Opinión
Cerrar escuelas públicas y privarlas de profesores tienen una explicación que comparte la misma raíz: la educación neoliberal, como actividad, está haciendo muy poco por organizar la vida democrática y mucho por ordenarnos en base a principios del «Capital Humano». Nos trata como máquinas que sólo deciden lo bueno o lo malo en función de una supuesta racionalidad de clientes, donde debiéramos elegir la «mejor oferta» para nuestras opciones, sea de escuela, de actividad, de amigos o de juegos.
De mantenerse todo tal como está hoy, en algunos años más -o quizás un par de décadas- Chile podría quedarse sin escuelas públicas y sin profesores/as. Lo anterior no es mera política ficción ni un exceso de creatividad: hay datos para suponer que se nos viene un gran problema educativo. Parte de su causa es que las reformas educativas intentaron responder a las demandas sociales para fortalecer la educación pública, pero más bien funcionaron en sentido contrario. Quizá debido a que las reformas no lograron hacer participar a quienes demandaban el fortalecimiento de la educación pública.
Partamos por las escuelas públicas. Este año debe publicarse por cuarta vez la ordenación de escuelas, procedimiento realizado por la Agencia de la Calidad de la Educación que categoriza a los establecimientos educacionales fundamentalmente en base a los puntajes de la medición estandarizada SIMCE. El año 2018, un total de 218 escuelas fueron clasificadas con un desempeño insuficiente por tercer año consecutivo. De acuerdo a la Ley, si estas escuelas vuelven a ser clasificadas como insuficientes este año, estarían perdiendo el reconocimiento ministerial. Se estima que la mitad de estos 218 establecimientos son públicos. Es decir, los nuevos Servicios Locales de Educación podrían iniciar sus actividades perdiendo escuelas públicas. Repitamos esto en su gravedad: la Nueva Educación Pública podría partir cerrando parte de sus escuelas, por obra y gracia de la ordenación de establecimientos educacionales basada en el SIMCE.
La creación del procedimiento de ordenación de escuelas y la de la misma Agencia de la Calidad de la Educación se sitúa en el recordado ‘acuerdo de las manos levantadas’ en el Salón Montt-Varas del Palacio de La Moneda, que selló los compromisos mediante los cuales la clase política procesó las demandas del «no al lucro» que realizaron los estudiantes con la Revolución Pingüina del 2006, y las redireccionó en un sentido neoliberal. De este modo, 12 años después del levantamiento pingüino, en vez de fortalecer la educación pública, las reformas han hecho y están haciendo que se pierdan establecimientos públicos, por diseño. El costo de haber hecho una última reforma que no se hizo cargo de este tema es que tendremos al SIMCE cerrando escuelas públicas, año a año.
Sigamos con las y los profesores. Según al menos dos estudios, uno del Observatorio Docente del Centro de Investigación Avanzada en Educación y otro del grupo de lobby Elige Educar, en los próximos años tendríamos un déficit de educadores para cubrir áreas disciplinares en distintas regiones del país. La mayor demanda por cubrir horas docentes implica que muchos profesores del sistema serán personas que no han sido formadas en pedagogía, y que trabajarán con permisos provisorios. La causa principal del déficit proyectado es un diseño: uno de los objetivos de la reforma a la Carrera Docente realizada durante el 2015 fue reducir la oferta de programas de pedagogía.
Como sabemos, la reforma fue resistida en votación por más del 95% de los profesores, y significó una huelga de 57 días en el momento de su discusión pública. Mientras el magisterio clamaba por considerar la naturaleza de la pedagogía, el trabajo colaborativo, y una mejora a las condiciones precarias en que ocurre la enseñanza para todos los profesores, la reforma decidió promover mayor control tecnocrático sobre la profesión y las instituciones formadoras, salarios basados en la competencia entre colegas (mediado por pruebas estandarizadas), y clasificaciones de docentes en categorías de desempeño.
Los docentes han venido a llamar esto último la «doble evaluación docente», aunque en la práctica la situación se aleje del sentido pedagógico de la evaluación y se sitúe más bien en un proceso de asignación de “tarifas” a profesoras y profesores. Dejamos de evaluar y simplemente usamos categorías para segmentar mercados y “fuerza de trabajo”. La retórica sobre «los profesores son lo más importante» se mezcló contradictoriamente con políticas de control y eliminación de autonomía profesional que, salvo la profesión docente, ninguna otra profesión tiene en Chile. Se creyó que estableciendo por decreto una mayor selectividad de candidatos a ser profesores se podría mejorar el prestigio de la profesión. El error de esta aproximación se ve quizá ilustrado con la introducción de la gratuidad en la educación superior, que probablemente desplazó las preferencias de los potenciales postulantes a las pedagogías hacia otras carreras.
