Hace pocos días se realizó el lanzamiento de la candidatura presidencial de Alejandro Guillier, en el denominado “Caupolicanazo”, ocasión en la que se presentaron los ejes programáticos de su candidatura, los que ahora están detallados en un extenso documento. El pilar sostenedor de esas bases programáticas es el reemplazo de la actual constitución como condición necesaria para realizar las propuestas anunciadas el día del lanzamiento. Desde un comienzo el documento señala que la constitución vigente es “la gran barrera que impide avanzar” hacia el tipo de sociedad y de Estado que el proyecto presidencial de Guillier busca.
Un par de cuestiones son destacables desde el punto de vista del proceso constituyente. En primer lugar, el hecho de que una de las principales candidaturas presidenciales reconozca que el problema constitucional es fundamental para resolver la deslegitimación del sistema político frente a la ciudadanía. Siguiendo el tono del diagnóstico presentado por la Presidenta en la Cuenta Pública del 1° de junio, el documento de Guillier habla de una “crisis de confianza” –antes que de una crisis de representación–, y pone la causa de ella en los abusos y la corrupción de algunos actores políticos y privados –en vez de atribuir su origen a estructuras político-institucionales como la constitución–. En otras palabras, no sería el sistema el que está podrido, sino unas pocas manzanas. Aun así, es destacable el hecho de que se reconozca que un programa de transformación y redefinición del Estado requiere un cambio en la distribución del poder político para lograr metas tales como una descentralización efectiva, modernización del aparato público, diversificación de la matriz productiva y la reducción de las desigualdades.
[cita tipo=»destaque»]El programa no se manifiesta a favor de un mecanismo de reemplazo, a pesar de que la Asamblea Constituyente cuenta con un amplio respaldo entre los partidos que lo apoyan, y por parte de las personas que participaron de los encuentros y cabildos. Más aún, con la decisión de la DC de llevar candidatura presidencial propia, los defensores de la propuesta alternativa a la Asamblea Constituyente -a saber, la “Convención Constituyente” propuesta, entre otros, por Ignacio Walker y que sería integrada de manera mixta por congresistas y ciudadanos- deberían quedar circunscritos a algunos sectores de ese partido.[/cita]
En segundo lugar, la propuesta va más allá de expresar la voluntad de reemplazar la actual Carta Fundamental, sino que incluye propuestas específicas acerca del contenido que debería tener la nueva Constitución, varias de las cuales coinciden con los resultados de la etapa participativa del año pasado. Entre ellas, destaca la formación de un régimen de gobierno semipresidencial, la incorporación de mecanismos de democracia directa, respeto por el medio ambiente, eliminación del Tribunal Constitucional y otras propuestas como la reducción de los quórums legislativos supramayoritarios. No obstante, en algunos aspectos se aleja de los resultados de ese proceso –y quizás también de la DC–, como cuando incluye entre los principios constitucionales fundamentales la laicidad, o al no incorporar como valor o principio fundamental el concepto de bien común.
En tercer lugar, la propuesta constitucional de Guillier se presenta como un esfuerzo por dar continuidad al proceso que ha llevado adelante el gobierno de la Presidenta Bachelet, definido como democrático, participativo e institucional. En efecto, es tal la continuidad que las mismas dudas e incertidumbres que surgen del itinerario del gobierno actual pueden plantearse respecto de la propuesta del candidato Guillier. El documento programático declara que su compromiso es “continuar con dicho proceso institucional, concretando un procedimiento de cambio constitucional lo más ampliamente participativo y democrático”, pero no hay detalles sobre la forma que tendrá esa participación; si acaso será similar a la del año pasado, si apuntará a lograr mayor convocatoria, mayor representatividad, mejores condiciones para la deliberación sustantiva, etcétera. La falta de definiciones sobre esas cuestiones de diseño mantiene, en particular, las incertidumbres que surgen del proyecto de reforma al capítulo XV de la constitución, enviado por el gobierno, y que busca habilitar la convocatoria a una “Convención Constitucional” cuya integración y mecanismos de participación ciudadana serían definidos por una ley posterior. La ausencia de propuestas al respecto podría significar que la intervención de la ciudadanía podría quedar suscrita a lo que fue la celebración de encuentros locales autoconvocados y cabildos, si es que el Congreso así lo decide. Dado el peso del Ejecutivo en el proceso legislativo, la falta de definición sobre estos aspectos es un déficit preocupante.
En esta misma línea, el programa no se manifiesta a favor de un mecanismo de reemplazo, a pesar de que la Asamblea Constituyente cuenta con un amplio respaldo entre los partidos que lo apoyan, y por parte de las personas que participaron de los encuentros y cabildos. Más aún, con la decisión de la DC de llevar candidatura presidencial propia, los defensores de la propuesta alternativa a la Asamblea Constituyente -a saber, la “Convención Constituyente” propuesta, entre otros, por Ignacio Walker y que sería integrada de manera mixta por congresistas y ciudadanos- deberían quedar circunscritos a algunos sectores de ese partido.
En síntesis, es destacable la intención de poner como prioritario el cambio constitucional –que el gobierno actual parece haber dejado en segundo plano— para dar coherencia al proceso de modernización del Estado, descentralización y transformación en el modelo de desarrollo. Sin embargo, si la participación de la ciudadanía se queda en lo que fue el proceso experimentado el 2016, sumado a una potencial ratificación plebiscitaria, solo sería la continuación de un proceso que el constitucionalista argentino Roberto Gargarella ha definido como “controlado desde arriba”, lo que claramente es insuficiente, ya que un proceso de cambio constitucional orientado a corregir un déficit democrático exige estándares de representación, participación y deliberación más elevados. De momento, pareciera ser que las incertidumbres de este gobierno se mantendrían en un eventual mandato de quien busca ser su continuador.
