Opinión
La revuelta social del 18 de octubre, el arrollador triunfo del apruebo en el plebiscito y la instalación de la Convención Constitucional, han abierto un ciclo de posibles transformaciones al neoliberalismo a la chilena. La urgencia y profundidad de los cambios que la sociedad sigue demandando, requerirán de una Nueva Constitución que les deje abierta la puerta, como de Gobiernos capaces de ofrecer una estrategia de concreciones en el corto y mediano plazo.
En el futuro inmediato, hay que establecer medidas de reactivación económica y del empleo a partir de las herramientas de política pública existentes y las atribuciones presidenciales hoy disponibles. Una tarea que no será sencilla producto del deterioro y la desconfianza generalizada que existe sobre nuestras instituciones, diezmadas por la corrupción y la colonización empresarial. No obstante, la orientación de las medidas puede ser vista como una oportunidad para reconstruir vínculos de confianza con la sociedad, reducir desigualdades sociales y de género, promover un desarrollo sostenible y fortalecer una estructura productiva altamente golpeada por la pandemia.
Gobernar la crisis no será suficiente. Las razones que gatillaron la revuelta social siguen latentes y la pandemia no ha hecho más que agudizarlas. La demanda por pensiones, salud y educación dignas, la erradicación de la violencia contra mujeres y disidencias, la autodeterminación de los pueblos, así como las exigencias por una democracia más robusta, son retos que todo Gobierno deberá enfrentar. Soslayar este hecho mantendrá abierta las condiciones que originaron la revuelta para cualquiera que asuma el próximo Gobierno.
Un Gobierno de Apruebo Dignidad tiene el desafío de proponer una estrategia de desarrollo sostenible, al tiempo que explique y convenza a la ciudadanía de la necesidad de priorizar y defender reformas que requerirán de al menos dos o tres Gobiernos. Mientras, de la mano de una nueva Constitución, tendrá que asegurar condiciones para su implementación. Cabe recordar que han sido las fuerzas populares las que han hecho posible que hoy estemos discutiendo sobre reformas estructurales, por lo que fortalecer sus organizaciones y concebirlas como aliadas y protagonistas de esos cambios, tanto en la construcción programática, como en su conducción e implementación, es fundamental. Desconocer este hecho, puede significar quedar atados a los poderes fácticos que gobiernan Chile desde hace décadas y que hoy desfilan arrogándose la única gobernabilidad posible.
En ese escenario, la consolidación de la candidatura de Kast enciende las alarmas de las fuerzas democráticas. Se trata de una opción conservadora, fundamentalista, de rasgos autoritarios y que busca defender los pilares del modelo neoliberal con un discurso de defensa nacional. No obstante los temores que infunde, Kast ha sido capaz de azuzar miedos y preocupaciones reales de franjas medias y populares vinculadas el orden público, la migración o mayores costos al emprendimiento. Su consolidación en la derecha constituye el ocaso de las opciones liberales y “sociales” que, hundidas por la corrupción y el desfalco de instituciones públicas, fracasaron en su intento de gobernar Chile.
Para enfrentar estos desafíos no basta con proponerse la articulación de un “frente antifascista”. Tenemos que demostrar que la salida al laberinto chileno es una estrategia de desarrollo sostenible, políticas de redistribución y derechos sociales que garanticen una vida digna, la profundización de la democracia y una defensa irrestricta de los derechos humanos. Un proyecto histórico capaz de reconocer la autonomía individual de las personas, pero que al mismo tiempo demuestre que la acción colectiva, que va mucho más allá de lo estatal, es una vía posible para enfrentar los dilemas que nos afectan en común.
En definitiva, avanzar en transformaciones al neoliberalismo con este contexto, implica ir más allá de administrar la crisis que nos legó la pandemia, el Gobierno de Piñera y décadas de profundización del modelo. Significa avanzar en una alianza popular que cimente un cambio de modelo, en generar pertenencia a un proyecto que invite a defenderlo y en un horizonte de reformas que permitan reconstruir la política como espacio legítimo para las decisiones colectivas. Más que gobernar la crisis, abrirle camino al nuevo Chile.
