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Y después de La Haya, ¿qué?

por 25 septiembre, 2018

Y después de La Haya, ¿qué?
Varias personalidades de distintos ámbitos han planteado que Chile debería retirarse del pacto de Bogotá. Ello significaría renunciar a una larga y exitosa tradición diplomática que hace de la defensa del Derecho Internacional y del fortalecimiento del multilateralismo, uno de los pilares esenciales de la política exterior de Chile. Renunciar a ella significaría un grave daño al interés nacional, cualquiera sea la retórica –las más de las veces confusa, contradictoria y ambigua– de los que promueven un giro tan radical de nuestra política internacional.
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A pocos días de conocerse el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la demanda boliviana contra Chile, se ha producido un acuerdo muy amplio y transversal de que nuestro país debe esperar el dictamen con serenidad, y que corresponde aceptarlo y respetarlo. Chile reconoce la jurisdicción de la CIJ en los asuntos que son sometidos a su consideración por los estados partes. Tanto es así, que en los temas pendientes con Bolivia, Chile no solo tiene la condición de Estado demandado, sino al mismo tiempo, de demandante. Después de la demanda boliviana, el Gobierno sometió al mismo Tribunal el diferendo por las aguas del río Silala, que ambos países no han sido capaces de resolver por la vía de las negociaciones bilaterales. Resultaría completamente incomprensible y contrario al interés nacional, desconocer el fallo de un Tribunal que tiene pendiente una importante demanda chilena.

Existe también un amplio consenso en que el fallo del Tribunal no determinará la obligación de Chile de ceder soberanía, que –no hay que olvidar– es el meollo de la demanda boliviana. Bolivia pretende que en las múltiples negociaciones realizadas entre ambos países, y particularmente en 1950 durante el Gobierno de González Videla y en 1978 con el de Pinochet, Chile se habría comprometido a conceder una salida soberana al mar a Bolivia, a través de un corredor terrestre al sur de la Línea de la Concordia, y que esas propuestas generarían un derecho boliviano. Para Chile es evidente que una negociación no concluida no genera deberes ni derechos para las partes. De lo contrario, la diplomacia perdería todo sentido. Avala esta posición la declaración de la CIJ en sus excepciones preliminares, en el sentido de que el Tribunal no tiene facultades para definir límites entre ambos países. La plena validez del Tratado de 1904, por lo tanto, está garantizada.

Existe también un amplio consenso en que el fallo del Tribunal no determinará la obligación de Chile de ceder soberanía, que –no hay que olvidar– es el meollo de la demanda boliviana. Bolivia pretende que en las múltiples negociaciones realizadas entre ambos países, y particularmente en 1950 durante el Gobierno de González Videla y en 1978 con el de Pinochet, Chile se habría comprometido a conceder una salida soberana al mar a Bolivia, a través de un corredor terrestre al sur de la Línea de la Concordia, y que esas propuestas generarían un derecho boliviano. Para Chile es evidente que una negociación no concluida no genera deberes ni derechos para las partes. De lo contrario, la diplomacia perdería todo sentido. Avala esta posición la declaración de la CIJ en sus excepciones preliminares, en el sentido de que el Tribunal no tiene facultades para definir límites entre ambos países. La plena validez del Tratado de 1904, por lo tanto, está garantizada.

Estos amplios consensos permitirán que Chile enfrente con una política de Estado el fallo que se conocerá la próxima semana. Se han escuchado, sin embargo, voces disidentes. Varias personalidades de distintos ámbitos han planteado que Chile debería retirarse del pacto de Bogotá. Ello significaría renunciar a una larga y exitosa tradición diplomática que hace de la defensa del Derecho Internacional y del fortalecimiento del multilateralismo, uno de los pilares esenciales de la política exterior de Chile. Renunciar a ella significaría un grave daño al interés nacional, cualquiera sea la retórica –las más de las veces confusa, contradictoria y ambigua– de los que promueven un giro tan radical de nuestra política internacional.

No quedará otro camino que el que Chile ha recorrido durante decenios: intentar por la vía del diálogo la plena normalización de las relaciones con un vecino tan importante como Bolivia. No será fácil. El largo pleito en La Haya, y la conducta errática –y muchas veces agraviante para nuestro país– del Presidente Morales ha socavado profundamente la confianza mutua, condición indispensable para un diálogo constructivo.

El pleno desarrollo de Chile, su privilegiada posición en el Pacífico, su vocación de puente y puerto para las mayores economías de América del Sur ubicadas en el Atlántico, requieren la armonía con todos sus vecinos. Por su condición geográfica Bolivia está llamada a jugar un papel importante en el proceso de integración regional.

Con paciencia y una mirada estratégica de largo plazo habrá que recomenzar el fatigoso pero indispensable camino del diálogo.

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