Opinión
De este modo, el actual Gobierno puede estar tranquilo de que probablemente no tendrá un estallido, no solo porque las condiciones económicas y sociales son distintas, sino también porque actualmente no hay líderes políticos con representación en el Congreso, encabezando los movimientos sociales, dirigiendo las federaciones de estudiantes universitarios o escribiendo columnas de opinión, legitimando discursivamente la violencia.
Nuevamente un grupo de estudiantes secundarios convocó a evadir el pasaje del Metro de Santiago, a propósito del alza del pasaje anunciada por el Gobierno. El llamado recordó a todos que la evasión del pago del transporte público fue el repertorio de protesta que antecedió al denominado “estallido social”, y que fue legitimado por varios personeros del actual Gobierno, que, en pocas palabras, interpretaron la evasión como “desobediencia civil” frente a la “violencia estructural” del “modelo chileno”. Sin embargo, la reacción de quienes antes avalaron la evasión ahora fue distinta. Por ejemplo, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo (PCCh), manifestó que evadir “no es el camino”.
Si bien es evidente el doble discurso del FA y el PCCh en esta materia, es necesario que sus personeros realicen estas expresiones por el bien de nuestra democracia. En efecto, para ser estable en el tiempo, nuestro régimen político requiere de una cultura democrática mínima, cuyo consenso sea que las manifestaciones que implican violencia política y la destrucción de los bienes y servicios públicos y privados nunca son un camino legítimo.
En este sentido, es un avance democrático que la extrema izquierda, que todavía sueña con “derrocar” el capitalismo, reconozca que ese tipo de protestas no son el camino para lograr los cambios, pero es un retroceso que ello se sostenga solo en que “el contexto es distinto”. Si la condena a la violencia política solo depende del contexto, entonces no puede haber confianza en que el día de mañana se vuelvan a producir hechos de naturaleza semejante a los de octubre del 2019.
Recordemos que la legitimación de la violencia política, que puede ser anterior o posterior a su ejecución, no se produce como una consecuencia espontánea de ciertas condiciones materiales, sino que requiere de recursos simbólicos e ideológicos a partir de los cuales esta pueda ser interpretada como “necesaria” por ciertos grupos (Apter, 1997). Y eso fue lo que ocurrió durante el estallido social: el FA y el PCCh legitimaron, discursivamente, la violencia política y la evasión del transporte público específicamente, como un repertorio de protesta legítimo equivalente a la desobediencia civil, a la vez que deslegitimaron y debilitaron la labor policial y militar.
De este modo, el actual Gobierno puede estar tranquilo de que probablemente no tendrá un estallido, no solo porque las condiciones económicas y sociales son distintas, sino también porque actualmente no hay líderes políticos con representación en el Congreso, encabezando los movimientos sociales, dirigiendo las federaciones de estudiantes universitarios o escribiendo columnas de opinión, legitimando discursivamente la violencia. Mas un gobierno de derecha no puede tener la misma certeza mientras la izquierda condicione su apoyo a repertorios agresivos de protesta al “contexto” (el signo del Gobierno de turno).
Es fundamental que toda la clase política rechace las manifestaciones violentas en todas sus formas, independientemente del contexto. A cincuenta años del golpe de Estado, con mayor razón nuestra sociedad debiera ser capaz de concordar un mayor compromiso con la tan necesaria y al parecer escasa cultura política democrática, para que nunca más se vuelva a avalar la violencia para llevar adelante una agenda en particular, y, en consecuencia, tampoco se vuelvan a producir enfrentamientos peligrosos y lamentables entre manifestantes y las Fuerzas de Orden y Seguridad.
