Opinión
El Congreso, en vez de perder tiempo y energía en discutir la regresiva política de los retiros, que en la práctica contribuirá a quemar los sueldos de los chilenos con la inflación y nos aleja de tener mejores pensiones, debiera enfocarse en discutir medidas que ayuden a aumentar la cobertura del empleo formal, especialmente entre los más vulnerables. Las medidas del Gobierno se han centrado en aumentar los beneficios de quienes tienen empleo formal, pero no en extender su cobertura: reducir la jornada laboral a 40 horas, aumentar el salario mínimo a $500 mil.
Lamentablemente, aunque de manera predecible, un nuevo retiro de los fondos de pensiones volvió al debate público. A través de datos de la Superintendencia de Pensiones, en Pivotes estimamos que este retiro permitiría entregar de forma líquida 19.442 millones de dólares a los bolsillos de los chilenos. ¿Qué son 19.442 millones de dólares? Imagina el presupuesto del Estado de este año. Imagina todos los recursos que tiene el Estado para financiar salud, educación, vivienda, pensiones, seguridad, etc. Un nuevo retiro entregaría un monto equivalente al 25% del presupuesto fiscal 2023. Algunos defensores de la política argumentan que inyectar esta cantidad de recursos no generará inflación. ¿Tiene sustento esta afirmación? Veamos.
La máxima autoridad en temas inflacionarios es nuestro querido Banco Central, y nos comparte la situación de la economía a través del Informe de Política Monetaria (IPoM). En el último IPoM describe que la brecha de actividad sigue positiva, es decir, la demanda por bienes y servicios está sobre nuestra plena capacidad de producción, por lo que esta alta demanda estaría ocasionando presiones inflacionarias. Dada esta situación, una política que entregue dinero disponible para el consumo equivalente a un cuarto del presupuesto fiscal sí tendrá efectos relevantes sobre los precios de nuestra economía.
En los últimos años los chilenos conocimos los efectos de la inflación: disminuye el poder adquisitivo de nuestros ingresos, es decir, con el mismo sueldo podemos adquirir menos bienes y servicios. Mientras un nuevo retiro agudizaría los daños provocados por la inflación, al separar a los chilenos según quintiles de ingresos estimamos que solo un 5% de los recursos de un nuevo retiro llegaría a los hogares del quintil más pobre (hogares del 20% de menores ingresos), mientras que un 43% llegaría a los hogares del quintil más rico (hogares del 20% de mayores ingresos), lo que da cuenta de lo profundamente regresiva que sería la política.
Estos datos de la distribución regresiva de un eventual retiro reflejan una realidad preocupante: a menor ingreso del hogar, menor es la cantidad de personas que acceden al empleo formal y que cotizan para su seguridad social (pensión, salud, seguro de cesantía). Según la Casen, solo un 12% de las personas en edad de trabajar del quintil más pobre tiene empleo formal, mientras que este porcentaje es un 50% para las personas del quintil de mayores ingresos. Y esto se pone peor: en los últimos 30 años, en todos los niveles de ingresos, los hogares han mejorado su acceso al mercado formal, excepto los hogares del 20% más vulnerable. Estos han mantenido una cobertura de formalidad sin cambios relevantes desde 1990.
El Congreso, en vez de perder tiempo y energía en discutir la regresiva política de los retiros, que en la práctica contribuirá a quemar los sueldos de los chilenos con la inflación y nos aleja de tener mejores pensiones, debiera enfocarse en discutir medidas que ayuden a aumentar la cobertura del empleo formal, especialmente entre los más vulnerables. Las medidas del Gobierno se han centrado en aumentar los beneficios de quienes tienen empleo formal, pero no en extender su cobertura: reducir la jornada laboral a 40 horas, aumentar el salario mínimo a $500 mil.
Estas medidas aumentan los costos laborales para los empleadores, lo que puede desincentivar la contratación de nuevos trabajadores formales. Esto lleva a preguntarnos: ¿qué políticas públicas podemos implementar para bajar los costos del empleo formal y extender su cobertura? Existe una extensa literatura que sostiene que jornadas laborales más flexibles aumentan la productividad del trabajo, además de facilitar la conciliación entre trabajo y familia, demandado especialmente por las mujeres. También reducir la indemnización por despido reduciría estos costos. Un dato: la indemnización en Chile corresponde a 10 meses del último salario, mientras el promedio de las OECD es de solo 3 meses. Más ideas son bienvenidas. Lo importante es que el debate público deje de desgastarse en medidas cortoplacistas y regresivas como los retiros, y se centre en la fuente de la seguridad social: más y mejores empleos formales.
