Señor Director:
La nueva regulación migratoria anunciada por el Presidente Sebastián Piñera trae algunas noticias muy positivas para quienes nos preocupamos por la integración de la migración en Chile, como la creación de un Servicio Nacional de Migraciones, sin embargo, deja también mucho que desear en sus avances considerando que reemplaza una ley erguida en dictadura. En particular, resulta preocupante la medida anunciada del requerimiento de una visa de turismo para los ciudadanos haitianos.
Chile tiene historia de ser un país generador de migrantes en el período posterior al golpe militar, sin embargo ha pasado a ser un país que recibe cada vez una mayor cantidad de ciudadanos extranjeros, según un informe presentado por el Departamento de Extranjería y Migración, que da cuenta en su anuario estadístico del año 2015 que entre los años 2005 a 2014 el asentamiento de extranjeros en Chile ha crecido en un 123%.
Nuestro país enfrenta hoy entonces el desafío de actualizar su normativa para que sea eficaz tanto para regular los flujos migratorios que supone una sociedad globalizada, como también para garantizar el pleno respeto de los derechos inherentes a la persona humana.
Las visas consulares o vistos de turismo son una exigencia que no ha tenido muy buena fama ni implementación en nuestro país. Generalmente, este mecanismo se utiliza con el fin de controlar la migración que se “disfraza” de turismo, sin embargo, no ha logrado probar su eficacia.
En Chile, desde el año 2012 –y bajo motivos no muy esclarecidos- se estableció el requisito de una visa consular para los ciudadanos provenientes de República Dominicana, el cual supone que a partir de su implementación todos los ciudadanos de ese país que viajen a Chile deben estar en posesión de un visto de turismo que haya concedido el consulado chileno en dicho país. De no tenerlo, no podrán ingresar al territorio nacional.
La implementación de tal exigencia ha marcado una diferencia entre quienes migraron con anterioridad a ella, y quienes migran hoy a nuestro país. Se genera un impacto directo en los niveles de inclusión social y laboral, toda vez que la entrada al territorio nacional por paso fronterizo no habilitado está tipificada como un delito, lo cual impide un camino hacia la regularización de la situación migratoria, quedando el afectado en una situación de irregularidad permanente.
Este limbo implica que quienes hacen ingreso al país sin el visto de turismo no figuran en los registros oficiales, por lo que se genera una cifra desconocida para el Estado sobre la cantidad de ciudadanos dominicanos en el país, mermando su posibilidad de incidencia en cualquier ámbito que pueda afectar a tales ciudadanos.
La irregularidad comentada puede mantenerse incluso por años, lo que atenta a todas luces al respeto de la calidad humana de los afectados, puesto que tal situación no es sostenible económicamente y, por lo mismo, muchas veces se ven obligados a aceptar trabajos que pueden suponer ilícitos, o trabajar en pésimas condiciones laborales. En palabras de quien fuera la directora de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales, Delfina Lawson, explica: “Muchos se ven expuestos a una mayor vulnerabilidad; muchas mujeres a la explotación sexual. La irregularidad migratoria lo que hace es alentar los mercados informales de trabajo y las personas tienen que acudir a éstos para poder sobrevivir”.
En cifras, según datos administrativos recapitulados en el boletín informativo Nª2 elaborado por el Departamento de Extranjería y Migración, las visas temporales otorgadas a dominicanos disminuyen drásticamente desde el año 2012, cuando fue implementado el requisito de la visa consular. Sin embargo, esta disminución se contrapone directamente con la cantidad de expulsiones del país decretadas por el delito de ingresos clandestinos.
Mientras al año 2010 los ciudadanos dominicanos expulsados del país eran solamente 13 casos, al año 2015 tal cifra aumenta a 640 casos. Lo anterior nos permite pensar que el flujo migratorio dominicano, en la realidad, no ha disminuido en cantidad, sino que la visa sólo ha permitido que los ciudadanos dominicanos pasen a ser parte de la llamada “cifra negra” de la migración. Así, el requisito no ha cumplido las expectativas de orden y control que tenía al momento de implementarse.
Así las cosas, la experiencia ha demostrado que quienes no acceden a la visa de turismo ingresan de todas formas al país, pero clandestinamente. Por lo tanto, se hace indispensable tener en cuenta la ineficacia y los perjuicios que causan este tipo de instrumentos como una forma de controlar la migración a la hora de politizar sobre ellos.
Así, replicar este modelo para los ciudadanos Haitianos sin hacer un pausado análisis de las consecuencias y, a todas luces de su ineficacia, resulta decepcionante y preocupante de parte de alguien que dice “querer ordenar la casa común”.
Además, el haber hecho una diferencia específicamente con los ciudadanos haitianos en razón de que su visto de turismo sólo les otorgue permiso por un término de 30 días y no así 90 como a todo el resto de los turistas del mundo que ingresan a Chile, no puede obedecer sino a razones xenofóbicas y más que nada racistas. En palabras de Wadner Maigman, haitiano residente en nuestro país, “Chile tenía costumbre de recibir inmigrantes que venían de Europa, a hacer negocios. Luego llegaron más personas latinoamericanas y del Caribe. Hay un flujo migratorio haitiano y es negro. Y hace tiempo que el tema del color es una cuestión global, y hay mucho racismo”.
Sin ir más lejos, podría decirse que el requisito especial del visto de turismo tiene como probable consecuencia indeseada el que el Estado estaría facilitando el tráfico ilícito de migrantes haitianos.
Tal conclusión no puede pasar desapercibida para un Estado que se obligó a proteger a los derechos humanos. Como sociedad no podemos permitir este ensayo y error con comunidades de personas que vienen en la búsqueda de una vida mejor.
Francisca González Carmona
Egresada de Derecho UDP
Ayudante de investigación anuario de Derechos Humanos UDP 2017
