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Apostar por más democracia

por Abogados y docentes Facultad de Derecho, UAH 13 noviembre, 2019

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Señor director:

Willy Brandt, estadista alemán en plena guerra fría decía, hace ya más de 40 años, que los problemas de la democracia se solucionan con más democracia. No es casualidad que, quien fuera uno de los grandes líderes políticos de la segunda mitad del siglo XX, expresara con tanta vehemencia esa convicción ética y política, precisamente en un contexto histórico que no se presentaba como muy auspicioso para la democracia como forma política.

La frase –que más parece una exhortación- nos parece en extremo atinente al momento crucial y crítico que hoy vive nuestro país. Nos asiste la convicción más absoluta de que es en tiempos de crisis e incertidumbre, cuando los demócratas deben reafirmar con fuerza y sin ambigüedades su adhesión irreductible a la democracia como el único sistema político que, con todas sus imperfecciones y limitaciones, es capaz de ofrecerle a la ciudadanía un camino de progreso y desarrollo con libertad, justicia y en paz. Lo dicho no sólo obedece a la convicción de que la democracia es ética y moralmente una forma de gobierno que se aviene mejor que cualquier otra con el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, sino que, además, responde a la constatación histórica de que las sociedades que han alcanzado los mejores niveles de desarrollo económico y social, con respeto a los derechos humanos, han sido, precisamente, aquellas que han procurado ser perseverantes con la democracia como forma de gobierno.

Pero, ¿Qué significa exactamente apostar a más democracia como premisa fundamental para abordar la actual crisis? Por lo pronto, significa ponernos de acuerdo en un piso mínimo acerca del contenido esencial de lo que hemos de entender por ella. Creemos que la respuesta -por muy obvia que pueda resultar- debe ser explicitada, entre otras cosas, porque son tiempos turbulentos en que en el seno de las propias democracias avanzadas surgen con mayor o menor fuerza los fantasmas del neo fascismo, del autoritarismo y los populismos de diverso signo. Este contexto nos demanda una claridad conceptual y semántica que no deje el más mínimo espacio de duda respecto de qué hablamos cuando proclamamos nuestra adhesión a ella. 

En tal sentido, entendemos que la única democracia posible en las modernas sociedades de masas y a cuya defensa dedicó buena parte de su vida Willy Brandt, no es sino la democracia representativa, que ha permitido la implantación de sistemas políticos pluralistas, con alternancia en el poder, estado de derecho y respeto a los derechos humanos.

Lo dicho significa que la salida a la crisis que hoy vive el país –con prescindencia de las diferentes miradas y diagnósticos sobre sus causas, alcances y orígenes- debe concretarse a través de los cauces de la democracia y la política institucional.

Y ello nos exige cinco cosas fundamentales:

Primero, ponernos de acuerdo en torno a cuáles son las reglas básicas y nucleares que deben ser respetadas por todos -el rayado de cancha- para procesar nuestras diferencias y permitir que la competencia política entre diversos proyectos o visiones de sociedad se encauce pacífica y racionalmente;

Segundo, lo anterior supone asumir que la democracia, que ha de expresarse en esa “casa de todos” que conforma una Constitución, impone límites a los disensos; límites que vienen dados, precisamente, por la sujeción del proceso político a las reglas y procedimientos de ese sistema político y, además, por una genuina convicción ética en torno al valor de la tolerancia y la amistad cívica;

Tercero, debe asumirse que la democracia es incompatible con proyectos políticos globalizantes, sectarios y excluyentes. La alternancia en el poder, el pluralismo y la regla de la mayoría (con el consecuente respeto a los derechos de la minoría) suponen que nada es irreversible. La democracia es un ejercicio de ensayo y error permanente y exige deliberación y diálogo racional;

Cuarto, para abordar adecuadamente esta crisis es menester construir un relato que se haga cargo, con sensatez y equilibrio, de nuestra historia política post dictatorial, procurando cuidar y profundizar todo aquello, en lo político, económico y social, en que tanto y con tanto esfuerzo se ha avanzado, y que no puede ser puesto en riesgo; pero, al mismo tiempo, hacernos cargo de las enormes deudas en esos mismos ámbitos, que han motivado el legítimo descontento popular de vastos sectores de las sociedad que se ha expresado en estas semanas, y;

Quinto, todos los actores políticos y sociales deben, por un lado, asumir sin ambigüedades su compromiso irrestricto con los derechos humanos y, por otro, entender que el vandalismo y la violencia política, sin importar de donde venga ni contra quien se dirija, es inadmisible y debe ser condenada sin matices. Una sociedad democrática supone inexorablemente la plena vigencia del imperio de la ley. El estado de derecho y la paz social son condiciones sine qua non para las transformaciones que demandan amplios sectores de la ciudadanía.

Estas cinco premisas que nos parecen medulares, le imponen a nuestras autoridades y representantes políticos un desafío de responsabilidad, generosidad, altura de miras y vocación de diálogo que, esperamos, estén en condiciones y disposición de asumir. Resulta imperativo entender el mensaje que tan fuerte y claramente han enviado millones de chilenos y chilenas, que se han manifestado pacíficamente en las calles a lo largo y ancho del país. El momento actual demanda, de manera urgente, realizar un esfuerzo sustantivo por canalizar y procesar ese descontento y esas esperanzas a través de un diálogo democrático que sólo puede fructificar en un marco institucional. Fuera de la institucionalidad no hay ni habrá un ejercicio de política democrática que formule respuestas adecuadas y razonables a la altura de lo que el país hoy nos pide.

Finalmente, qué duda cabe que lo anterior supone hacernos cargo del desafío de asumir la impostergable necesidad de dotar al país de una nueva Carta Fundamental. Nos parece evidente que la crisis de legitimidad de la política exige que el nuevo “contrato social” se plasme en una Constitución que sea efectivamente un espacio político- institucional que todos y todas perciban como propio. No existen fórmulas mágicas y desde luego es menester construir mecanismos que concilien de la mejor manera la necesidad de elaborar un texto constitucional técnicamente adecuado y a la altura de los desafíos del presente y que, a la vez, derive su legitimidad de un proceso verdaderamente participativo, amplio, inclusivo, plural y paritario. 

 No son fáciles los desafíos que modestamente nos permitimos sugerir como esenciales en esta hora crítica. Sin embargo, nos asiste la plena convicción de que un país que hace treinta años fue capaz de reconquistar la democracia al derrotar pacíficamente a una dictadura, está en condiciones de asumir con entereza la enormidad del desafío que tiene por delante.

Al final de cuentas, la democracia está lejos de ser la cura para todos nuestros males, pero al menos consagra un sistema cuyo principio rector es contar cabezas y no cortar cabezas, como recordaba Norberto Bobbio. Y eso, no es poca cosa, sobre todo para un país que vivió el dolor y el horror de perder esa forma de organización y convivencia.

Jaime Arellano

Rafael Blanco

Oscar de la Cruz 

Eduardo Gallardo 

Fernando Guzmán 

Joanna Heskia

Leonardo Moreno

Jaime Retamal 

Ángel Valencia 

Abogados y Docentes 

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Universidad Alberto Hurtado

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