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Autocultivo para fines terapéuticos

por Gonzalo Garay Burnas 12 septiembre, 2018

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Señor Director:

En forma cada vez más creciente se han levantado voces para exigir la legalización de la Cannabis y la despenalización de su cultivo. Esgrimen los abolicionistas que se trata de un tema de libertades, en que cada ciudadano debe ser autónomo para decidir acerca del consumo; invocan la conveniencia de la despenalización como parte de una política racional en la guerra contra el narcotráfico, y ponen el acento en los beneficios de la sustancia para combatir ciertos males físicos.

Anticipadamente diremos que nos parece plausible, amalgamando los principios del derecho consagrados en nuestra legislación con las pautas y orientaciones que entregan los instrumentos internacionales suscritos por Chile, aceptar el autocultivo para uso médico, con la debida prescripción de un facultativo y la orientación y educación en el uso responsable de la sustancia, tal como ocurre con los fármacos y drogas que se venden en las farmacias. Tal criterio ha sido reconocido por nuestros Tribunales superiores de justicia, lo cual no ha sido suficiente para provocar la modificación legal que reclama parte de la ciudadanía.

Para arribar a tal conclusión, ciertamente debemos razonar desde el principio bioético de la autonomía del paciente; situarnos en un escenario de realidad social y cultural, y vincular ello con la verdadera utilidad y finalidad de la prohibición penal, ejercicio que pondrá de manifiesto la ausencia de un debate público amplio y proveniente de la voz de la ciencia más que de la emoción; un debate que generalice el hábito de formar opiniones en base a pruebas más que en base a pasiones; un debate que tienda a abrir el ámbito de la discusión, más que a trivializar el tratamiento penal de cuestiones tan sensibles y relevantes, pues en el estado actual de las cosas el afán de restringir conductas y castigar para proteger la “salud pública” choca abiertamente con el derecho individual a la salud y la libertad de las personas.

Constatados sus efectos benéficos, la industria farmacéutica ha desarrollado variados productos, lo que ciertamente puede contribuir a mejorar la condición de salud de ciertos enfermos, pero que también abre la puerta a otros cuestionamientos, relativos al rol que pueden jugar en el futuro las grandes corporaciones farmacéuticas para mantener el statuo quo legal y así conseguir suculentos dividendos económicos de la droga-como ocurre actualmente- sin que exista la posibilidad para el ciudadano común de proveérsela directamente y a bajo costo. En el escenario económico y social actual, especialmente de aquellos países eternamente denominados “en vías de desarrollo”, como el nuestro, en que el paradigma del consumo asoma como el motor de la economía y las regulaciones y controles resultan nulos o insuficientes, aquello no sería nada extraño. En tal sentido, mercado y delito son factores que, una vez más, pudiesen llegar a confluir en una ecuación social en que el resultado es la falta de conciencia crítica acerca de las necesidades, expectativas y derechos de las personas.

Si bien es cierto el consumo privado de la droga no se encuentra penado, resulta paradójico que la normas que regulan la materia eximan de responsabilidad a quien porte la sustancia para la atención de un tratamiento médico, pues por una parte el Estado asume la utilidad terapéutica de la Cannabis y por la otra incita al consumidor a adquirirla en el mercado informal, alimentando con ello una actividad ilícita que cada vez obtiene mayores utilidades; que es foco incesante de corrupción y causa medular de una serie de delitos violentos entre quienes se disputan la hegemonía del negocio, convirtiendo a barrios completos en verdaderas trincheras. Junto con lo anterior, el escenario jurídico actual expone al enfermo a proveerse de un producto cuya calidad no ha sido certificada por ningún organismo público o privado, y que habitualmente suele carecer de la pureza deseada.

Más allá de éstas críticas al diseño legislativo, lo concreto es que la ley no se ha puesto en el lugar del ciudadano común, aquel que sólo requiere de una baja cantidad de la droga para paliar su problema de salud. De aquella persona que no posee una vasta extensión de tierra para efectuar un cultivo a gran escala. Ese individuo que no cuenta con los recursos económicos para pagar un tratamiento médico, que siempre son de alto costo. Aquel sujeto que no quiere destinar parte importante de sus ingresos para adquirir un medicamento que, en muchos casos, sólo le ayudará a prolongar en algunos meses su vida. Lo anterior contrasta fuertemente con el derecho a un acceso igualitario a la salud, que es una garantía fundamental de nuestro ordenamiento jurídico, como se desprende de la norma del artículo 19 Nº 9 de la Constitución Política de la República

Como corolario de estos comentarios y reflexiones, se impone señalar que nuestro país necesita con urgencia una nueva construcción social y un paradigma jurídico distinto en relación con el consumo de drogas, especialmente si la sustancia contiene comprobables beneficios para la salud y el usuario la requiere para paliar un problema médico.

Es necesario actuar con madurez cívica y asumir que el uso de drogas es algo que ha ocurrido siempre, en todas las sociedades y que va a seguir sucediendo. El desafío es lograr tasas de consumo adecuadas y racionales, lo que no se logra sino con educación de calidad desde las etapas formativas. Conocimiento y libertad son entonces los conceptos básicos de una sociedad democrática, igualitaria y justa, algo a lo que todos aspiramos y que sólo se logrará si rompemos los cánones actuales y nos abrimos a una regulación jurídica que tenga en consideración la real problemática social y busque regularla a través de la ayuda de las distintas disciplinas que conforman el saber humano, desde un plano objetivo y científico.

Gonzalo Garay Burnas
Abogado

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