Señor Director:
El debate presupuestario que está dando el Congreso no puede ser ajeno al proceso constituyente, iniciado institucionalmente con el plebiscito del 25 de octubre. Insistir en el viejo régimen de recetas de políticas públicas sería una señal que agravaría la creciente ilegitimidad del sistema político.
El consorcio Laureate abandonó sus inversiones en el país en agosto de este año. Pero antes se enfundó el 80% de sus activos, en lugar de reinvertirlos en educación, como la prohibición de lucro establece. Frente a esto es necesario revertir la lógica de subsidio, que beneficia especialmente a una oferta privada y cuyo dudoso comportamiento salta a la vista, y comenzar a fortalecer preferentemente el sistema público.
En un reciente estudio del Consorcio de Universidades del Estado se observa cómo las Universidades Estatales estarían perdiendo cerca de $10 mil millones en el Presupuesto 2021. Mientras, las instituciones privadas verían aumentadas las transferencias desde el Estado en cerca de $70 mil millones.
Urge revertir la propuesta presupuestaria, revitalizando el rol de las universidades públicas como alternativa educativa democrática. Llamamos, al menos, a recuperar el nivel que presentaban las asignaciones en 2020. Pero es preciso ir más allá, auxiliando a las instituciones públicas más dañadas con esta pandemia. En caso contrario, triste y escandalosamente se estaría dando una señal de nulo aprendizaje sobre el rol que el Estado y sus universidades deben asumir en los desafíos de un nuevo Chile.
Camila Rojas Valderrama
Diputada de la República
