Opinión
La ciudadanía inscrita en los registros electorales de Chile está llamada a pronunciarse por la vía del voto obligatorio -una vez más- para manifestar su decisión sobre una nueva propuesta de texto constitucional en el marco de un tercer proceso constituyente en marcha en los últimos 7 años. Entendamos por ciudadanía a las personas que van a ejercer su derecho a voto, tanto, las nacidas en Chile, como aquellas que eligieron vivir en nuestro país, sean húngaras, peruanas, alemanas, venezolanas o de otra nacionalidad de origen, residentes en Chile con derecho a voto.
Entender la memoria como generadora de futuro, sea para reflexionar en torno a los 50 años del golpe de Estado en Chile o para comprender que, desde el año 2016 vamos a tener tres procesos constituyentes, cuyo propósito ha sido y es cambiar la Constitución Política de 1980 por un nuevo proyecto constitucional, implica asumir el futuro en su complejidad e incertidumbre. En tal sentido, un mecanismo simplificado como votar Apruebo o Rechazo ante un requerimiento de suyo complejo como elegir una nueva Constitución Política resulta contradictorio con la finalidad de gobernar la complejidad y producir certidumbre. Ya lo sabe Gran Bretaña a 3 años del Brexit.
Una solución que exige un SÍ o un NO puede ser virtuosa, siempre y cuando la elección del pueblo es tomada por las élites como un disenso claro sobre la oferta presentada, para generar un mejor consenso como ocurrió en el caso del NO danés ante la propuesta de ingreso a la Unión Europea en el marco de las condiciones del Tratado de Maastricht. En este caso, el NO del pueblo danés de 1992, planteó a sus gobernantes: “Vaya y negocie mejores condiciones para ingresar a la UE y luego en 1993 ganó el SÍ. Aquí la finalidad última de la elección se cuidó y cumplió.
El año 2016 el ejercicio de poder ciudadano se expresó en los encuentros locales autoconvocados por comunas, cabildos provinciales y cabildos regionales, donde participaron 127.885 personas en 9.260 encuentros en todo Chile, así como chilenos en el extranjero, quienes asumieron la decisión de dialogar en torno a la elaboración de un nuevo proyecto constitucional.
Más vivo está el proceso constituyente, abierto por el estallido social y el acuerdo político del año 2019, que generó una Convención Constitucional electa con 155 convencionales para redactar una nueva Constitución, proyecto constitucional que fue rechazado por el 62% de la ciudadanía el año 2022 en un plebiscito de salida que admitía dos opciones: Apruebo o Rechazo, sin matices, aunque sí hubo propuestas aditivas durante las campañas por parte de sectores que invitaban a aprobar, exigiendo reformas al texto, o rechazar, comprometiéndose a impulsar un nuevo proceso constituyente para redactar una nueva constitución.Luego del triunfo del Rechazo frente al proyecto constitucional propuesto por la Convención Constitucional, continuamos regidos por la Constitución de 1980, lo que significa para Chile prolongar el ciclo de crisis de legitimidad institucional. Si bien es cierto, la derecha cumplió con su promesa de campaña en orden a impulsar un nuevo proceso constitucional, para redactar una nueva Constitución, el nuevo acuerdo político de fines del 2022 es tan deficiente como el acuerdo del 2019 en lo que se refiere al diseño del plebiscito de salida, ya que vuelve a repetir la fórmula confrontacional o excluyente de Apruebo o Rechazo.
El problema que se podría volver a presentar es un escenario donde la ciudadanía se incline mayoritariamente por la opción Rechazo. En concreto, eso significa, continuar siendo regidos por la Constitución de 1980, que no solo mantiene su ilegitimidad de origen, sino que no dialoga en absoluto con las necesidades de diseño institucional que Chile requiere, para abordar las complejidades e incertidumbres tan propias de este siglo XXI y su telón de fondo, la crisis ecológica global con un cambio climático galopante que, de acuerdo con los informes especializados, Chile está comprometido en 7 de 9 criterios de alta vulnerabilidad climática.
Al parecer no se entiende que el plebiscito de salida como el diseño de una solución es una oferta poco inteligente y confrontacional, para una ciudadanía inteligente y pacífica que, además, ya se definió por cambiar la Constitución de 1980, no solo en el plebiscito de entrada del año 2020, sino en las sucesivas encuestas en torno a esta temática. Dicho de otra manera, la ciudadanía demanda de la élite política acuerdos que faciliten los diseños institucionales que funcionen como soluciones adaptativas a las necesidades más acuciantes del diario vivir y del porvenir, donde una nueva Carta Magna nos oriente hacia el futuro como carta de navegación, para no irnos a la deriva (naufragar) ni mucho menos estancarnos como país (encallar).
En efecto, votar Apruebo es decirle SÍ a un texto, aunque no cumpla con nuestra entera satisfacción y votar Rechazo, es decirle que NO a un texto, aunque cumpla con la condición de salirnos de la parálisis de la Constitución de 1980. Plantear así la encrucijada de tener o no una nueva Constitución es no resolver el tema de fondo sobre la crisis de legitimidad institucional.
