Opinión
No se ha demorado nada la ultraderecha en prepararse para defender la Constitución del 80 y poner en cuestión la importancia histórica del proceso constituyente que se está iniciando. Una expresión de ello es la columna publicada por Lucía Santa Cruz en El Mercurio bajo el título “¿Hacia adelante o hacia atrás?”.
La ciudadanía ha logrado una inmensa victoria que apenas hace dos meses parecía imposible, hasta en los sueños de los más optimistas. Se ha aprobado la reforma constitucional que permite convocar a un plebiscito destinado a consultar a la ciudadanía si quiere una nueva Constitución y el tipo de órgano que debe redactarla –Convención Constitucional totalmente elegida o Convención Mixta constitucional integrada en partes iguales por miembros elegidos popularmente y paralmentario(a)s en ejercicio–. La Cámara de Diputados, por su parte, ha aprobado otra reforma constitucional que, si logra su aprobación en el Senado, permitirá participación paritaria de las mujeres, mejores condiciones para los independientes y escaños reservados para los pueblos originarios en la elección de los miembros del órgano constituyente. Nada de esto habría sido posible sin la rebelión popular de los dos últimos meses.
No se ha demorado nada la ultraderecha en prepararse para defender la constitución del 80 y poner en cuestión la importancia histórica del proceso constituyente que se está iniciando. Una expresión de ello es la columna publicada por Lucía Santa Cruz en El Mercurio bajo el título “¿Hacia adelante o hacia atrás?”.
Lucía Santa Cruz busca deslegitimar el proceso que llevará a una Nueva Constitución (con mayúscula) señalando que fue resultado de la violencia y el desafío al orden público. Qué duda cabe que sin las movilizaciones desarrolladas por la ciudadanía desde el 18 de octubre no habría sido posible terminar con la constitución (con minúscula) de Pinochet. Como ha señalado el constitucionalista Fernando Atria, dicha constitución se elaboró justamente para imposibilitar cambios sustantivos. Pero lo que resulta un descaro es olvidar que la constitución del 80 fue instalada por la fuerza bruta y la represión de las fuerzas democráticas por parte de la dictadura “cívico-militar”. Recuerda esta mala memoria interesada la frase del gran escritor checo Milan Kundera, que señalaba que “la lucha contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido”.
Santa Cruz insiste en señalar que una Nueva Constitución no resolverá todos los problemas del país, como si alguien sostuviera esa absurda posición. Lo que si es cierto es que la Constitución dictatorialmente impuesta o democráticamente acordada y elaborada refleja una determinada correlación de fuerzas, que cristaliza en la definición de los derechos ciudadanos, en el entramado institucional que determina el marco de lo político y la política, el sistema político y las principales instituciones de la República. Y vaya cómo la derecha aprovechó y usufructuó de la constitución pinochetista durante 40 años.
Afirma también la analista de El Mercurio que la Nueva Constitución no podrá satisfacer las demandas sociales concretas de la población. Obviamente no hay una relación mecánica entre ambos temas. Lo que la Constitución determina es la prioridad y el equilibrio entre los derechos. La constitución del 80 garantiza prioritariamente el derecho de propiedad negando, al absolutizarlo, su función social. Más aún, lo que la constitución del 80 garantizó fue el derecho a transformar en negocios la provisión de la salud y el sistema de pensiones. Lo que la Nueva Constitución deberá garantizar es lo que uno de los principales teóricos del Estado de Bienestar denomina de “descomoditización” de los derechos sociales, esto es, transitar desde la salud, la educación y las pensiones entendidas como bienes de consumo a derechos garantizados.
La autora cae en contradicciones flagrantes. Luego de descalificar a lo que llama la cultura política en América Latina, en cuanto a creer “que las carencias económicas y sociales se podrán resolver por el mero expediente de cambiar, una y otra vez, la Constitución”, a renglón seguido destaca el rol que, en su opinión, ha jugado la constitución pinochetista «al permitir el período de mayor estabilidad y crecimiento en la historia del país”.
No es la ecuanimidad analítica lo que caracteriza a la autora. El presunto milagro chileno no es comparable a países que han asegurado el crecimiento dinámico a lo largo de varias décadas. Países como Corea que tenían ingresos per cápita menores al chileno en los 60, han logrado efectivamente reducir la brecha de ingresos con los países desarrollados. Más aún, el dinamismo económico chileno va de capa caída.
Si se analizan las cifras relativas al PIB en las últimas tres décadas, se constata que mientras en el periodo 1990-1999 el PIB creció en promedio un 6,1%, en el decenio siguiente (2000-2009), el crecimiento promedio alcanzó un 4,2%, para en la actual década alcanzar un 3,3% (para 2019 se utiliza la cifra de crecimiento del PIB de 1% proyectado por el Banco Central). La caída del ritmo de crecimiento está asociada a que luego de que en los años noventa la productividad total de factores (PTF) creció fuertemente, ha venido disminuyendo hasta mostrar cifras negativas. Si las fortalezas económicas del modelo chileno son discutibles, sus resultados sociales lo son aún más. Alta concentración del ingreso, salarios y pensiones bajísimas, una desigualdad multisectorial que destaca en el mundo.
Sí tiene razón la autora en que en el proceso constituyente se enfrentarán dos visiones sobre la democracia, la ciudadanía, la economía y la sociedad. Dejar en evidencia a la población los diferentes proyectos en juego y las consecuencias para la vida cotidiana de la mayoría de las personas de que se elabore una Nueva Constitución o que siga la constitución pinochetista es clave para ganar el plebiscito y obtener una mayoría progresista en el órgano constituyente.
