A poco más de un mes del lanzamiento de la Farmacia Popular Ricardo Silva Soto, es difícil imaginar las próximas elecciones municipales sin la construcción de proyectos o iniciativas de vocación popular. Una suerte de misil social en medio de una inflexible época centralista que tiene a su clase dirigente fuertemente deslegitimada. Ahora bien, más allá del ineludible mérito del equipo técnico y político del municipio de Recoleta encabezado por Daniel Jadue, este salto cualitativo ha remecido el sentido común de los municipios, sin por ello rescatar una comprensión de los procesos y factores históricos que explican la morfología crítica de esta iniciativa.
Por ejemplo, poco y nada se ha explicado por qué la farmacia popular es tan incómoda para la UDI-popular o cómo una experiencia de estas características se relaciona con la reestructuración del Estado en claves territoriales. Así, unos y otros han criticado y defendido la farmacia popular sin considerar el proceso fundamental de su origen: comprender su ruptura dentro de la continuidad municipal subsidiaria y clientelar que, para el caso chileno, se fundamentó como una razón geopolítica promovida en dictadura.
“Nos proponemos basar la acción del gobierno con una proyección geopolítica”, decía Augusto Pinochet Ugarte en su discurso de inauguración de año académico en la Universidad Católica (1975). Y, en efecto, dicha geopolítica, que para Pinochet suponía “la intervención científica de objetivos realistas, con metas nacionales, en sustitución de los ideologismos teóricos ensayados y fracasados”, trajo consigo una serie de políticas públicas que reactualizaron el proyecto ultraliberal y neoconservador de la dictadura, creando diversas formas y dispositivos espaciales que aún se imprimen en nuestras cotidianidades y territorios: 1) erradicación de los sectores populares del centro hacia las periferias –en verdaderos ejercicios enlaces con miles de familias y campamentos forzados a movilizarse–; 2) demarcación militar de regiones, comunas y provincias; 3) reubicación de capitales regionales y comunales por funciones exportadoras de materias primas; 4) construcción de infraestructura estratégica (véase la significativa Carretera Austral Augusto Pinochet Ugarte); 5) renovación urbana y programas de repoblamiento fronterizo, entre otras.
Este uso de la geopolítica como dispositivo de poder, fue la base de cómo se organizaron los actuales municipios y distritos electorales. La municipalización –al igual que la regionalización– fue parte de estos extraordinarios ejercicios de control político y organización de pactos territoriales que implementó la geopolítica de Pinochet: formas institucionales que articularon –y muchas de ellas continúan articulando– un orden interno para y desde el poder centralizado (“el Estado se descentraliza, el poder jamás”, decía Pinochet), formas institucionales que finalmente instituyeron prácticas sociales que facilitaron la reproducción de las formas de dominación y coerción social.
En este contexto, el municipio fue un órgano fundamental para ejecutar e implementar los nuevos patrones económicos y políticos del país: 1) permitió la operatividad del Estado subsidiario, ya que era el municipio el lugar donde se practicaron las nuevas focalizaciones sociales; 2) posibilitó una “reformulación de la política”, ya que fue el marco institucional que dio lugar a los instrumentos de “nueva participación social”, condicionando conservadoramente los contenidos y sus alcances, siempre en el repertorio de problemas a escala micro-local; 3) creó una nueva autoridad política que se tradujo en que los alcaldes fueron los sostenedores públicos del régimen militar, debilitando el lugar histórico de los partidos y las organizaciones sindicales (ver investigación de Verónica Valdivia).
Los alcaldes, así, fueron las autoridades fundamentales que cautelaron los contenidos del régimen ultraliberal en el plano social, mediante un exitoso clientelismo que, al final del proceso, dio sustento a una larga y ancha estrategia de cooptación que fortaleció la privatización de derechos sociales. La alcaldización entonces fue una invención política significativa del régimen, integrada orgánicamente con las ideas gremialistas de Jaime Guzmán y continuada por la Concertación. Sobre la base de esta ingeniería política fue la UDI-popular y no RN, la principal fuerza política del país a mediados de los noventa. Recordemos que fue un alcalde de Las Condes –Joaquín Lavín– el que casi llega a la Moneda.