Entonces, si el tema de fondo es votar una nueva Constitución Política, se debería ofrecer a la ciudadanía una elección y decisión entre distintas ofertas de proyecto constitucional, donde aseguramos el resultado y la certeza de que al otro día del plebiscito vamos a tener claridad sobre cómo avanzar hacia una nueva Constitución y no someternos, una vez más, al juego de suma cero del actual plebiscito de salida, donde nos exponemos a un segundo Rechazo por parte de la ciudadanía, por el hecho de ofrecer como alternativa “la nada” o “una nueva incertidumbre”.
La ciudadanía o “el soberano” requiere, para este nuevo plebiscito de salida, tomar decisiones sólidas ante escenarios líquidos como los que está viviendo o padeciendo nuestra sociedad nacional y, por supuesto, también la sociedad global. Decisiones sólidas que pasan por elegir una opción de proyecto constitucional muy concreta, como por ejemplo el proyecto constitucional del 2016; el texto constitucional del 2022 o el nuevo proyecto/texto constitucional que emanará de este tercer proceso constituyente.
Es cierto que el proyecto constitucional del 2022 ya fue rechazado por una amplia mayoría de la población, por tanto, no debiese ser motivo de preocupación por parte de sectores que mayoritariamente han apostado por un nuevo proceso para redactar una nueva Constitución.
También es efectivo que la ciudadanía no conoce o no ha podido conocer la propuesta constitucional del año 2016, emanada de un diálogo constituyente a nivel comunal, provincial y regional para elaborar las bases de una nueva Constitución. Esto es un tema técnico procedimental solucionable, porque las actas de dichos encuentros existen y están resguardadas y sistematizadas en soporte impreso y digital. Armonizar la producción de un texto constitucional con foco en mecanismos de transparencia institucional es una tarea posible y probable con criterios SMART (específica, medible, alcanzable, realista y en tiempo justo).
Estamos a la espera del nuevo proceso y proyecto constitucional que va a ser abordado en los próximos meses en el contexto de los márgenes de la negociación política alcanzada, con espacios y canales suficientes de información, itinerario y organicidad institucional.
Las negociaciones políticas que derivaron en los acuerdos para abrir los procesos constituyentes, para redactar una nueva Constitución los años 2019 y 2022 fueron capaces de asumir, en parte, la crisis de legitimidad, principalmente sobre la base de las posiciones e intereses de los sectores incumbentes o del poder constituido, sin embargo, en ambos acuerdos, lo menos inteligente fue la concepción del mecanismo decisional para alcanzar la declaración de intenciones, es decir, obtener una nueva Constitución, ya que la opción Rechazo entierra el propósito del acuerdo y, por sobre todo, la necesidad de resolver la crisis de legitimidad constitucional.
Recordemos que el título del acuerdo del 2019 fue “Acuerdo Por la Paz Social y la Nueva Constitución” y que el “Acuerdo por Chile” del 2022 dice en su primer párrafo: “Las fuerzas políticas que suscriben el presente acuerdo lo hacen desde la convicción de que es indispensable habilitar un proceso constituyente y tener una nueva Constitución para Chile” ¿Nos entendemos?
Entonces ¿Es posible desde un esfuerzo de innovación colaborativa y diálogo estratégico modificar el punto III. sobre el plebiscito ratificatorio? Por supuesto que sí. Incluso, el título de este punto podría ser III. Plebiscito Constitucional. A este nuevo esfuerzo de nuestras élites políticas lo podríamos llamar “inteligencias colaborativas”. De esta forma, todas las personas convocadas a votar en el plebiscito de salida podremos tomar una decisión sólida sobre la base de tres proyectos constitucionales concretos surgidos en este breve espacio tiempo 2016-2023.
El que sea una decisión para elegir un de tres textos, no revive las dinámicas de los tres tercios políticos clásicos de nuestra historia electoral, porque puede haber gente de derecha, de centro o de izquierda que encuentre mayor certidumbre en uno de los 3 proyectos constitucionales, tampoco representa un dilema generacional encontrar solidez en cualquiera de los tres textos. Simplemente se trata de un plebiscito de salida que se adapta a una complejidad decisional, brindando certidumbre para el día siguiente del plebiscito, asegurando una nueva Constitución y una oportunidad estratégica para un nuevo comienzo con un nuevo pacto social.
En el marco de nuevas soluciones de diseño para dirimir la cuestión constitucional, ante la posibilidad de un cuasi empate entre las dos opciones más votadas podría darse un balotaje que, en el transcurso de dos meses, permita la adaptación y mejora de los textos que pasan a segunda vuelta por parte de aquellas fuerzas que apoyaron dichas opciones, abriendo la puerta -de ser necesario, oportuno y conveniente- a una fusión de textos, para lograr un mayor consenso y un mes de campaña, para que la ciudadanía aprecie el valor del esfuerzo, orientado a parir un nuevo texto constitucional, tan fuerte y flexible como un bambú.
Nuestra democracia del siglo XXI exige tres criterios y principios esenciales, esto es, contar con una nueva Constitución que sea flexible, sensible y sostenible. Flexible, porque se asume en lo procedimental que el proceso de implementación requiere de diversas negociaciones y acuerdos entre los poderes del Estado y la ciudadanía. Sensible, porque en ella caben todas las manifestaciones de nuestra plural existencia como país. Sostenible, porque el nuevo texto constitucional va a reestablecer la quebrantada legitimidad institucional de nuestra historia democrática, para abordar los ingentes desafíos que nos depara este siglo XXI.
