Opinión
El crimen de la desigualdad permanece sin crecimiento económico sustentable. Sin perjuicio de que tomemos los datos del Banco Mundial (2013 o 2017), los puestos ocupados en términos de coeficiente Gini por nuestro país lo ubican dentro de los países más desiguales del mundo (entre el 5° y 12° lugar). Las cifras son demoledoras: tenemos un PIB per cápita de unos US 25.000, ubicándonos dentro de los primeros lugares de América Latina, tras Panamá, y por contraste casi un 11 por ciento de nuestros compatriotas vive en la pobreza (CEPAL 2020).
Los servicios básicos o de utilidad pública deben pagarse conforme a condiciones de un mercado muchas veces abusivo y descontrolado, que nos ubica dentro de los países más caros de la Sudamérica (Programa de Comparación Internacional del Banco Mundial).
Mientras la remuneraciones son bajas, los costos de la vida para solventar las cuentas de agua, electricidad, gas se disparan, pues se ajustan precisamente a este modelo. Lo anterior se agrava en los servicios de utilidad pública que ocupamos diariamente, como el transporte público o la telefonía móvil-internet.
Mientras los ingresos país suben, la calidad de vida de las personas se ha visto menoscabada por décadas, marcadas por las diferencias arbitrarias en prestaciones de salud de calidad –en donde las clínicas privadas /Isapre cubren a un 20 por ciento de la población, y los servicios públicos/Fonasa deben hacerse cargo del 80 por ciento más vulnerable de la población–. La desacreditación de las AFP y el sistema previsional es el corolario de esta profunda “no respuesta” a las necesidades de jubilación de nuestros adultos mayores.
Así, para los desafíos que debe enfrentar con urgencia nuestro país, es imprescindible un nuevo trato de los actores que participan en el desarrollo económico. Esto supone un Estado eficiente, moderno, ágil, desburocratizado, transparente. En lo concreto, entre otros, supone cambios profundos al Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Transportes y el de Vivienda. Su organización anquilosada muchas veces por las prácticas de dilatación de las soluciones, se explica por falta de competencia o simplemente irresponsabilidad, por no dar oportuna tramitación a expedientes, omitiendo soluciones concretas y propositivas.
Quizá por este diagnóstico dramático, vemos la tentación reflejada en programas de gobierno de crear empresas nuevas estatales. Más allá de la buena intención, resulta una falacia creer que sumando empresas estatales lograremos un cambio. Baste ver lo que pasa con la Empresa de Ferrocarriles del Estado y la ausencia de trasporte interregional.
Para los desafíos que vienen necesitamos imperiosamente un gran plan de infraestructura pública que permita servicios básicos y de utilidad pública, que dignifique la vida de nuestras familias y, simultáneamente, genere miles de puestos de trabajo bien remunerados. Un ciclo virtuoso de desarrollo sostenible en el que construyamos trenes, tranvías, teleféricos, puertos, puentes, carreteras, plantas desaladoras, riegos tecnificados, hospitales, entre otros, por medio de una dinámica, eficiente y proba alianza público-privada.
Entre las obras a ejecutar –solo por mencionar aquí dos grandes sectores matrices del desarrollo sustentable– destacan la electromovilidad y los recursos hídricos, postulamos así, en horizonte de 4 años, que coincide con el período presidencial y los programas de gobierno, desarrollar efectivamente los proyectos tantas veces anunciados en períodos electorales:
Trenes Valparaíso-Santiago-San Antonio; Santiago-Chillán-Concepción. Agregando Santiago-Melipilla y la extensión de Temuco. Que consideran modo pasajeros y carga, que se estiman en más US$6.000 millones. Tranvías interurbanos en Coquimbo-La Serena y teleférico Las Compañías, Rancagua-Machalí, Viña del Mar; teleféricos Alto Hospicio-Iquique; Puerto Montt, sumando más de US$ 1000 millones. Sistemas de desalación multipropósito (consumo humano, agricultura, agroindustria, minería) en regiones como Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, entre otras, que considere la posibilidad de suministrar la Región Metropolitana, por sumas también superiores a los US$ 1.200 millones..
Resulta irritante ver cómo al inicio de cada gobierno se prometen obras que luego quedan en el listado de anuncios entrampados en oficinas de burócratas o incompetentes. La falta de probidad no es solo la comisión de delitos, sino que también no actuar con la proactividad técnica y la celeridad que los asuntos de utilidad pública ameritan. Ambas deben ser castigadas, pues lo que esta en juego es un bien superior que clama la ciudadanía: superar la desigualdad con crecimiento económico inteligente.
