresa y así enfrentar exitosamente la cruda competencia internacional y sobrevivir. Los otros, la ven como un momento de lucha entre capital y trabajo, con huelga efectiva para paralizar la empresa y obligar al capital a doblegarse en la redistribución de utilidades (cuando las haya) y dar poder al sindicato para definir las remuneraciones de sus afiliados, incluidas las de aquellos que no quieran sindicalizarse.

Lo mismo se puede decir sobre los temas previsional y de salud: nadie difiere de la necesidad de mejores jubilaciones, ni menos, en tener acceso eficiente, eficaz y digno a las prestaciones de salud. Pero los unos ven la previsión de vuelta al sistema solidario o de reparto, donde los trabajadores activos financian a los pasivos; y otros en la mantención del sistema de ahorro individual, con mejoras al pilar solidario y, por cierto, aumentando el porcentaje de cotizaciones y las edades de jubilación en un país cuya población ha extendido sus expectativas de vida en casi 12 años en los últimas décadas, lo que hace insostenible una jubilación más alta para los años de sobrevida de los afiliados (cuya extensión se calcula hasta 120 años). Y en salud, unos la quieren de vuelta al Estado –incluida la generación de infraestructura– y disminuir o eliminar la medicina privada a través de isapres, mientras que otros estiman pragmáticamente indispensable el aporte particular a un sector estructuralmente deficitario en recursos y profesionales.

A estas grandes reformas se podrían agregar otras tantas leyes que se vinculan con el modo de vida de cada uno, y cuyo abordaje nos hace volver a colisionar todos los días: descentralización, aborto, matrimonio homosexual, píldora del día después, adopción por matrimonios de igual sexo, todo lo cual desemboca en la necesidad de renovar el pacto básico que rige las relaciones en la sociedad, la Constitución. Aquí, de nuevo, unos ven la oportunidad para partir de cero, instalando una asamblea constituyente; y otros como un momento de renovación y modernización de aquellos aspectos que han sido evidentemente superados por la historia y que el Congreso debe sopesar y estudiar.

Se podría afirmar, en consecuencia, que las supuestas confusiones solo están en los discursos de quienes quieren evitar definiciones y/o en la mente del público menos informado. Las élites saben que estamos en un punto de inflexión que se inició con la afirmación de la diputada PC, Karol Cariola, quien dijo que el Gobierno de Bachelet era “el primer paso al socialismo” o, si se quiere, con la definición de la periodista Patricia Politzer y otros, que han dicho que el actual es un genuino «gobierno socialdemócrata, al estilo europeo».

Entonces, parafraseando a Luis Corvalán en los 70, quien haciendo una figura retórica sobre la duración de la alianza del PC con partidos pequeñoburgueses dijo que algunos podrían acompañarlos hasta Puerto Montt, mientras otros solo llegarían hasta Rancagua, ahora, ¿vamos hacia Cuba, Venezuela o Bolivia, o hacia Finlandia, Francia o Alemania? He aquí el dilema y causa de las actuales incertidumbres.

Si Ud. busca ir a Cuba o Venezuela, entonces está de acuerdo con una educación pública, gratuita, centralizada con un solo proveedor, el Estado, que elimina los colegios particulares subvencionados y el apoyo o becas a estudiantes que quieran ingresar a las universidades privadas, que finalmente también desaparecen; en lo tributario, Ud. quiere que las empresas aporten más de lo que está proponiendo la reforma de la reforma y si no quieren colaborar, expropiarlas; en lo laboral, quiere huelgas efectivas, sin reemplazo, para doblegar la resistencia empresarial, y titularidad sindical, para darle todo el poder al sindicato, eliminando la libertad de las personas a asociarse; y en lo previsional busca volver al sistema de reparto y, ojalá, expropiar los US$ 170 mil millones acumulados por las AFP, para conformar un gran fondo que se reparta solidariamente. Si no, entonces Ud. solo quiere “humanizar” el “neoliberalismo cruel” que ha operado en el país.

Chile está suficientemente maduro para elegir y es probable que aquello explique la actual debilidad del Gobierno, que muestra 70% de desaprobación. Pero la supuesta confusión no parece sino una forma de evitar una definición política que podría enajenarle alternativamente el apoyo del centro o de la izquierda dura.

En los hechos, si bien mayoritariamente los chilenos apoyan los titulares de las reformas, no parecen de acuerdo con las bajadas del Ejecutivo. Entonces, con seguridad, un real diálogo ciudadano con las diversas fuerzas sociales y políticas nos acercaría más a Finlandia, Francia o Alemania que, por lo demás, es la vía al desarrollo que hemos estado construyendo en las últimas décadas.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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