La emergencia de una nueva política

Toda crisis y cambio de ciclo político tiene aparejada una nueva forma de entender y practicar la política. La desestructuración de la república oligárquica en los 1920 y 1930 fue causa y a la vez consecuencia de una suerte de masificación e ideologización de la política. Lo que antes se decidía en reputados círculos dirigentes era ahora un conflicto social abierto, en los que no escaseaban grupos con camisas de distintas coloraciones que se identificaban con corrientes ideológicas globales de su época. Fue en ese escenario que la contradicción entre la igualdad formal del liberalismo decimonónico y la desigualdad material de la “cuestión social” estalló en la forma de una prolongada crisis política y la emergencia de una política de clases institucionalizada, con nuevas prácticas, referentes y actores en puestos dirigentes.

Esa forma de entender la política -con idas y venidas- se mantendría hasta el golpe militar de 1973. La dictadura no sólo clausuraría las instituciones democráticas del Estado o las garantías constitucionales, sino que implementaría aquello que Steve Stern llamó hace un tiempo “policidio”, es decir, un intento sistemático por destruir los marcos, las prácticas y los referentes con los que se había entendido la política hasta ese momento. De ahí la proscripción y demonización de la política y los políticos, y la crítica explícita no sólo a la experiencia reciente de la Unidad Popular sino que también a toda la democracia de masas del siglo XX. Y de ahí también los contornos “apolíticos” que asumiría el proyecto refundacional autoritario: el Estado debía contraerse y reestructurarse verticalmente, asegurando la participación social jerárquica y despolitizada a nivel local, a la vez que el mercado ofrecía el espacio para el despliegue de la voluntad individual en un plano de continua competencia. Más allá de que los años 1980 revivieron una política de masas opositora que, entre otras cosas, hizo posible la derrota electoral del régimen en 1988, el “policidio” pinochetista proyectaría su sombra en la transición democrática en forma de desmovilización, desafección y desconfianza ante la esfera política.

La crisis simbolizada en el estallido social de octubre de 2019 tiene también aparejada una nueva forma de hacer política. Por supuesto, no fue algo que empezó ese día o que se limite sólo al caso chileno. Como en tantas otras ocasiones, el fenómeno corresponde más a la concreción local de fenómenos globales. Y si de concreciones hablamos, la agitada instalación de la Convención Constitucional del domingo 4 de julio del 2021 fue quizás el momento de mayor proyección pública e institucional de esas nuevas coordenadas. Su importancia radica, ni más ni menos, en que ese será el marco del órgano colegiado y electo más poderoso de la historia republicana chilena de las últimas décadas.

¿Cómo caracterizar esta nueva política? Primero, por la necesidad de una continua performatividad que de cuenta de identidades emergentes y que se presentan como suprimidas por la cultura dominante. Existe, en ese sentido, una demanda por multiculturalidad en clave igualitarista, aunque sus prácticas y objetivos tiendan más hacia una “política del reconocimiento” antes que la promoción colectiva de actores sociales postergados. Como sea, ello tiene que demostrarse en la vía pública de manera disruptiva, buscando remover pautas de comportamiento tradicional y buscar la empatía entre los subordinados. Eso implica además que existe una crítica no siempre articulada al principio clásico de representatividad. Una persona, un voto, al parecer, ya no es suficiente, por lo que habría que hacer espacio a aquellos que la igualdad política formal ha ignorado.

Segundo, la narrativa nacional que había parecido ordenar y delimitar identidades políticas de distinto signo parece haberse agotado, al menos en su formulación clásica. La inclusión y protagonismo de representantes indígenas en el proceso constituyente, y el apoyo transversal del amplio arco político y social por los cambios, tiene que ver, entre otras cosas, con la búsqueda de nacionalismos alternativos que desestabilicen la noción clásica de la nación unitaria y centralista. Nuevamente aquí hay una tensión que estalló en pedazos: el de la “unidad nacional” propalada sobre todo desde sensibilidades conservadoras, por una parte, y la experiencia cotidiana de masas de jerarquías humillantes y fracturas evidentes, por la otra. El relato nacional indígena opera entonces como un nuevo camino de cohesión simbólica, y que por añadidura es perfectamente compatible con anhelos de inclusión de género, intergeneracionales y medioambientales, entre otras preocupaciones que en el último tiempo se han convertido en demandas políticas colectivas de peso.

Por último, la nueva política de la crisis contemporánea parece luchar entre la institucionalización y la crítica a las instituciones. El anti-partidismo fue un componente central de la primera etapa masiva del estallido social del 2019, y las elecciones a la Convención Constituyente -e incluso a las gobernaciones regionales- demostraron que tenía un rendimiento electoral mucho más allá de lo esperado. Por supuesto, ese anti-partidismo no implica inacción ni atomización, sino una búsqueda de formas de organización que no sean fácilmente cooptadas por camarillas o franjas dirigentes con intereses propios. De allí el auge de los independientes y la pérdida relativa de la noción de bloques electorales estáticos. Con todo, este afán choca con las necesidades de institucionalización no solo de actores sociales, sino que del propio conflicto político. La desconfianza ante la representación y la organización partidaria parecen tensionarse cuando el proceso socialmente legítimo de cambio y reestructuración asume como suyos la representación y la organización de una Convención Constitucional legalmente instituida y normada.

Como todo proceso de cambio político, el camino presenta riesgos importantes. Primero, el más evidente, el riesgo de quedar disminuidos hasta la irrelevancia para quienes hagan caso omiso del poder de convocatoria de esta nueva política, o para quienes decidan emprenderlas directamente contra sus lógicas fundamentales. Una fracción importante de la derecha convencional parece estar en ese registro, a pesar de los intentos algo infructuosos de sus candidatos presidenciales por adaptarse a los nuevos tiempos.

También está el riesgo del abuso de las formas y de una suerte de “estetización de la política”, es decir, la reducción de las demandas y la movilización a su dimensión performática, suponiendo que eso sería suficiente. Ello no sólo lo haría políticamente inefectivo, sino que también tiene el riesgo de alienar a aquellos potenciales simpatizantes que no forman parte de esas comunidades identitarias redimidas. Relacionado con ello está también el riesgo de la pérdida del carácter inclusivo de los nuevos relatos nacionales o colectivos. La rigidización de esos parámetros pueden transformarlos rápidamente en imperativos morales excluyentes que no reconozcan muy reales pluralidades de la sociedad chilena actual. Y por último, el riesgo de la disgregación ante el rechazo a la organización. Toda acción colectiva requiere de coordinación e instancias de decisión que implican ciertos grados de disciplina voluntaria, más aún cuando esa nueva política asume un poder constituyente.

Más allá de esos riesgos, lo cierto es que estamos frente a la emergencia de una nueva política en Chile, que muy posiblemente se erigirán como los nuevos límites de lo posible en el próximo orden constitucional. Buena parte de sus posibilidades irán de la mano de su conexión con las experiencias concretas de desigualdad de parte importante de la población chilena, y de las formas que intente para resolver la tensión entre esa desigualdad y los nuevos mecanismos discursivos de integración social. Como en toda crisis, los caminos están abiertos.