En un artículo reciente publicado en El Mostrador, “Elección directa de Intendentes: ¿debilita o fortalece al Estado?”, de Rodrigo Rettig, insertado en el contexto de la discusión parlamentaria por permitir la elección de Intendentes regionales, su autor firma que: “someter la elección de Intendentes a un sistema de votación popular debilitaría al Estado” y podría ser “signo de grandes problemas con que tendría que lidiar el Presidente de la República”. En las siguientes líneas quisiera examinar los argumentos y discutirlos.
Primero, el autor sostiene que el Estado se debilitaría si se permite la elección popular de los Intendentes. Aclara que habla del modelo de Estado, “unitario y presidido por la figura uni-potenciaria del Presidente de la Republica”. Esto es, instala la premisa de que Estado unitario fuerte es posible si hay un Presidente todo poderoso. La única evidencia empírica que ofrece a favor de su tesis, es recordarnos la historia de 200 años de Chile, y algunas elucubraciones que hablan de que: “el Presidente requiere para efectuar un trabajo cohesionado a nivel nacional, como también para poder demostrar mayor gobernabilidad al electorado, poder contar con funcionarios de su exclusiva confianza que garanticen fidelidad con el proyecto de gobierno impulsado desde La Moneda”.
Contra su análisis se debe recordar que la historia de Chile es un campo de narrativas en disputa (más vale hablar de “las” historias de Chile). Y que siempre ha habido crítica a ese modelo de Estado, que ha pervivido gracias a que sus adeptos han sido eficaces en pasar a cuchillo a sus detractores (especialmente en el siglo XIX), antes que a convencerlos racionalmente de las bondades del régimen que promueven. Dicho lo anterior, si aceptáramos la premisa del autor (párrafo anterior), tendríamos que aceptar que Estados federados como Estados Unidos, Alemania, Suiza, Rusia, Australia, Canadá, etc., en las antípodas de lo unitario, serían Estados débiles (en nuestro vecindario Brasil, Argentina, o México). Y también que esos conocidos como Estados regionales o descentralizados (España, Italia, otros), serían igualmente débiles. Sin duda, una premisa difícil de tragar (algunos de esos Estados son a la vez presidencialistas). Al parecer, la unidad y fortaleza de un Estado no depende del control unilateral de ese Estado por un Presidente fuerte, sino también –entre otras cosas- es posible en la co-implicación de una pluralidad de gobiernos internos, que pueden competir entre ellos, pero también co-gobernar o tomar decisiones en conjunto, como lo muestra la exitosa existencia de los Estados mencionados antes (algunos de ellos los más poderosos del planeta).
Acabo el punto diciendo que el autor nos deja entrever que la elección de autoridades regionales pone en riesgo la lealtad de los funcionarios al proyecto del ejecutivo. Eso es una verdad relativa, por cuanto la elección de dichas autoridades supone reemplazar una lógica unilateral en la toma de decisiones por una multilateral, en que las competencias de autoridades a nivel regional no se conciben fuera de la ley (además muchos Intendentes pueden ser del mismo partido que el Presidente y por tanto alineados-subordinados a él y sus políticas). Esas competencias están normadas, reguladas, legitimadas, como lo muestra la práctica de compartir el poder-gobierno en países descentralizados, en que pactar con el gobierno central es política de cada día. En el fondo, en la descentralización se co-gobierna con el Estado central (no se hace lo que da la gana). Y la fidelidad de los funcionarios al gobierno central es posible tanto en modelos de Estado unitario como federales o descentralizados. Es más, resulta más apropiado hablar de lealtades en los últimos, porque en los primeros existe subordinación. La lealtad o la fidelidad solo es posible de imaginar en personas libres, no en los que únicamente obedecen porque no tienen otra opción.
Segundo, el articulista sostiene que elegir Intendentes democráticamente, “atentaría contra el principio establecido en el artículo 3° de la Constitución Política de la República, el cual señala que Chile es un Estado unitario”. Con este argumento de autoridad se nos quiere decir, que porque la Constitución dice en su artículo 3 bla, bla, bla… no se puede obrar en sentido diferente. Solo resta aplicar el precepto. Hay una mirada de la Constitución en esta frase, que la concibe como un libro sagrado (una Biblia, un Corán), cuya verdad revelada en su articulado, es un punto vista incuestionable (solo acatable). Pero ojo, en atención a la historia política, la Constitución que contiene el artículo 3 mencionado, fue impuesta al país bajo una dictadura y aprobada de manera aviesa, por lo que hoy está deslegitimada y se busca cambiarla, desde el poder-gobierno -iniciativa Bachelet por una nueva Constitución- como desde grupos organizados de la sociedad civil (Asamblea Constituyente, por ejemplo).
En consecuencia, ese artículo no puede condicionar la vida política del país para siempre, pues en política cuando las correlaciones de fuerza en la sociedad y el poder cambian (como parece ser el caso hoy), es seguro que los efectos de ese cambio afectarán al texto. Los textos Constitucionales, que en teoría suponen un “pacto” social y político de los ciudadanos, en cuanto reglas a respetar para una mejor convivencia (lo que no ocurrió en la génesis de la presente Constitución ni las anteriores); no son más que instrumentos legales, diseñados para ciertos propósitos (el más importante de ellos mantener la estabilidad entre los ciudadanos). Si los intereses de la gente, así como sus necesidades y expectativas cambian (como parece haber ocurrido en Chile con la demanda de empoderar las regiones), el instrumento tendrá que amoldarse a la nueva situación. Si el texto constitucional no da cuenta de los cambios que se producen en la sociedad política, se vuelve obsoleto e invita a sobrepasarlo, y con ello se tensiona la estabilidad social, cosa que un político responsable no querría que ocurriera. Por lo anterior, dicho argumento de autoridad no es determinante.
