Opinión
En las últimas décadas hemos visto avances significativos a nivel global para superar la exclusión y el aislamiento de las personas con discapacidad. Tradicionalmente estos fenómenos están enraizados en prácticas sociales, jurídicas y legislativas que impiden a las personas con discapacidad ejercer su voluntad y tomar sus propias decisiones respecto de sus vidas. Estas situaciones están lejos de ser aisladas, pues las personas con discapacidad representan un número significativo de la población global -un 15% de acuerdo con las últimas estimaciones de la Organización Mundial de la Salud- y, en el caso de Chile, los datos de la recientemente publicada Encuesta Nacional de Discapacidad y Dependencia (ENDIDE 2022) reflejan que el 17,6% de la población adulta se encuentra en esta situación.
En este sentido, cabe destacar que el derecho a vivir una vida en igualdad de condiciones y ser incluidos en la comunidad se mantiene como uno de los principales desafíos al hablar de la inclusión de las personas con discapacidad, tal como lo establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por el Consejo General de las Naciones Unidas en 2008. Este instrumento propone un escenario donde todos los aspectos de las vidas de las personas con discapacidad suponen precondiciones que permiten la implementación integral del derecho a la vida independiente, incluyendo el derecho a la educación, al empleo, a la salud, a la participación política, a la cultura, el ocio, la recreación y el deporte y, sin lugar a duda, de la capacidad jurídica.
En otro aspecto relevante de la encuesta señala que hay mayores probabilidades de presentar una discapacidad en la medida que aumenta la edad. Por ejemplo, el porcentaje de personas con discapacidad pasa de 9,9% en el grupo de 18 a 29 años, para subir a 11,7% entre los 30 a 44 años, luego aumentar a 17,5% entre 45 a 59 y, finalmente a 32,6% en el grupo 60 años y más. Por eso es necesario acelerar los esfuerzos en políticas públicas para integrar a las personas con discapacidad, con el fin de promover el intercambio de experiencias a nivel internacional, para replicar los proyectos más destacables en este ámbito. Por ejemplo en América Latina existen diversas iniciativas que buscan impulsar el derecho a la vida independiente, como el Centro Down UC en Chile; el Instituto Jô Clemente, de Brasil, o el Centro Morpho en Costa Rica, entre otros.
En ese sentido, recientemente se celebró en Viena, uno de los eventos insignia sobre inclusión a nivel mundial: la IV Conferencia Zero Project para el mundo hispanoparlante y la décima a nivel global, donde se premiaron 71 iniciativas de 38 países, de las cuales 10 son iberoamericanas y tres representan a Chile: Servel, la Municipalidad de Cerro Navia y la Fundación Vida Independiente. Este reconocimiento nos posiciona a nivel país hacia un mayor rol en materia de inclusión, con el fin de incentivar la vida independiente, participación política y tecnologías de la información.
Por tanto, nuestro trabajo como organizaciones de la sociedad civil y países comprometidos con la plena inclusión, debe estar guiado por la necesidad de reconocer la autodeterminación de las personas con discapacidad y de hacer entrega de todos los apoyos necesarios para que decidan qué vidas quieren vivir y cómo vivirlas. Sólo de esta manera estaremos trabajando por eliminar las barreras que impiden garantizar la igualdad de condiciones para una vida independiente y autónoma.