¿Qué ocurrió en Recoleta entonces? Se invirtieron ciertas variables de continuidad municipal, aunque no del todo. Un alcalde –y no un partido– impulsó una política municipal que estrictamente debiese remitirse a una gestión local, a lo más “participativa”. Pero, de un momento a otro, dicha gestión se convirtió en un problema político de raíz nacional, mucho más allá de un subsidio para los más pobres. ¿Milagro, revolución democrática, poder popular? Nada de eso. Se trata de una política local creativa y anclada en una demanda social de fuerte inflexión simbólica, producto del brutal abuso de los aparatos financieros farmacéuticos. Pero que se fundamenta material y rupturistamente por la forma de su territorialidad: se extiende comunalmente.
Es así como Jadue movilizó lo que ningún partido y organización de izquierdas ha podido movilizar durante décadas: transformar una demanda social en un órgano institucional de pretensión popular con altos grados de legitimidad. Pero, al mismo tiempo, un órgano institucional –la farmacia popular– disponible para enfrentar y disputar la hegemonía del consenso ultraliberal con grados de paridad –hasta ahora– significativos, en un territorio concreto.
La pregunta que surge entonces es cómo Jadue pudo lograr estos rendimientos políticos, cómo llegó a esta pulsión democrática y territorial. Probablemente es una combinación de factores: clima político, herejía, creatividad, astucia, tacto, análisis técnico, dominio de las normativas urbanas y, por supuesto, un fuerte conocimiento de las trabas municipales heredadas. Ahora bien, más allá de las particularidades del caso, la iniciativa de Recoleta debiese servir de inspiración para resignificar el papel de los municipios y las redes territoriales como fuentes de organización y construcción popular. En otras palabras, desde un potencial metodológico abierto y no calcado, debiese ser un punto de partida para reconstruir un nuevo proyecto municipal.
[cita tipo=»destaque»]La minimización de la política comunal, reducida a la entrega de subsidios o la organización de fiestas y proyectos micro-micro locales, con juntas de vecinos, centros de madres y organizaciones civiles, tal como las pensó Jaime Guzmán, juegan una nueva disposición en la cancha.[/cita]
A contracorriente de las diferentes hipótesis populistas o electoralistas, la farmacia popular sirve como un gran ejemplo para romper con el sistema ultraliberal, pero, sobre todo, disputar con la lógica centralista anclada en las culturas orgánicas de los partidos políticos nacionales. De allí el potencial social de una nueva imaginación comunal dispuesta enfrentar a la lógica centralista y autoritaria del proceso regional pinochetista, profundizado por las reglas monopólicas del valor de cambio.
Eso sí, no se trata de cualquier disputa, se trata de un desplazamiento de la forma de hacer política-comunal que permita una conexión real entre la brutal desigualdad social campante y un instrumento político e institucional capaz de dar garantías a las demandas y proyecciones sociales. Una forma institucional abierta y alerta a la indignación de tanto abuso flagelante y naturalizado, pero, sobre todo, dispuesta a llevar el dolor de miles de familias que han visto amenazada su vida por el ultraliberalismo, a una oferta política concreta.
Georg Lukács sostuvo alguna vez que “la función de la democracia socialista es precisamente la educación de sus miembros con vistas al socialismo”. He allí una de las enseñanzas más significativas de la iniciativa de Recoleta: hacer posible lo imposible, socializar y compartir el producto social de aquello individualizado y privatizado por el dinero; abusar y expandir una creativa forma de abrir el consenso ultraliberal desde el municipio, revitalizando el derecho a la organización y producción de los bienes comunes.
¿O acaso solamente lo farmacéutico tiene una dimensión popular? ¿Por qué no pensar desde las diferentes realidades territoriales y sus comunidades? ¿Por qué no pensar desde los deseos y placeres sociales y las dimensiones antropológicas más amplias de la existencia? ¿Acaso no podríamos organizar nuevos dispositivos espaciales con sentido popular y sacarnos de una buena vez la geopolítica pinochetista? ¿Supermercados comunales, ferreterías populares, clínicas municipales? ¿Quién dijo que no se podía (además de la UDI y los grupos empresariales que financian sus campañas fraudulentamente)?
Ciertamente todavía desconocemos los reales impactos de la iniciativa de Recoleta. No obstante, lo que sabemos a la fecha es que se tensionan los municipios y los alcaldes armados por el clientelismo. La minimización de la política comunal, reducida a la entrega de subsidios o la organización de fiestas y proyectos micro-micro locales, con juntas de vecinos, centros de madres y organizaciones civiles, tal como las pensó Jaime Guzmán, juegan una nueva disposición en la cancha. La Farmacia Popular Ricardo Silva Soto inaugura entonces una nueva imaginación por el accionar comunal.