Tercero. El articulista sostiene que: “Nuestro país peca de presidencialismo”, lo que equivale a decir que hay una cultura política que determina que las cosas sean así y no de otra forma. A veces –en otros espacios- se verbaliza esta idea bajo el concepto: “la idiosincrasia del chileno”; como si los chilenos estuvieran destinados a abrazar esas ideas políticas “porque sí”. Discurso contrario a una explicación en base a la historia o al racionamiento científico-social. Lo cierto es que la gran mayoría de los chilenos (la chusma usando la caracterización de un Presidente uni-potenciario), en toda época han estado ausente de determinar el tipo de Estado que quieren (no pecan de nada porque nadie les ha consultado nunca en referéndum o de otro modo). Y este les ha sido impuesto por elites iluminadas o mesiánicas convencidas-fanáticas de un modelo determinado Estado (en este caso unitario), vía golpes de Estado, guerras civiles o asesinatos políticos de opositores al modelo.
[cita tipo=»destaque»]En consecuencia, ese artículo no puede condicionar la vida política del país para siempre, pues en política cuando las correlaciones de fuerza en la sociedad y el poder cambian (como parece ser el caso hoy), es seguro que los efectos de ese cambio afectarán al texto[/cita]
Los procesos políticos chilenos que han dado forma al modelo de Estado unitario que hoy nos ocupa, en su origen no tienen nada de racionales ni democráticos ni incluyentes de los “ciudadanos”, sino pasiones que han causado lo opuesto a unir la sociedad en el respeto a las instituciones estatales, como el Estado unitario y el presidencialismo. El ejemplo más cercano de eso lo tenemos en la Constitución del 1980 (reformada por Lagos el 2005), de donde sale el artículo 3 antes mencionado, y que tiene al país dividido como otras políticas emanadas de la dictadura (AFPs, por ejemplo.). No es posible imaginar una dictadura que conciba un país que no pueda controlar, lo que explica el énfasis en “Estado unitario” y una regionalización débil o carente de poder para las regiones, como la que se impuso al país. Al cabo, se buscaba que ni una hoja se moviera, sin que el dictador-Presidente a cargo del Estado lo supiera.
Palabras finales. En mi paso por la Comisión Asesora Presidencia en Descentralización (2014), no percibí de parte de ninguno de los otros comisionados, una actitud que reivindicara que el Estado central no tiene un rol que jugar en un Chile, que profundice la descentralización política y elija las autoridades regionales (que es lo mínimo por hacer en una descentralización política del Estado). Las resoluciones de la esa Comisión y las ideas de muchos regionalistas, federalistas y autonomistas que conocimos en los procesos de diálogo, y que alimentaron las resoluciones estampadas en el documento final (y no son todos los descentralistas que existen en el país), expresan la idea y el deseo de una reestructuración pluralista del Estado, no contra el Estado central, sino a favor de que termine el unilateralismo en la toma decisiones políticas, sobre materias que afectan directamente a los habitantes de las regiones y sus recursos.
El autor del trabajo que origina mi artículo-respuesta, es capaz elucubrar las ventajas de la descentralización, cuando dice que está “fuera de discusión está el hecho de que la elección de Intendentes en forma directa ayudaría sin lugar a dudas a obtener un país más justo, igualitario y desarrollado en sus regiones. Las autoridades electas serían directamente responsables de los servicios estatales ofrecidos a la población de su región, habría mayor autonomía en la toma de decisiones, lo que sería beneficioso para evitar la eterna burocracia administrativa centralista, existiría mayor probabilidad de consecución de objetivos regionales, como también le daría mayor legitimidad democrática al Intendente ante sus habitantes. Asimismo, se produciría una cohesión territorial interesante, toda vez que los habitantes de las respectivas regiones serían avalados por la posibilidad de votar a su líder regional y su voz sería escuchada en forma “oficial”. Sin embargo concluye que todo eso es malo, porque terminaría debilitando al Estado (central) unitario fuerte al que asocia a Presidente todo poderoso controlador de las regiones.
A mí me parece que no es así y que su argumento de que elegir autoridades regionales debilita al Estado y causaría problemas al Presidente, es débil (por todo lo ya adelantado). Es más, dicha afirmación solo se justifica dentro del marco de un argumento, que asume sin pruebas, que Estado unitario fuerte es posible si y solo si hay un Presidente poderoso. No considera la evidencia comparativa de que los Estados más fuertes del planeta, son los más descentralizados, así no sean presidencialistas, semi-presidencialistas o parlamentarios (mencionados algunos antes). Y sobre todo, sin considerar que las propuestas del universo de personas descentralizadoras en Chile, no busca dañar al Estado central (ni cuestionar su soberanía global), sino terminar con una idea de Estado gobernado piramidalmente, que solo ha traído marginalidad a los cuidados de la periferia. La voluntad de vivir unidos bajo un Estado, no tiene por qué expresarse únicamente bajo la fórmula de “Estado unitario” fuerte con Presidente todopoderoso, sino también es posible imaginarla bajo la forma de una democracia republicana descentralizada.
Al cabo, la fortaleza y la unidad que hacen poderoso a un Estado, tiene que ver con el sentido de inclusión y de respeto a sus ciudadanos por igual, y no como ahora en que los de la periferia son de segunda clase (al igual que los marginados por género, etnicidad, clase, etc.). Por ello, no hay que temerle a más democracia y más descentralización, sino darles la bienvenida.
