La democracia entendida como organización y forma de ejercicio del poder se construye sobre la base de dos elementos: la autonomía y la igualdad política. Respecto de la autonomía, esta se vincula a la ausencia de condiciones, limitaciones o restricciones para la formación de la voluntad de un pueblo. La igualdad política, por su parte, exige que el proceso político incluya a todos para la formación de la voluntad general.
Así, si se analizan las categorías de leyes que nuestra Constitución denomina como las Leyes Orgánicas Constitucionales (LOC), la conclusión a la cual se llega, necesariamente, es que existe una sospecha o una desconfianza hacia las mayorías. Esto habría llevado a establecer un sistema normativo con cuórums reforzados para ciertas materias. Es más, autores como Bertelsen Repetto, propusieron que estas leyes con cuórums especiales serían un complemento de la Constitución, estableciendo una jerarquía intermedia entre la Ley y la Constitución, sometiéndolas además a un control preventivo y obligatorio por parte del Tribunal Constitucional (TC). Esta es la idea de fondo que se materializó en nuestra Constitución, y que en gran medida se mantiene hasta nuestros días.
Desde esta perspectiva, parece importante referirse a las LOC como un impedimento a la aspiración de mayor y mejor democracia. Las LOC requieren de 4/7 para su aprobación, modificación o derogación. Por eso siempre se ha requerido de un acuerdo entre oposición y gobierno para cambiar materias sobre educación, partidos políticos o concesiones mineras. Y aun cuando el binominal ha sido derogado –la nueva forma de elegir a nuestros diputados y senadores operará parcialmente en la próxima elección parlamentaria–, las técnicas binominalizadas de nuestro Congreso todavía subsisten.
[cita tipo=»destaque»]Sumado a ello, la imposibilidad de acceder a datos utilizables sobre las personas o empresas dueñas de los proveedores del Estado, hace que hoy en día sea prácticamente imposible revisar la competitividad y la concentración real dentro del mercado público. No se trata de un problema de “transparencia”, sino de un problema de eficiencia y probidad de las compras, aspecto muy delicado, considerando que tanto por el tamaño del mercado público, como también por la complejidad del proceso, las compras públicas son una de las áreas más vulnerables a la corrupción en el Estado.[/cita]
Quienes sostenemos una crítica a las LOC pensamos que estas son en Chile una anomalía democrática. Forman parte, junto con otras instituciones de nuestro sistema constitucional, de enclaves que limitan la expresión democrática de las mayorías y que impiden cualquier cambio sin la participación de la derecha. Están establecidas justamente para salvaguardar un modelo político, económico y social construido en sus pilares fundamentales por medio de este tipo de leyes. Adicionalmente, las LOC están sometidas a un control preventivo y obligatorio por el Tribunal Constitucional antes de ser promulgadas, lo que implica un doble cerrojo, ya que se transforma al TC en un legislador negativo o en una tercera cámara.
En Chile, quienes defienden la estructura de las LOC, argumentan que estas, en primer lugar, fortalecen la separación de funciones frente al gobierno de los partidos. Y, en segundo lugar, privilegian la función de las minorías para controlar el ejercicio del poder de las mayorías.
Sin embargo, quienes criticamos la estructura chilena de las LOC sostenemos que la construcción de un proceso democrático, aun manejado por el argumento de la estabilidad política, no es primordial y, por lo tanto, es necesario replantear el esquema constitucional con una tipología más simple y que sea reflejo de la situación democrática chilena.
Bajo esta perspectiva crítica es necesario implementar un sistema en donde el lugar principal sea el Congreso, ya que es aquí donde se desarrolla la condición base igualitaria de la democracia. Ello se produce, primero, mediante el voto, que permite tratar a todos los ciudadanos por igual y, segundo, a través del voto de los representantes, quienes también se igualan en el ejercicio de la función para la cual han sido elegidos.
En concreto, esta visión crítica pasa por dos ejes que exige la democracia chilena: I) En una democracia, las leyes deben ser aprobadas por la mayoría de los diputados y senadores y las supramayorías solo deben quedar reservadas a materias de reforma constitucional; II) Eliminar la facultad de control preventivo y obligatorio de constitucionalidad que realiza el Tribunal Constitucional; el contenido de la crítica planteada es en el fondo una objeción democrática consistente en que las leyes supramayoritarias, como las LOC, implican que a mayor cuórum para su aprobación o enmienda, se vulnera el principio democrático, pues mayor es la sospecha hacia la mayoría, aumentándose aún más la afectación de este principio por el control preventivo y obligatorio que realiza el TC sobre estas normas.
La Comisión de Constitución de Cámara de Diputados inició la discusión de un proyecto de ley de reforma constitucional que pretende rebajar el cuórum de aprobación de las LOC de 4/7 a mayoría absoluta de diputados y senadores en ejercicio. Como hemos señalado, la existencia de las LOC es un problema de relevancia constitucional. Por eso, hoy que estamos viviendo un proceso constituyente, es de vital importancia colocar este tema en la deliberación pública. No se trata de una cuestión meramente formal, como sería bajar cuórum de aprobación a las LOC, implica además derogar control preventivo y obligatorio del TC y delimitar las materias que van a estar sometidas a un cuórum reforzado. Es un tema que exige un enfoque más democrático, que permita hacernos cargo de una nueva solución a un problema constitucional existente, con más democracia y teniendo como futuro una Nueva Constitución.
