Opinión
El río Maullín es un ecosistema fluvial estratégico para el bienestar de las personas en la provincia de Llanquihue. Este corredor biológico cuenta con 87 kilómetros de extensión, atravesando las comunas de Llanquihue, Puerto Varas, Los Muermos, Puerto Montt y Maullín. Alberga a múltiples especies de aves, mamíferos, anfibios, peces y plantas, algunas de éstas en peligro de extinción. También conserva ecosistemas seriamente amenazados, siendo uno de los últimos remanentes del bosque pantanoso, los desconocidos manglares de agua dulce de nuestro país. Este ensamble de biodiversidad nos entrega servicios ecosistémicos de provisión, regulación y cultura fundamentales para nuestra adaptación y mitigación al cambio climático. Además facilita la provisión de recursos hídricos claves para nuestros sistemas productivos, contando con atributos naturales fundamentales para el desarrollo turístico y cultural de nuestras comunidades.
En esa línea, múltiples organizaciones sociales, fundaciones e instituciones han trabajado por su protección. Fruto de este proceso, el año 2003 la subcuenca hidrográfica del río Maullín fue declarada por la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) como Sitio Prioritario de Conservación Nacional. En el año 2016, cinco de sus humedales fueron incorporados a la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras Migratorias (RHRAP). Dados estos importantes atributos ecológicos, en el 2019 el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad declaró la creación de un nuevo Santuario de la Naturaleza, que otorga protección legal a 8.152 hectáreas del curso del río, concediéndoles la naturaleza de bienes nacionales de uso público.
Aunque esto significa un paso concreto y de gran impacto para la conservación de un ecosistema estratégico para el desarrollo de la región, esta nueva área protegida enfrenta diversos desafíos que definitivamente no se encuentran resueltos. Hace algunas semanas, organizaciones dedicadas a la conservación, gremios y movimientos ciudadanos denunciaron ante la Superintendencia de Medio Ambiente el grave daño a la biodiversidad local que está provocando el proyecto inmobiliario Parque Natural Residencial Alto Maullín. Emplazado en el nacimiento del río Maullín, en la comuna de Llanquihue, el proyecto contempla la urbanización de 50 hectáreas, y lamentablemente su construcción ha intervenido de manera grave la ladera sur del río, fragmentando y deforestando su vegetación riparia.
Esta inédita presión por parte de la sociedad civil gatilló la reacción de la institucionalidad pública. Finalmente, tras acoger el argumento presentado por la Superintendencia del Medio Ambiente, el Tribunal Ambiental de Valdivia ordenó la paralización momentánea del proyecto, el cual debe cesar sus obras por 15 días hábiles. El hecho de que la sociedad civil haya sido capaz de organizarse para visibilizar este tipo de situaciones significa un importante precedente. También lo es el fallo que, considerando el Fallo del Humedal Urbano Llantén en Puerto Montt, demuestra que la institucionalidad ambiental poco a poco comienza a asimilar favorablemente estas nuevas realidades territoriales.
No obstante estos antecedentes, resulta fundamental atender esta problemática con mayor perspectiva. La región de Los Lagos está recibiendo una presión demográfica inédita, con una demanda habitacional que está siendo absorbida mediante parcelaciones de agrado que están acelerando exponencialmente el cambio del uso del suelo rural, tanto agrícola como natural. Esta figura de urbanización difusa cuenta con una precaria regulación, con escasa capacidad de fiscalización, y lo que es más grave, con una planificación territorial inexistente. Actualmente nuestras leyes no proveen Instrumentos de Planificación Territorial de carácter normativo que permitan anticipar y proyectar de manera adecuada las formas en que habitamos las zonas rurales, detonando múltiples problemáticas en términos de movilidad interurbana, accesibilidad a bienes públicos, sistemas sanitarios y provisión de servicios básicos. Al mismo tiempo, la falta de criterios técnicos para el desarrollo de este tipo de proyectos está detonando conflictos con la biodiversidad subyacente en estos territorios, viéndose muchas veces fragmentados sus ecosistemas forestales e intervenidos sus cursos de agua.
Independiente de todo esto, el desarrollo de proyectos inmobiliarios en zonas rurales es un fenómeno creciente que requiere ser abordado desde una visión sistémica y a largo plazo. Para esto, es necesario impulsar nuevos instrumentos de planificación que permitan organizar adecuadamente las distintas necesidades y funciones del territorio: habitacionales, económicas, culturales y ecológicas. No obstante, esto corresponde a una discusión parlamentaria que excede los tiempos con los que contamos para ponernos de acuerdo y abordar el problema. Por esto, es fundamental proveer a corto plazo criterios técnicos y estándares que certifiquen el diseño de conjuntos habitacionales rurales, en base a aspectos múltiples de sostenibilidad y en articulación con los servicios públicos reguladores (SAG). Si éstos son contemplados en las ciudades, ¿por qué no en la ruralidad? Dicho conocimiento debe ser facilitado y promovido con fuerza en la oferta y la demanda existente, desde gobiernos locales empoderados, que sean capaces de conducir, desde sus instrumentos y herramientas de gestión disponibles, una agenda responsable de desarrollo habitacional rural, que sea compatible con la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible de nuestras comunas. De hecho, existen múltiples experiencias exitosas de cohabitación responsable, no solamente en el extranjero, sino que ¡incluso en nuestra propia región!
Estas medidas debiesen constituir una prioridad transversal, tanto para el sector público, el privado y la sociedad civil. En conjunto, compartimos responsabilidades de cara a los desafíos que nos supone alcanzar un desarrollo sostenible, justo y equitativo en la cuenca del río Maullín y el lago Llanquihue.
