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La FAO y nuestra opaca Ley de Pesca

por 24 noviembre, 2016

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El Informe sobre la Ley de Pesca preparado por la FAO a solicitud del Gobierno entrega, más que propuestas, una serie de recomendaciones del todo atendibles y que deben ser consideradas en la necesaria reforma de la cuestionada legislación pesquera chilena.

Especial interés genera el Capítulo 5 del documento referido a la Regulación al Acceso a la Actividad Extractiva, en el que la FAO establece 5 criterios para la asignación de recursos pesqueros. Estos son la conservación, el rendimiento económico, la viabilidad administrativa, los valores sociales –como la equidad y la transparencia– y la aceptabilidad política. Los dos últimos han estado, hasta ahora, muy lejos de la discusión pública a pesar de su innegable importancia.

Para la FAO, dentro de los valores sociales están la transparencia y la equidad. Así, un sistema de asignación de los derechos y/o recursos pesqueros solo será aceptable si es transparente y equitativo, cosa que por cierto no ocurre hoy en Chile. La equidad, por tanto, no es un aspecto periférico o lejano a la actividad pesquera, al igual que tampoco lo son el cambio climático y la seguridad alimentaria.

La cuestión relativa a la transparencia es todavía más evidente. Prácticamente no hay nadie que niegue la opacidad en la tramitación de la ley vigente.

Los recursos pesqueros en Chile no pueden seguir siendo considerados exclusivamente como una fuente de negocios. La propia FAO sostiene que el cambio climático aumentará el hambre y la malnutrición y que empeorará la vida de unos 200 millones de familias en todo el mundo cuyos medios de vida dependen de la pesca y la acuicultura.

Respecto al criterio de la aceptabilidad política, la FAO sostiene que se trata de “un requisito para aprobar y sostener en el tiempo el sistema de asignación de derechos de pesca”, requisito que la actual legislación no cumple.

Así, para garantizar la aceptabilidad política y los valores sociales de transparencia y equidad es necesario realizar modificaciones profundas a la Ley de Pesca vigente. Ello, necesariamente, implica cambiar las reglas del juego existentes por otras más justas, equitativas, aceptables y transparentes, que incorporen variables como el cambio climático y la seguridad alimentaria, que hoy concitan una preocupación global.

Los recursos pesqueros en Chile no pueden seguir siendo considerados exclusivamente como una fuente de negocios. La propia FAO sostiene que el cambio climático aumentará el hambre y la malnutrición y que empeorará la vida de unos 200 millones de familias en todo el mundo cuyos medios de vida dependen de la pesca y la acuicultura.

La inclusión de elementos en la Ley que fomenten la producción pesquera para consumo humano, el establecimiento de acciones para promover la evaluación, prevención y desarrollo de la capacidad de adaptación ante el cambio climático, la redefinición de los objetivos biológicos para la fijación de cuotas de captura, acorde a las prácticas científicas actuales, son también variables que la FAO plantea como necesarias de abordar.

Asimismo, y en concordancia con la propuesta de modificación que presentamos en conjunto con las senadoras Goic y Muñoz, el organismo internacional recomienda asumir una preocupación especial por la pesca artesanal y el resguardo del patrimonio nacional frente a intereses mercantiles y depredadores.

En esa propuesta, hoy en la comisión de Pesca del Senado, consignamos la necesidad de reafirmar el carácter público de los recursos del mar; el establecimiento de licencias transables por 10 años, sujetas a licitaciones sucesivas y anuales; la extensión a todo el territorio de las 5 millas de protección para la pesca artesanal, la eliminación de la pesca de arrastre y la ampliación de la cuota del consumo humano.

Esta moción –en su momento criticada– aparece hoy alineada con las propuestas de la FAO, en tanto pone un especial énfasis en la protección de la pesca artesanal, de los recursos pesqueros y los ecosistemas marinos, con la intención de preservar nuestras riquezas para el país y las generaciones futuras.

Tal como lo señaláramos hace ya varios meses, las recomendaciones de la FAO no constituyen por sí solas un proyecto de ley ni mucho menos. Sin embargo, contribuyen al enriquecimiento del debate y a ampliar los límites de la discusión acerca de la legislación pesquera que como sociedad necesitamos y con cuya modificación estamos comprometidos.

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