Opinión
La persistencia de una movilización sin logros puede aumentar el descontento, inclusive su radicalización. Eso favorecería escenarios no promisorios, como darle relativa credibilidad a los que diagnostican que enfrentamos una amenaza a la seguridad. La insistencia en maniobras que distancian aún mas a las elites de la población –como las querellas al interior de la elite- puede conducir a la bancarrota de la representación tradicional. Vital para ello es afinar la apreciación, asumir las crisis social y de legitimidad. Por cierto, la situación demanda una conducta estatal –mas allá de la contingencia- de parte de los titulares de los poderes del Estado.
Estamos entrando a la tercera semana de la crisis y aún no se ve cómo salimos de ella. ¿Por qué? ¿Estamos frente a contradicciones irreconciliables? ¿Quiénes están llamados a resolver? ¿Cómo encauzar la protesta de una manera institucional y realista al mismo tiempo?
Por cierto, descartando la hipótesis de que algunos actores quisieran que la crisis continúe, sea para que se profundice o al revés, para que el movimiento se desgaste, corresponde examinar porque después de una quincena de movilizaciones a lo largo de todo el país, aún no se vislumbra un camino de solución.
La apreciación que se desarrolla tiene un supuesto, el que a la inmensa mayoría del país le conviene salir pronto y bien de esta coyuntura.
En esta dirección podríamos enumerar las siguientes causas explicativas.
Sin una apreciación compartida de la situación, es muy difícil consensuar un camino de salida a ella. ¿Ejemplo? caracterizar a la movilización como una crisis de orden, identificarla primordialmente como violencia. Por cierto hemos conocido de actos vandálicos, que hay que condenarlos sin vacilación, pero pensar que esa es la causa de la crisis es erróneo, mas bien es una consecuencia. En mi opinión tampoco estamos en presencia de una “crisis revolucionaria”, como lo sugieren algunas interpretaciones ultra ideologizadas. La inmensa mayoría de los manifestantes demanda mejorar su calidad de vida, inclusión social, el fin de diversas inequidades que se han instalado en nuestra cotidianeidad. Un lugar destacado en las demandas se refiere a los derechos sociales y su ejercicio, especialmente en materia de previsión, salud y educación. Por cierto, la indignación también se alimenta con la desigual distribución de ingresos expresada en salarios bajísimos junto a las groseras utilidades de una minoría.
El malestar social es uno de los pilares de las protestas. Convive con otro proceso que alcanza también ribetes de indignación: la elevada deslegitimación que afecta a las elites políticas: Gobierno, Congreso, incluidos los partidos. Fenómeno medido regularmente en todas las encuestas. Al igual que con otras elites (empresariales, uniformadas, eclesiásticas) la mayoría de la población desconfía de todos los que ocupan posiciones de poder. La presunción dominante es que “los que están arriba ocupan sus cargos en provecho personal”. Una grosera diferencia salarial en algunos casos (no solo en el congreso sino también en las empresas estatales y por cierto en el propio gobierno), unida a pensiones inexplicables que favorecen a ex funcionarios. Todo ello agravado por los diversos casos de corrupción conocidos. Lo anterior acarrea una grave dificultad para construir una salida a la actual crisis. Dada la fuerte desaprobación de Gobierno y Parlamento, cualquier entendimiento entre ambos poderes será visto con desconfianza por la mayoría de la población. Pueden ser acuerdos con plena legalidad pero con escasa legitimidad.
El movimiento social no tiene conducción, ni programa. Carece de líderes. Esa es su ventaja, porque permite una amplia horizontalidad y transversalidad que se manifiesta en la calle. Ha permitido incluso que personeros del oficialismo busquen posicionarse en la protesta. Pero esta transversalidad y ausencia de liderazgo también es su debilidad, porque limita usar todo su potencial tras un objetivo común y prioritario.
Asimismo la diversidad de demandas, desde reformas profundas hasta la eliminación del Tag, complica identificar lo prioritario. La solución a la crisis requiere de medidas de corto plazo junto a medidas que requieren tiempo. Existen asuntos que pueden resolverse incluso sin legislación, mediante resoluciones gubernamentales, algunas de ellas expresadas en la llamada “agenda social” anunciada hace mas de 10 días por el gobierno, pero son claramente medidas que no tocan la base de las inequidades. Ello no quita el valor de implementarlas. Si requieren de rapidez y decisión. Junto a ese programa urgente de descomprensión social se debe asumir, a la brevedad posible, algún tipo de consulta ciudadana sobre los temas estructurales. Eso permitiría participación y le daría legitimidad a estas decisiones. Que temas se someterían a la consulta de la ciudadanía, debe ser fruto de un acuerdo sólido entre Congreso y Ejecutivo, con la mayor participación del mundo social posible. Por sobre los poderes del Estado esta siempre el soberano, y el se manifiesta a través de la consulta ciudadana.
Por cierto no resuelven la crisis iniciativas como las acusaciones constitucionales, por legítimos que sean sus considerandos. La población espera solución a sus demandas y no mas querellas al interior del Parlamento. Lo prioritario hoy es la construcción de un camino que permita ver la luz al final del túnel.
En toda maniobra la variable tiempo es fundamental. ¿A favor de quien corre el tiempo en esta crisis? La experiencia histórica indica que la prolongación de conmociones sociales termina afectando a la economía, daña el abastecimiento, disminuye la actividad económica, atrasa los sueldos, a veces los reduce, especialmente para quienes viven del día a día. Y de la economía se pasa a la conducta social muy rápidamente, ello puede provocar súbitos cambios de ánimo.
No creo equivocarme en que en la medula de la movilización está un fuerte clamor por el fin de los privilegios unido a una demanda por mejorar la calidad de vida. En una sociedad que creó una brecha enorme entre modernidad e igualdad.
Chile puede salir muy bien de esta crisis, si logramos construir una nueva convivencia que asegure niveles de satisfacción social para todos y relegitime los poderes del Estado.
Por el contrario, la persistencia de una movilización sin logros puede aumentar el descontento, inclusive su radicalización. Eso favorecería escenarios no promisorios, como darle relativa credibilidad a los que diagnostican que enfrentamos una amenaza a la seguridad. La insistencia en maniobras que distancian aún mas a las elites de la población –como las querellas al interior de la elite- puede conducir a la bancarrota de la representación tradicional. Vital para ello es afinar la apreciación, asumir las crisis social y de legitimidad. Por cierto, la situación demanda una conducta estatal –mas allá de la contingencia- de parte de los titulares de los poderes del Estado.
