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por 15 mayo, 2017

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El gobierno de la Presidenta Bachelet y la Nueva Mayoría definirá su carácter en los meses que le resta, que en los tiempos acelerados que corren resulta más que suficiente. Puede pasar a la historia como un gobierno bien intencionado que no logró sacudirse las ataduras de los interesados en conservar una situación que se derrumba a ojos vista. Pero la Presidenta tiene en su mano pasar a la historia como quien supo conducir una de las mayores irrupciones políticas populares de la historia chilena, para iniciar las reformas que hay que realizar. Ello será definitorio en las próximas elecciones. La diferencia puede radicar en lo que haga finalmente en educación superior, pensiones, y el financiamiento ilegal de la política, entre otros temas clave.

La reforma de educación superior es sin duda la promesa principal de la Presidenta con quienes en definitiva la elevaron a su segunda magistratura, los estudiantes y la comunidad educativa. No la está cumpliendo. El proyecto de ley presentado es francamente infame, puesto que en los hechos prohíbe la gratuidad al condenarla a un calendario de recaudación fiscal que resulta como perseguir el arco iris, siempre se aleja. La prohíben “porque no hay plata” y al mismo tiempo entregan esa misma plata en créditos y becas.

Consolida legalmente lo que ha sido siempre la política de la Concertación en la materia, implementada a través de la ley de presupuesto: defender a brazo partido y aumentar año tras año el financiamiento público mediante vouchers, créditos y becas, a sabiendas —lo han escrito sus inspiradores con toda claridad y les ha resultado en la práctica—que esa es la palanca fundamental de la mercantilización y privatización de la educación y el lucro consecuente.

Cambiarle el carácter a esta ley es bien sencillo y de iniciativa exclusiva del gobierno: consiste precisamente en eliminar el artículo infame (trigésimo tercero transitorio) y al mismo tiempo trasladar todos los fondos CAE y becas, a gratuidad, en la ley de presupuesto 2018. Puede que la ley no la alcancen a aprobar y menos si modifican su carácter infame, pero la intención la dejan clara y entregando todos los recursos públicos de “ayudas estudiantiles” exclusivamente mediante la glosa de gratuidad, con lo cual la extienden a dos tercios de los estudiantes y a nueve deciles de ingresos, dejan la vara muy alta a cualquier gobierno que venga. Ochocientas mil familias lo agradecerán a la Presidenta para siempre. A eso puede sumar la condonación de deudas cae con financiamiento fiscal, lo que no cuesta un peso al erario porque el dinero ya se gastó.

Consolida legalmente lo que ha sido siempre la política de la Concertación en la materia, implementada a través de la ley de presupuesto: defender a brazo partido y aumentar año tras año el financiamiento público mediante vouchers, créditos y becas, a sabiendas —lo han escrito sus inspiradores con toda claridad y les ha resultado en la práctica—que esa es la palanca fundamental de la mercantilización y privatización de la educación y el lucro consecuente.

En materia de pensiones, el proyecto del gobierno es regresivo, recesivo y no mejora significativamente las pensiones. Por decirlo en una cifra, si se cumple la promesa de mejorar las pensiones en 20 por ciento ahora, ello traspasará  50 mil millones de pesos mensuales (equivale a un punto de los cincos de cotización adicional) a los  trabajadores jubilados, mientras al mismo tiempo traspasa 200 mil millones adicionales a los “mercados” financieros, para retornar jamás, al tiempo que se carga a las PYME con un alza fuerte de sus costos laborales al inicio de una recesión. Sin embargo, se le puede cambiar el carácter fácilmente destinando toda la nueva recaudación a reparto, lo que elevaría las pensiones al doble y se puede sostener en el tiempo sin mayor costo fiscal.

La política del SII de no presentar querellas en los casos de financiamiento ilegal de la política y la negativa de reconocer que la precampaña presidencial recibió financiamiento ilegal del extranjero,  son acciones absolutamente inaceptables del gobierno, muy peligrosa en las actuales circunstancias de descrédito del sistema político. Ello ha sido rechazado en forma unánime por la opinión pública, que está indignada al respecto con toda razón, pero también por la Contraloría, los fiscales y la Corte Suprema de Justicia. La Presidenta tiene que asumir ella la iniciativa al respecto tal como lo hizo al nombrar la Comisión Engel, debe ordenar al SII iniciar querellas a todos los involucrados,  empezando por los partidarios del gobierno, patrocinar la ley actualmente en discusión en el Parlamento que otorga a los fiscales atribuciones a iniciar acciones por su cuenta, y en el caso de la Presidenta, al igual que el Presidente Santos de Colombia en un caso idéntico, reconocer lo evidente, puesto que lo han reconocido el que entregó la plata y el que la recibió, que es el jefe de finanzas de su campaña, aclarar que ella no sabía ni lo autorizó , lo cual también es obvio.

A estas alturas son muy pocos los optimistas a estos respectos y la incredulidad parece razonable, especialmente conociendo algunos de los artistas involucrados. Yo, al menos, me contaré entre los primeros e insistiré hasta el último día en lo que me parece que hay que hacer.

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