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Las Universidades del Estado en la nueva Constitución

por 19 enero, 2021

Las Universidades del Estado en la nueva Constitución
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Irónicamente el mismo año en que el país se apresta a vivir un proceso de modificación a su Carta Fundamental se cumplen 40 años de la publicación de los DFL Nº1 y Nº4 del Ministerio de Educación. A través de estas disposiciones, publicadas ambas en enero de 1981, se cimentaría parte importante de lo que sería el desregulado sistema de educación superior de las décadas posteriores.

Mediante ambos decretos, no solo se abriría sin ningún tipo de restricción la entrada de todo tipo de oferentes al sector educacional superior, sino que también se marcaría un punto de inflexión en la forma en que el país entendería su relación con las Universidades del Estado y su financiamiento.

Así, el DFL Nº4 de 1981 estableció la reducción progresiva de los fondos basales entregados por el Estado y la progresividad del porcentaje a cargo de las propias familias vía crédito estatal o pago directo de aranceles. De acuerdo al diseño del Decreto, el aporte fiscal directo pasaría de representar el 100% a solo el 33% del financiamiento total de las universidades (Brunner, 2009).

Los efectos de esta medida tan lejana a nuestros tiempos siguen más presentes que nunca. Entre 2014 y 2018 el financiamiento por vía aporte directo o fondos concursables representó en promedio solo un 25% del total de recursos de las Universidades del Estado. Mientras, el porcentaje asociado a los aranceles promedió en el mismo período un 55% (SIES 2015-2019).

Así, no solo se redujeron sistemáticamente los fondos dirigidos a las instituciones estatales, sino que, al establecer como principal financiamiento a los aranceles, se impuso un sistema en que las casas de estudio públicas debían competir por estudiantes como un oferente más en el mercado desregulado de la educación superior.

Los resultados de estas disposiciones son evidentes. En las últimas dos décadas, por ejemplo, las Universidades Estatales fueron el tipo de institución con menor crecimiento, aumentando su matrícula solo un tercio de lo que lo haría el sistema de educación superior comandado por casas de estudio privadas.

No obstante lo anterior, las Universidades del Estado han logrado sobrevivir y con muy buenos resultados, explicado esto enteramente por el aporte y compromiso de sus comunidades. Así, por ejemplo, estas cuentan con uno de los índices de retención más altos entre todas las casas de estudio (SIES, 2020), destacando, además, su presencia en 15 regiones del país. Por otro lado, todas ellas se encuentran acreditadas y 4 universidades de la red pertenecen a la selecta categoría de "Excelencia" (CNA, 2020). Otro elemento característico es su compromiso con la inclusión: el 55% de su matrícula posee gratuidad y un 71% posee algún beneficio (gratuidad o beca) (CGR, 2019). Por otro lado, cerca del 85% de sus estudiantes provienen de la educación municipal o particular subvencionada (SIES, 2019).

En la discusión constitucional que está a punto de materializarse, precisamente el mismo año en que se conmemoran 40 años de las disposiciones que marcaron a la educación superior pública del país, es fundamental abordar profundamente el rol que les compete a las Universidades Estatales en el Chile del mañana. Resulta primordial que estas recuperen la dependencia al financiamiento basal que en algún momento de la historia tuvieron. Con ello no se estará llevando al país a un abismo, como probablemente algunos sostendrán, sino que se incluirá a Chile en un largo listado de países como Alemania, Austria, Suecia o Dinamarca (Comisión Europea, 2018), naciones con Estados de bienestar potentes y desarrollados, que piensan la educación superior estatal como un bien público y, por ende, conciben su financiamiento como una inversión de mediano y largo plazo que beneficia a la sociedad en su conjunto.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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