Política vs. economía y viceversa

La política nacional no atina o solo lo hace a medias, entre la urgencia de dejar algún rastro positivo, por parte del Gobierno saliente, y la urgencia de instalarse lo más estable y responsablemente posible, del Gobierno que empezará en marzo. Ejemplo de ello ha sido el proyecto de ley, de aprobación evidente, enviado por Sebastián Piñera al Congreso, pomposamente denominado Pensión Garantizada Universal (PGU). Su momento, con un claro sesgo populista y de oportunidad, demuestra que la regla fiscal es una ficción de la política y no un principio de responsabilidad económica. Y que solo un ortodoxo va a ir contra una demanda tan sentida como esa por la gente que le dio su voto. Boric al parecer no lo es y, por lo tanto, argumentos más o menos, todo se remite a los acentos a que obliga el lado de la mesa donde cada uno está sentado.

Por ello, nadie podría reprocharle al Presidente electo mirar con rigor fiscal el financiamiento de esa ley, pues dentro de poco deberá administrar la escasez de las arcas fiscales, y manejarse entre la realidad y la esperanza, sin posibilidad de recurrir a una reserva financiera abultada o un paraíso fiscal como retaguardia.

Sin embargo, previo a seguir razonando sobre la instalación política del nuevo Gobierno –que tendrá un breve lapso de debate sobre financiamiento de la PGU–, vale la pena reflexionar brevemente sobre la regla de disciplina fiscal.

La disciplina fiscal, ya se dijo, no es un principio rector de la economía sino un instrumento de la política, en clave económica. Curiosamente, siempre salta al primer plano cuando se trata de resolver gastos o inversiones públicas que favorecen intereses generales. Como las inversiones sociales en salud, educación, vivienda o previsión. Pero nunca aparece cuando se trata de gastos corporativizados en que incurre el Estado ineficiente o capturado por intereses privados. Por ejemplo, en materia de Defensa, de altos sueldos del Poder Judicial, de organismos públicos sin mayor control, de las policías o, simplemente, de inversiones cuya rentabilidad social solo es aparente y que implican, muchas veces, trasferencias implícitas a grupos privados. Como, por ejemplo, no obligarlos a pagar los pasivos ambientales que generan.

Si alguien desea caracterizar políticamente a un Estado, no debiera leer solo su Constitución Política sino estudiar atentamente también el Presupuesto Nacional y la Ejecución del Gasto Público, año a año, sector por sector. Allí están las opciones de política de los gobiernos, y la radiografía de la desigualdad social de un país. Cuestión que, por lo demás, en tiempos de cambio constitucional en Chile, debiera tenerse en cuenta para proveer un sistema de mérito presupuestario que hiciera los ajustes de manera fundada y no al estilo peluquería, que hoy aplica la Dipres.

Más aún, unicameral o bicameral, en materia de Congreso Nacional, el país debiera tener una Comisión Legislativa de Hacienda Pública permanente, bien estructurada y dotada de medios y procedimientos, para el control de responsabilidad y ejecución presupuestaria. Que hiciera equilibrio y transparencia al ejercicio gubernamental hacendatario, en el cual convergen entes autónomos como el Banco Central, con organismos gubernamentales como el Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería General de la República, y hasta híbridos como el Consejo Consultivo Autónomo. Por cierto, sin olvidar que hay poderes del Estado, como el Poder Jurisdiccional, cuya ejecución presupuestaria no tiene obligación de control de auditoría externa.

​La reflexión sobre los principios de regla fiscal –se habla incluso de Pacto Fiscal como las Tablas de la Ley de una democracia–, obliga a recordar una regla de la política, esta sí muy simple: nadie gobierna una hora antes de ser investido en el poder, y ni una hora más, luego de hecha la ceremonia de cambio de mando. Ello, porque todo el mundo anda leyendo señas y buscando interpretaciones anticipadas, donde debe primar la austeridad de expresiones y el primer ejercicio es amasar y leudar un bloque político de adherentes que sostenga de manera estable un ejercicio de gobierno eficiente, cuando llegue la hora.

Pese a que la historia está llena de debates entre abogados y economistas disputándose la primacía de los diagnósticos, y de sociólogos, encuestadores y cientistas políticos describiendo el futuro, la realidad actual se presenta, en palabras de un filósofo español, de manera autoexcedida, tanto en complejidad como en velocidad. La mala noticia es que la Política aún no parece darse cuenta e insiste en recetarse más de lo mismo.

El ciclo de cambio que vive el país está completamente en estado gaseoso, luego del estallido del año 2019 y la seguidilla de elecciones. Captar la complejidad del flujo político y social de una coyuntura como esta, no es solo un conocimiento o la aplicación de unas reglas, sino también una sensibilidad y un arte, una intuición y un momento de emotividad colectiva que, en otro editorial, señalamos que habría sido el elemento diferenciador del Presidente electo para ganar las elecciones. Su capacidad de intuir la calle.

Parece recomendable dejar las cosas hasta ahí por el momento, y llamar un poco a la calma a los voceros espontáneos y los amigos y adversarios de última hora, sobre el orden de los factores del nuevo Gobierno que aún no empieza. Sus arritmias solo desordenan o, lo que es peor, desalientan. A menos que ya estén haciendo una pulseada, lo que sería establecer otra regla de las instalaciones democráticas en los países plurales.