Opinión
Es indispensable que todos los actores sociales concreten acciones para enfrentar este futuro incierto. ¿Cómo logramos esto? El Estado debe fortalecer –e incluso en algunos casos flexibilizar– las herramientas existentes en la actualidad, para desarrollar políticas e instrumentos creativos que propicien e impulsen al resto de los actores a ser parte de las soluciones. En este sentido, también resulta fundamental que el sector privado se involucre y entregue respuestas sustentables a largo plazo, de cara a hacerse cargo de los pasivos ambientales que genera a partir de sus inversiones.
De acuerdo a Naciones Unidas, el 68% de la población mundial será urbana en 2050. Esto representa un aumento importante en comparación con el año 1950, cuando las cifras rondaban el 30%. También se proyecta que la temperatura global aumentará en 1.8 °C sobre la media preindustrial (1850), acarreando efectos en todos los aspectos de la vida humana, principalmente en áreas urbanas.
Chile es un país altamente sensible a los efectos del cambio climático, por cuanto cumple con siete de los nueve criterios de vulnerabilidad establecidos por la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático: zonas áridas y semiáridas, zonas con cobertura forestal y zonas expuestas al deterioro forestal; zonas propensas a los desastres naturales y zonas expuestas a la sequía, entre otras.
El cambio climático en nuestro país traerá consigo un aumento de temperaturas, con mayor intensidad en la zona norte (1,5 °C – 2,0 °C sobre la media) y en las zonas cordilleranas del cordón andino. Sobre precipitaciones, las tendencias muestran disminución entre los años 2031 y 2050, lo que se traduce en un clima más seco en comparación con la media histórica. Las áreas más afectadas serán las regiones entre Atacama y Los Lagos, las más productivas en faenas agrícolas y con mayor concentración de población.
En este escenario, las administraciones locales y sus comunidades se hacen extremadamente relevantes, entendiendo que los territorios enfrentan de forma directa los impactos del cambio climático. Por ello, la capacidad de reaccionar se vuelve esencial de cara a disminuir los daños y pérdidas a las personas. Fortalecer la capacidad de respuesta de la población y de las instituciones frente al desafío de un futuro incierto y cambiante es una tarea fundamental del proceso de adaptación al cambio climático.
Se hace necesario exponer esta información para balancear la mirada de cómo llevar adelante la reactivación de Chile pospandemia. Hay voces que empujan soluciones desde una mirada economicista y de corto plazo, apuntando a flexibilizar todo aquello que pueda detener o demorar la inversión. Los temas ambientales y sus componentes de participación ciudadana son los principales afectados con dichas lógicas. De esta forma, no sería extraño que se concreten proyectos bajo la lógica del “Fast Track Ambiental”, con una fuerte resistencia de las personas ante la carencia de un acuerdo social-ambiental.
Dicho esto, es indispensable que todos los actores sociales concreten acciones para enfrentar este futuro incierto. ¿Cómo logramos esto? El Estado debe fortalecer –e incluso en algunos casos flexibilizar– las herramientas existentes en la actualidad, para desarrollar políticas e instrumentos creativos que propicien e impulsen al resto de los actores a ser parte de las soluciones. En este sentido, también resulta fundamental que el sector privado se involucre y entregue respuestas sustentables a largo plazo, de cara a hacerse cargo de los pasivos ambientales que genera a partir de sus inversiones.
