Violencia político-sexual en Chile: la impunidad y el silencio como causa de la repetición

Dentro de poco se conocerá el fallo de una causa en la que soy querellante por los delitos de secuestro de menores, violación, abusos deshonestos, tortura, privación ilegítima de libertad, cometidos en septiembre de 1973 en “Estadio Chile”. Fui detenida a las pocas horas en que se materializó el golpe de Estado, vistiendo todavía uniforme escolar y portando mis cuadernos. He declarado como testigo de crímenes que se cometieron en ese lugar y también sobre los delitos ocurridos en mi contra. Por esa razón, acuso a los oficiales que estuvieron en este recinto y todos aquellos que resulten responsables en calidad de autores, cómplices y encubridores. 

El Poder Judicial tiene un rol importante en la sociedad, destinado a otorgar justicia oportuna y de calidad para fortalecer la democracia. En mi caso hemos esperado por décadas que esta actúe y falle, para que los responsables paguen efectivamente por sus delitos. El tiempo transcurrido sin investigación ni castigo ha validado los crímenes contra mujeres, causando costos personales y también dañando al conjunto de la sociedad al privarla de las herramientas jurídicas, tanto de protección y reparación a las víctimas como sanción a los perpetradores. 

La invisibilización de la violencia político-sexual, el “no hacer” de las autoridades competentes y la impunidad que se deriva de este silencio, hace posible que en Chile el mismo Estado continúe ejerciendo la misma violencia contra mujeres y jóvenes, como ocurrió con manifestantes en el movimiento social que irrumpió a partir de  octubre de 2019. Actos realizados por los mismos agentes institucionales, uniformados, amparados y financiados con los impuestos de todos los chilenos y las chilenas, nos obligan a exigir que el Estado asegure medidas de no repetición desde el punto de vista político, cultural y educativo.

La expectativa, tanto en mi caso, como en el de numerosas personas que sobrevivieron a estos horrores en la dictadura cívico-militar y que también han interpuesto querellas, es lograr que nuestra sociedad dimensione la responsabilidad del Estado y comprender que, si bien es importante distinguir los crímenes y las penas que correspondan a los responsables, no se puede obviar que aquí hay un tema sistémico, integral y, por lo tanto, necesita la concurrencia y la participación de distintas personas que estén dispuestas a reflexionar desde un enfoque de género y así visualizar temas hasta ahora completamente ignorados, como el aborto forzado en situación de tortura, rapto y venta de menores, vulneración de derechos de personas LGBTI+, violencia político-sexual ejercida contra hombres, entre otros.

Esta noción no quiere decir, como se tiende a interpretar tanto por ignorancia como por la franca intención de eludir responsabilidades, que pretendamos desestimar este mismo tipo de crímenes cometidos por particulares contra cualquier mujer o persona en situación de vulnerabilidad. Pero al equiparar sin distinguir quién es el que finalmente perpetra el crimen, anula e invisibiliza la responsabilidad que le corresponde al Estado cuando está siendo el impulsor y sostenedor de violaciones a los derechos humanos. 

El actual proceso constituyente otorga una importante oportunidad para reconocer, reflexionar y tomar medidas sistémicas y así garantizar que estos hechos no sigan ocurriendo en ningún contexto y bajo ninguna excusa. Solo cuando esto ocurra podemos afirmar con propiedad que “Chile cambió”, más allá de las intenciones y los entusiasmos repentinos.