La comunidad de economistas suele definir los “bienes públicos” como aquellos que prescinden de exclusión y rivalidad. A diferencia de los bienes privados, estos bienes son gratuitos y están disponibles –universalmente– para todos aquellos que quieran acceder a ellos. Por ejemplo, el aire es un bien público que cumple con ambas condiciones. A pesar de esto último, en nuestro paisaje político, la educación superior en Chile se configura como un bien privado, dado que se establecen barreras de ingreso, tales como el arancel y la Prueba de Selección Universitaria (PSU). A ello se suma el hecho de que las matrículas son escasas y los alumnos deben competir por alcanzar un cupo.
Dado que la Universidad terciaria genera enormes externalidades positivas que contribuyen al desarrollo socioeconómico, el Estado ofrece subsidios a la demanda vía créditos y becas para reducir la barrera arancelaria. En la actualidad esto ha permitido que más de 460.000 alumnos hoy puedan acceder a la educación superior y no pierdan la oportunidad de cursar estudios universitarios por barreras socioeconómicas (Mineduc, 2015).
Dicho de otra forma, la propuesta vigente intenta transformar un bien privado en uno público vía mayores alternativas de financiamiento que minimicen la exclusión y que, por tanto, pavimenten el ingreso de los postulantes menos acomodados. Por su parte, el Gobierno de turno vía reformas o “glosa presupuestaria” intenta cambiar el mecanismo de financiamiento bajo la fuerte convicción de que el sistema de créditos y becas perjudica a las instituciones estatales y que la “gratuidad universal” está en mejores condiciones para garantizar el derecho a la educación.
Sin embargo, la izquierda evade una discusión más profunda y sensible, a saber, el fuerte precio no pecuniario que cargan los alumnos de los primeros quintiles, que recibieron una educación deficiente y deben enfrentar una barrera prácticamente infranqueable: la PSU. Esta prueba de selección es fuertemente criticada porque aumenta la brecha de resultados entre diferentes grupos socioeconómicos, ya que evalúa cobertura curricular de enseñanza media científico-humanista, discriminando a alumnos de liceos técnico-profesionales y de instituciones que concentran alta vulnerabilidad escolar, donde muchas veces la total cobertura curricular no se puede implementar. Llama la atención que quienes cuestionan la desigualdad desde la composición del mapa universitario –la estructura de clases y su efecto discriminador– tiendan a soslayar una materia tan sensible.
[cita]La Nueva Mayoría y en especial el Partido Comunista eluden desenfadadamente esta discusión porque soterradamente creen –cual elite de izquierdas– que la universidad no es para todos, sino para un “nicho intelectual” que manejará el futuro económico, social y político de la nación.[/cita]
Si alguien se autoproclama un militante de izquierda con real vocación de transformación –más allá de la ideología, y de las dificultades de implementación empírica y de gestión estatal– debe ser emplazado a un desafío mayor junto a todos aquellos que preconizan la “gratuidad universal” como mecanismo –filtro de selectividad– para garantizar mayor calidad e inclusión social.
Entonces: ¿qué tal si eliminamos la PSU de las universidades del Estado argumentando que este mecanismo de selección coarta el derecho a la educación universal? ¿No sería democrático y justo abrir las puertas sin restricciones de ningún tipo a todos los jóvenes que deseen estudiar en instituciones públicas? ¿Por qué no replicar las condiciones de ingreso a las escuelas municipales a la Universidad de Chile o a la Universidad de Santiago? o ¿por qué no eliminar la selección en instituciones que reciben fondos del Estado, imitando la reforma de inclusión escolar? Por último, dada la coyuntura del caso argentino, ¿por qué la izquierda comunista no se esmera en explorar la viabilidad del caso argentino congruente con un imaginario de inclusión social desde el Estado?
A no dudar, la Nueva Mayoría y en especial el Partido Comunista eluden desenfadadamente esta discusión porque soterradamente creen –cual elite de izquierdas– que la universidad no es para todos, sino para un “nicho intelectual” que manejará el futuro económico, social y político de la nación. La selección universitaria, anclada en las diferencias de calidad en el sistema básico y secundario, garantiza la identidad elitaria de la universidad y el eslogan de la gratuidad no es más que un discurso para sus partidarios que, sabiéndose excluidos de la educación superior, se alimentan de la esperanza de la gratuidad.
Lo anterior no guarda relación con un horizonte inclusivo. Es más, la izquierda elitaria desconoce que aun eliminando el arancel no se ha terminado con la exclusión, todavía falta el mecanismo más fuerte de segregación. Pero sin temor a equivocaciones, el actual progresismo no tendrá el valor de proponer la eliminación de la selección con la fuerza que lo hizo para reducirla en la educación escolar, a pesar de que esta va en su línea ideológica y programática.
Seguramente los Rectores de universidades estatales deberían concordar en que la PSU atenta contra el derecho a la educación que tanto se pregona para justificar la “gratuidad universal”. Por ello se insiste en la pregunta, ¿la PSU perpetúa las barreras adscriptivas que fomentan la desigualdad denunciada ancestralmente por la propia izquierda? Sin embargo, frente a este cúmulo de interrogantes, la Nueva Mayoría enmudece y carece de toda convicción para proponer su eliminación, principalmente porque una política de este tipo les quita el privilegio de educar a alumnos con mayor capital cultural, material y simbólico. La coalición de turno no está disponible para promover una diversidad sustantiva que, para su tranquilidad, no alcanza a ser absorbida por la reforma en curso. Claramente, saben que los alumnos de los últimos deciles serán los más beneficiados y bajo ese escenario la mantención de sus previlegios serán garantizados. ¡Juzgue usted!
Por último, el acceso a la educación superior debe estar cimentando sobre un mecanismo que promueva el esfuerzo individual, siendo este reconocido y financiado por el Estado. Además, debe focalizar el esfuerzo estatal sobre los más necesitados como mecanismo para avanzar hacia un país más justo y hacia una universidad realmente inclusiva. Lo demás es pura retórica.
