jueves, 4 de junio de 2020 Actualizado a las 16:41

Dilación política negligente

por Paula Vial, Catalina Droppelmann, Olga Espinoza y Carolina Villagra 7 abril, 2020

Dilación política negligente
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Señor Director:

La situación penitenciaria se vuelve más crítica a cada momento, mientras que las medidas urgentes para descongestionar las cárceles -como el indulto conmutativo presentado hace un par de semanas por el ejecutivo- se encuentran estancadas por una demora sustentada en razones políticas. Éstas, buscan sacar provecho de la pandemia para beneficiar a un número reducido de presos por crímenes gravísimos, que se encuentran encarcelados en condiciones privilegiadas en relación al resto de la población penal.

La necesidad de reducción del hacinamiento es apremiante, por los graves riesgos de contagios masivos que este supone, con las consecuentes afectaciones de salud y vida de quienes deben ser protegidos por el Estado. Esta condición es especialmente grave en muchas unidades penales, donde el hacinamiento llega al 140%, pudiendo incluso implicar que el contagio sea sinónimo de muertes evitables.

La opinión pública no ha permanecido ajena a este conflicto, como lo indican los últimos resultados de Plaza Pública CADEM, el 60% de los encuestados está de acuerdo con la conmutación de condenas por arresto domiciliario para los reos con mayor riesgo de contagio con Covid-19 (mujeres con hijos menores de 2 años, embarazadas y mayores de 60 años sancionados por delitos menores). Sin embargo, el 63% manifiesta estar en desacuerdo con que se aplique este beneficio a presos de Punta Peuco, aún cuando estén en edad de riesgo.

El proyecto presentado por el gobierno ya podría haberse aprobado de no ser por el recurso meramente dilatorio presentado al Tribunal Constitucional por un reducido número de parlamentarios, cuya tramitación podría demorar cerca de un mes, lapso en el que el número de contagios y muertes por Covid-19 podría extenderse significativamente. Esta demora, por la gravedad de sus efectos, podría además conllevar responsabilidades internacionales contra el Estado chileno por el incumplimiento de su rol de garante de la vida e integridad de quienes están privados de libertad.

Este escenario resulta insólito, pues permite evidenciar como los intereses de una élite se apoderan de la discusión, y se suporponen a los derechos de casi 43.000 privados de libertad cuya voz, salud e integridad parecen ser invisibles para algunos grupos que actúan negligentemente, con abuso y mezquindad política.

Paula Vial, Catalina Droppelmann, Olga Espinoza y Carolina Villagra
Académicas PUC y Universidad de Chile

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