[cita tipo=»destaque»]Hoy nos vemos ante un sistema que busca que toda decisión deba ser meticulosamente sometida tal como las de inversores en la bolsa de comercio, que cada decisión implique una consecuencia sobre nosotros mismos, y que nuestras motivaciones deben orientarse en base a incentivos y sanciones. El sistema nos dice: no elijas esta escuela porque va a cerrar, no elijas esta profesión porque es de segunda categoría y no te hará feliz. Eso nos apunta este modelo de política pública en educación [/cita]
Hoy, vemos que el no haber escuchado a las y los profesores y sus demandas nos hace proyectar una consecuencia poco honrosa de tal reforma: no habrá cumplido con sus promesas de hacer más atractiva la profesión, ni tampoco de mejorar la calidad del sistema. Quienes intentaron hacerlo desde el gobierno anterior se vieron enfrentados quizá a intereses que no buscaban lo mismo. El problema es que el país se ve enfrentado al costo, nuevamente, de perder el fortalecimiento de su sistema de educación pública al no considerar el previsible declinar del atractivo profesional de una actividad en la cual es difícil trabajar con tranquilidad, y a la que solo le queda el recurso de la vocación.
Debemos espantarnos, pues el problema es más profundo. Cerrar escuelas públicas y privarlas de profesores tienen una explicación que comparte la misma raíz: la educación neoliberal, como actividad, está haciendo muy poco por organizar la vida democrática y mucho por ordenarnos en base a principios del «Capital Humano». Nos trata como máquinas que sólo deciden lo bueno o lo malo en función de una supuesta racionalidad de clientes, donde debiéramos elegir la «mejor oferta» para nuestras opciones, sea de escuela, de actividad, de amigos o de juegos. Dejamos de sentir que la educación es una oportunidad de cultivo del conocimiento, de comprensión de nuestra humanidad, de su relación con el medio ambiente y la naturaleza. Hoy nos vemos ante un sistema que busca que toda decisión deba ser meticulosamente sometida tal como las de inversores en la bolsa de comercio, que cada decisión implique una consecuencia sobre nosotros mismos, y que nuestras motivaciones deben orientarse en base a incentivos y sanciones. El sistema nos dice: no elijas esta escuela porque va a cerrar, no elijas esta profesión porque es de segunda categoría y no te hará feliz. Eso nos apunta este modelo de política pública en educación.
Los dos escenarios anteriormente señalados -el de cierre de escuelas y de déficit de profesores- son una realidad actual y se proyecta aún peor. Esta iniciativa de la política es un escándalo que en la historia quedará como el momento en que Chile ‘decidió’ cerrar sus escuelas públicas y privar al sistema de sus profesores. ¿Cómo revertir tal locura? ¿Cómo reinstalar la discusión de fondo sobre la pedagogía, sobre la educación y sobre su rol en esta sociedad?
Es imprescindible que las fuerzas de cambio motiven un debate de forma más honesta, que expresemos con claridad que las fórmulas que orientaron las reformas recientes tuvieron errores que es necesario revertir. Debemos entender que la educación y la pedagogía no funcionan con los incentivos que se invocan en cualquier empresa o venta de supermercado, ni tampoco pueden hacerse a espaldas de los intereses de los actores del sistema: profesores, estudiantes, familias. Necesitamos pensar nuevamente en cómo la educación es un espacio de crecimiento personal y social integral, un espacio de reflexión sobre nuestro lugar en la sociedad, un espacio promotor y amplificador de la democracia. No podemos seguir reduciendo el problema educativo a un tema como la calidad de la oferta y su elección, sea de escuelas o de profesores y sus «servicios», o como a un problema de incentivos adecuados o inadecuados. No se trata de “guiar un mercado”, como dijera el informe Brunner del 2004, sino que se trata de poner en perspectiva un proyecto histórico de reafirmación de nuestra autonomía por vivir en democracia, en una democracia que no sea el mercado y en la cual la educación tenga un rol articulador.
Podemos, como país, partir revisando las consecuencias de nuestros «medidores» de la calidad y hacer algo al respecto. Hoy, esos medidores actúan sobre dos elementos del sistema en la misma forma: por un lado miden y categorizan para cerrar escuelas, por otro lado miden y categorizan para eliminar el interés por ser profesor o profesora. Estos medidores jamás pasaron por los filtros de democracia, y hoy es necesario cuestionarlos. Es necesario que el país vuelva a discutir si queremos tener un sistema educativo organizado de esta forma. Discutamos cómo y para quiénes queremos que se organice la educación. Discutamos si el mérito es un principio de organización de la escuela o si es una forma velada de mantener privilegios de clase. Conversemos sobre a quiénes debemos rendir cuentas en una democracia: si a la política ordenada por nuestros intereses democráticos o a un mercado donde somos clientes de servicios educacionales. Discutamos de nuevo y modifiquemos la reforma en la dirección en que siempre debió avanzar: hacia mayor democracia y fortalecimiento de la educación pública.
