Luego de meses de incertidumbre, los estudiantes de la Universidad Iberoamericana confirman sus temores: el cierre está cada vez más cerca. Legítimamente se preguntan: “¿Qué culpa tenemos nosotros? La ‘Ibero’ es autónoma y está acreditada por 2 años”. Tienen razón. Algo está funcionando mal.
En las últimas décadas Chile ha vivido un fuerte proceso de masificación de matrícula en la educación superior. Nuevas instituciones abrieron miles de cupos, lo que abrió el debate sobre la calidad de esta “nueva” oferta. Al igual que en muchos países, la respuesta fue el desarrollo de sistemas de aseguramiento de la calidad. El problema, tal como lo expone el caso de la “Ibero” es que este sistema tiene serias deficiencias.
Hagamos un recuento de cómo funciona este sistema. Cuando una institución se crea, debe pasar al menos 6 años bajo licenciamiento de dependencia y evaluación de su plan institucional para conseguir su autonomía. Una vez obtenida la autonomía, es “libre” de abrir nuevas carreras, sedes, o lo que sea. Comienza el despelote.
Sin embargo, el sistema de financiamiento está amarrado a la acreditación de las instituciones, así que luego del licenciamiento -que, por cierto, nunca más se vuelve a revisar- comienza la carrera por la acreditación. Hoy, una acreditación de 2 años no es garantía de calidad. Si uno mira los informes finales, los podría traducir en: “la institución anda”. Ni hablar de su calidad. De esta forma, con la acreditación mínima, las instituciones pueden acceder a los recursos del CAE y otras ayudas estudiantiles.
[cita tipo=»destaque»]Evitar que estas situaciones se repitan depende de cambiar y mejorar el sistema de aseguramiento de la calidad. Es necesaria una Superintendencia que vele por el cumplimiento de mínimos financieros y administrativos.[/cita]
Una institución se puede mantener así por años, acreditada por el mínimo, creciendo en sedes y cupos, manteniendo un frágil balance entre mínima calidad y solvencia financiera. El problema es que esta no puede ser una estrategia de largo plazo. Es muy probable que el plantel en algún proceso no logre acreditarse dando inicio a una cadena de eventos que la llevarán al cierre: pérdida de la acreditación, estudiantes optan por otras instituciones, baja de la matrícula, menos recursos para mejorar calidad, más difícil una nueva acreditación, menos estudiantes prefieren el plantel, y así sucesivamente. A veces las instituciones logran soportar un periodo sin acreditación, pero con grandes deudas que solo postergan lo inevitable. Este es el caso de la Ibero, la del U. del Mar, y -ojo- muchas otras universidades de las que podríamos tener noticias similares en un futuro no tan lejano.
Evitar que estas situaciones se repitan depende de cambiar y mejorar el sistema de aseguramiento de la calidad. Es necesaria una Superintendencia que vele por el cumplimiento de mínimos financieros y administrativos. Esta fiscalización debiera permitir una acción más temprana de los administradores provisionales y de cierre. El proceso de acreditación debe ser más exigente y apostar a que la institución acreditada sea solvente y de calidad por al menos una generación de estudiantes y, en caso de no acreditarse, debe abrirse un nuevo proceso de licenciamiento. Sin calidad no debe haber autonomía.
Toda esta situación pone en el ojo del huracán a los estudiantes de estas instituciones. Sus estudios se desvalorizan y difícilmente son reconocidos por otros planteles. En general, son aceptados por instituciones de baja calidad y alto riesgo. Hay estudiantes que de la U. del Mar fueron acogidos por la Arcis, y estudiantes de la Arcis que llegaron a la Ibero. Esta situación es inaceptable.
El Estado debe definir un protocolo de reintegración de los estudiantes procedentes de instituciones en cierre, que considere un adecuado reconocimiento de las competencias adquiridas y convalidación de estudios, además de una reevaluación de sus deudas. Es el Estado el que ha fallado y el que debe reparar a las víctimas de este desastre.
